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Tres preguntas con sus respectivas respuestas auxilian para el ingreso a un debate que ha estado contaminado por confusiones y declaraciones alarmistas sobre el porvenir de la iniciativa privada.

1 ¿La economía argentina tiene un elevado nivel de concentración?

Existe consenso mayoritario acerca de esa característica de la estructura productiva.

2 ¿Los consumidores padecen abusos en las condiciones y calidad del servicio de grandes empresas, como la telefonía celular, Internet, televisión por cable, venta de electrodomésticos, bancos o prepagas?

Pocos se animan a negar esa situación.

3 ¿Las pequeñas y medianas empresas están sometidas a las reglas que fijan los grupos con posición dominante en sectores claves, como la metalúrgica, petroquímica, química y construcción?

La respuesta es afirmativa, pero los casos son poco difundidos porque las pymes tienen miedo del castigo del comprador monopólico de sus productos que las tiene cautivas.

En cada una de esas circunstancias, cuando irrumpe algún incidente en la prestación de un servicio, o en el maltrato de una empresa grande o cuando firmas líderes aumentan en forma desproporcionada los precios, el reclamo público es por mayores controles del Estado para evitar esas injusticias. Para poder intervenir en esos casos, como demanda el discurso indignado que circula por la mayoría de los medios, el Estado debe tener herramientas legales efectivas para proteger a los eslabones débiles de la cadena productiva y de consumo. Cuando aparecen iniciativas políticas en ese sentido, el pedido de limitar a grupos concentrados empieza a debilitarse con analistas y economistas que recorren grandes medios alertando sobre la discrecionalidad estatal. Lobbistas y rentistas con credencial de industriales inician una campaña en contra del Estado acogida con muy buena predisposición por los mismos que integran el grupo de comunicadores indignados por todo. El discurso deja de ser el del enojo por los abusos para mudar a repetir cualquiera de los disparates de los dirigentes de las cámaras empresarias.

Para disminuir las asimetrías de poder que existen en las relaciones de producción y consumo se requiere de un Estado activo con capacidad de intervención. El Estado debe controlar que no se produzcan inequidades excesivas en el ámbito de la producción, distribución y comercialización de bienes y servicios. Como se sabe, el mercado entendido como un espacio de libre juego de la oferta y la demanda con débil regulación estatal favorece los atropellos de grupos concentrados hacia consumidores y pymes. El argumento preferido de las cámaras empresarias es que para impulsar el desarrollo, el empleo y la producción se necesita un Estado mínimo, desregulador y flexibilizador de las relaciones laborales. Pese a la prédica de los promotores de la ignorancia, ese Estado no se retira del mercado sino que naturaliza las reglas de juego de los más fuertes. La defensa de la “iniciativa privada”, como reiteran las entidades que reúnen a las grandes empresas en cada uno de sus comunicados, es a costa de los intereses de consumidores y pymes. Detrás de los conceptos “libertad de mercado” y “reglas claras” se encuentran ocultos privilegios de grupos concentrados.

