El 30 de julio el país no cayó al abismo, como se pronosticaba que sucedería si no se llegaba a un acuerdo de partes en el juicio que se tramita ante el juez Thomas Griesa. Pero esa fecha marcó un cambio táctico en la estrategia que viene desarrollando Argentina frente al ataque de los fondos buitre en los tribunales de Nueva York. Agotada la instancia de buscar una medida cautelar (stay) del magistrado, que suspendiera hasta fin de año la aplicación de la sentencia de pago, el gobierno nacional inició una acción en varios frentes a la vez, buscando revelar la ilegalidad e ilegitimidad de algunas decisiones en su contra. La denuncia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya contra el bloqueo impuesto por Griesa a los pagos de deuda, y el reclamo al Bank of New York Mellon para que habilite los mismos, apuntan a destrabar las transferencias de fondos a los tenedores de los bonos y a descalificar la orden del juez de impedirlas. Pero, además, Argentina promovió una investigación sobre maniobras con títulos y seguros de default, presuntamente realizadas por los mismos fondos buitre que litigan en el tribunal de Griesa, que revelaría que lo allí actuado hasta ese 30 de julio formó parte de una operación para obtener millonarios beneficios en el mercado de capitales mediante el uso de “información privilegiada”. Es decir, comprando seguros de riesgo por un evento que los propios fondos, en asociación con el juez Griesa, iban a provocar: la declaración de default de títulos de deuda argentina.

Los detalles de la denuncia, algunos elementos que corroboran la sospecha sobre sus autores y hasta antecedentes de maniobras anteriores de los mismos actores forman parte de la denuncia argentina y de una investigación que la Comisión Nacional de Valores local realizó antes de elevar la presentación ante su par de Nueva York, la Securities and Exchange Comission (SEC), que deberá ahora responder sobre el asunto. El rol de Elliott Management, el grupo financiero que lidera Paul Singer, y de su subsidiaria NML Capital, el fondo buitre que litiga contra Argentina, comienza a salir de las sombras con algunos elementos aportados por la entidad que encabeza en Argentina Alejandro Vanoli, y a los cuales tuvo acceso Página/12.

La CNV ya había advertido, en el marco de las tareas rutinarias de contralor que ejerce sobre las operaciones del mercado de capitales, “alteraciones bruscas de precios y volúmenes en la negociación de los bonos de la deuda, que posiblemente estuvieran relacionados con el litigio que mantiene la República Argentina en los tribunales de Nueva York”. En la causa son demandantes NML Capital, Aurelius Capital Master, ACP Master, Aurelius Opportunities Fund II, Blue Angel Capital I, y Olifant Fund”.

Un informe de circulación restringida, elaborado por las autoridades de la CNV, explica que “los motivos para comenzar la investigación se vieron reforzados por la existencia de noticias que aludieron a posibles negociaciones irregulares respecto de los bonos públicos emitidos por la República Argentina, y respecto de los Credit Default Swaps o Swaps de Incumplimiento Crediticio (CDS) vinculados con la deuda soberana”.

Diversos elementos fueron componiendo el cuadro en el que se fundó la denuncia por maniobras sospechosas en el mercado contra Elliott Management Corp, la firma de la que NML Capital es subsidiaria:

- Es miembro en carácter de “voting non-dealer” en el Comité de Determinación de Créditos Derivados de ISDA, comité encargado de calificar si un país se encuentra en default, para la aplicación del derecho de cobro de los seguros;

- su estrategia judicial contra la República Argentina, en el marco de la causa que tramita en el Juzgado del Distrito Sur de la ciudad de Nueva York, apuntó directamente a afectar la cadena de pagos de los bonos emitidos en los canjes de 2005 y 2010;

- sería, además, titular de CDS aplicables a los bonos de Argentina emitidos en dichos canjes.

El mismo informe sostiene que “la sentencia obtenida en los tribunales de Nueva York en relación con los bonos de Argentina en su poder –que entraron en default en 2001– y la posible tenencia de CDS sobre los bonos de la deuda reestructurada los ubicaría en una posición extremadamente inusual y contraria a las prácticas de mercado, dándoles la posibilidad de actuar fraudulentamente a fin de provocar un evento que el Comité de Determinación de Derivados sobre Créditos del ISDA, del que forman parte, pudiera catalogar como default con el objeto exclusivo y excluyente de habilitar el cobro de los seguros”.

Este tipo de conducta por parte de Elliott tiene, además, un precedente cercano, según las notas que recoge la denuncia que formuló el gobierno nacional, estudió la CNV y elevó pidiendo abrir una investigación en la SEC de Nueva York. Dicho precedente fue reportado por la Autoridad de Mercados Financieros de Francia, AMF, en enero de 2013, “relativo a la posible comisión del delito de uso de información privilegiada en relación con una operación bursátil, que le habría permitido a Elliott subir artificialmente la cotización del papel de Autopistas París-Rhin-Rhone, antes de revender sus acciones. Esta operación fue realizada a fines de junio de 2010 y le habría reportado un beneficio de 2,75 millones de euros”.

Los fundamentos del informe que la CNV elevará a la SEC de Nueva York también darán cuenta de que las presuntas operaciones irregulares de Elliott “encuadrarían en la legislación penal argentina (artículos 307, 309 y 313 del Código Penal), agravándose aún más la sanción penal cuando las consecuencias que derivan de la utilización de información privilegiada causaren un grave perjuicio en el mercado de valores”.

La República Argentina firmó, el pasado 12 de junio, el Acuerdo Multilateral de Entendimiento sobre Consulta, Cooperación e Intercambio de Información de la Organización Internacional de Comisiones de Valores, Iosco, a través del titular de la CNV, Alejandro Vanoli. Este instrumento es el que habilita a que Argentina solicite ahora la información sobre los movimientos efectuados por Elliott Management en Wall Street y otros mercados sobre títulos de la deuda argentina reestructurada y sobre seguros de default contra los mismos. Se solicitó que la información requerida fuera remitida en el término de diez días hábiles. No por una cuestión de urgencia, sino porque se trata de un paso más de una estudiada estrategia para defender el interés nacional. Argentina se defiende de un ataque que podría tener consecuencias devastadoras, frente a un enemigo temible. La batalla que libra no admite descuidos.