Desde Paraná

La historia de la causa que concentra la mayor cantidad de denuncias por delitos de lesa humanidad en Entre Ríos parece haber entrado, ahora sí, en el camino hacia una sentencia largamente esperada. Víctimas y familiares debieron esperar treinta años, soportar la impunidad, ver morir a varios victimarios y aguantar las chicanas que dilataron excesivamente el proceso en la última década. En la causa se investigan secuestros y torturas en centros clandestinos de detención contra 52 víctimas, cinco de las cuales permanecen desaparecidas: Claudio Fink, Victorio Erbetta, Carlos Fernández, Juan Alberto Osuna y Pedro Sobko. Por estos hechos hay ocho represores sentados en el banquillo de los acusados: los ex militares José Anselmo Appelhans, Jorge Humberto Appiani, Oscar Ramón Obaid y Alberto Rivas, el ex policía federal Cosme Ignacio Marino Demonte, la ex carcelera Rosa Susana Bidinost, el ex policía entrerriano Carlos Horacio Zapata y el médico Hugo Mario Moyano.

El 24 de marzo de 1976, disidentes políticos fueron privados de su libertad sin orden de detención y alojados en condiciones infrahumanas en los centros clandestinos de detención, “sin camas ni abrigos, con alimentación deficiente, sin serles permitido higienizarse ni concurrir al baño más que una vez al día”. También fueron trasladados “para los interrogatorios y aplicación de tormentos a lugares que se encontraban en el mismo escuadrón”, comisarías, la unidad penal o inmuebles precarios abandonados en cercanías de la Base Aérea, entre otros sitios. En algunos casos, los terminaban asesinando y se hacían simulacros de fuga y de enfrentamientos con las Fuerzas Armadas y de seguridad. Otra particularidad era el sometimiento de las víctimas a parodias de juicios militares sin ningún tipo de garantías ni defensa efectiva y donde se valían de declaraciones autoincriminatorias obtenidas bajo amenazas, vejaciones y tormentos. Todo eso comenzará a ventilarse en el juicio escrito que se tramita en el Juzgado Federal de Paraná.

Las actuaciones respetan el antiguo Código de Procedimientos en Materia Penal, de 1888, vigente al momento en que ocurrieron los hechos, un sistema al que las víctimas califican como “oscurantista” y “arcaico”.

A partir de los primeros días de octubre comenzarán a declarar los 42 testigos que el juez federal Leandro Ríos admitió para la etapa de plenario, es decir, el juicio propiamente dicho. La particularidad de la resolución del magistrado es que rechazó por cuestiones formales a los testigos propuestos por las partes acusadoras –querellantes y fiscales– y solo admitió a algunos de los que pidió el represor Jorge Humberto Appiani, en ejercicio de su autodefensa. “La medida probatoria procede a petición de las partes que hubieren observado las declaraciones o exámenes periciales en los escritos de acusación o defensa o de oficio, en caso de estimarse útil para la investigación”, expuso el juez. Para Ríos, “observar”, técnicamente, significa “dirigir críticas a la declaración testifical” sea porque se consideren “sospechosas”, “confusas” o “incompletas” y, según su criterio, fue Appiani el único que hizo esa reserva en su descargo defensista.

Más allá de esto, que supone un revés para los acusadores, el juez admitió todos los testigos que habían solicitado los fiscales y las distintas querellas que representan a las víctimas en esta causa. “La resolución del juez demuestra un estricto apego a la letra del código, y eso no se critica porque da legitimidad al proceso, pero esperemos que ese excesivo formalismo no conspire con el derecho de defensa y tampoco con el derecho de las víctimas a la reparación por la vía de la Justicia”, explicó Lucía Tejera, abogada de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación abocada a esta causa, en diálogo con Página/12.

Si bien la resolución no lo aclara, desde el Juzgado Federal de Paraná confirmaron que las audiencias serán orales y públicas, tal como solicitaron los fiscales y querellantes en una audiencia preliminar celebrada hace unos días, y como lo habían reclamado los organismos de derechos humanos a través de una carta con más de quinientas firmas que le dirigieron al juez Ríos. En la sala, el único que formulará preguntas será el juez. Los acusadores le habían pedido que no permita al represor Appiani interrogar en forma directa a los testigos, algunos de los cuales fueron sus víctimas en el centro clandestino que funcionó en el Batallón de Comunicaciones del Ejército, a fin de evitar su revictimización. “Hay que recordar que Appiani sometía a los detenidos a interrogatorios bajo tortura y les hacía firmar declaraciones que luego eran utilizadas en los consejos de guerra”, apuntó el querellante Marcelo Boeykens.

Appiani es amigo personal y socio en un estudio jurídico del prófugo Jorge Antonio Olivera. En la causa Area Paraná fue promotor de una infinidad de argucias procesales para dilatar el proceso, llegando a recusar a nueve magistrados, en la mayoría de los casos con argumentos ridículos, y hasta promovió cargos ante el Consejo de la Magistratura, que fueron desestimados. Esto fue calificado por los fiscales como una “fiesta de recusaciones” y el propio juez le advirtió que su conducta demuestra “el ánimo obstructivo para el andamiaje del normal curso del proceso” y que si no cesaba en su actitud le revocaría el ejercicio de su autodefensa.