La economía argentina está fuertemente concentrada en monopolios u oligopolios en rubros claves, tanto de productores de insumos difundidos como de bienes de consumo masivo. Lector del diario y empresario metalúrgico, Roberto Cristá proporcionó información directa sobre cómo funciona su sector. En el mail se pregunta ¿cuánta competencia hay en el mercado metalúrgico? y ¿cómo se comportan los precios? Cuestiona la idea de la mano invisible del mercado porque es un modelo que “no guarda relación alguna con la sociedad industrial moderna; y hoy en la mayoría de las ramas de la producción, la actividad productora fundamental es ejercida por un reducido número de firmas. La competencia se ha reducido mucho o ha desaparecido, especialmente en nuestro país”. Respecto a su actividad, explica que el mercado de metales de Londres podría considerarse “de competencia” porque reúne varias de las características de la economía clásica (transparencia, homogeneidad, cierto número de oferentes y demandantes) pero, obviamente, no cumple con el requisito de “libre entrada”. “La empresa Metalúrgica Pedrito SRL no puede ir a Londres a comprar diez toneladas”, comenta irónico. En consecuencia indica que los precios de Londres son bastante representativos para mostrar los abusos que ejercen las empresas con posición dominante en el sector. Detalla que el único oferente de chapa nueva en Argentina (Ternium Siderar, del Grupo Techint) la vende a más del doble que en Londres, en cambio, el oligopsonio (sólo dos compradores: Techint y Acindar) de la chatarra de chapa la paga a la mitad que en Londres. Para exponer el resultado en un rubro donde no existe un monopolio indica que los precios del cobre en Argentina, con cierta cantidad de oferentes y demandantes, tanto en nuevo como en chatarra, tienen poca diferencia con los de Londres (28 y 6 por ciento, respectivamente). En cambio, el único oferente de aluminio (Aluar) lo vende a casi un 50 por ciento más caro que en Londres, y del mismo modo que en la chapa, el precio de la chatarra de aluminio en el país es prácticamente la mitad del de Londres.

El último informe del Centro de Investigación y Gestión de la Economía Solidaria, que cada mes hace un imprescindible relevamiento de precios de la industria de insumos difundidos (siderurgia, aluminio y cemento), se ocupó especialmente de la dinámica del complejo siderúrgico en 2013. Las ventas totales de ese sector crecieron 32 por ciento mientras que los precios de bienes seleccionados del rubro lo hicieron en 35,7 por ciento. El reporte señala que si se considera que esa variación de precios era representativa del conjunto de los productos vendidos por el complejo siderúrgico, estaría indicando que los volúmenes de ventas se redujeron el año pasado. Ello significaría que, o bien la caída en las ventas fue debido a los fuertes incrementos de los precios, o que ante la caída de las ventas, la compañía formadora de precios produjo un significativo aumento de los mismos para mantener sus beneficios, contradiciendo así los conceptos básicos de la economía que afirman que a menor demanda los precios bajan. “Evidentemente, en este rubro, en la Argentina, los mercados de competencia perfecta no existen por eso no funcionan las reglas teóricas, siendo éstas reemplazadas por prácticas que podrían orillar los abusos de posición dominante ante el alto grado de concentración que tiene la producción en estos sectores”, se afirma en el documento del Ciges. Menciona que podría argumentarse que las variaciones de precios de los bienes del complejo siderúrgico se debieron a incrementos en sus costos. Pero ni las materias primas básicas ni el costo energético subieron en 2013, ya que los minerales redujeron sus precios en el mercado internacional y la energía no mostró aumentos de esa magnitud. El efecto devaluación se produjo recién en enero de 2014 y los salarios tienen una incidencia en el costo total del 17 por ciento aproximadamente, calculan los investigadores del Ciges.

Las grandes empresas del sector siderúrgico, como también las del cemento, petroquímica, aluminio, imponen precios y condiciones a sus clientes y proveedores, por ejemplo al determinar la venta al contado y la compra a plazos, o estableciendo unilateralmente plazos de entrega y exigencias de calidad. Como estos insumos son indispensables y muy difíciles de reemplazar por otros, la escasa o nula competencia permite a estas empresas formar y fijar precios. De ese modo los precios que pagan las pymes como las condiciones definidas por el proveedor dominante se traducen en una disminución de los ingresos de las primeras a favor de esas grandes empresas, acotando de ese modo sus posibilidades de crecimiento. En ese eslabón del circuito productivo, las pymes padecen el abuso de firmas con posición dominante en el mercado. Luego, las pymes transfieren al consumidor final los efectos de esa cadena de valor de la industria concentrada. Por ese motivo, el paquete de leyes aprobado en el Congreso (regulación de las relaciones de producción y consumo, observatorio de precios y fuero judicial de defensa al consumidor) debe ser analizado de manera conjunta porque busca la protección integral uniendo el destino de pymes y consumidores para protegerlos de grupos concentrados.

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