La visita a la Argentina en agosto pasado del ex secretario de Comercio de la administración Bush (h) Carlos Gutiérrez, en gestión encomendada por el fondo de inversión NML Capital, fue admitida por la consultora ASG que lo envió, luego de que la presidenta de la Nación denunciara el hecho como parte de un plan de los fondos buitre contra la Argentina para desestabilizar la economía y generar un clima desfavorable y de desprestigio del Gobierno. Bastó que Cristina Kirchner pusiera “en cuadro” la gestión del ex funcionario estadounidense de origen cubano, revelando su verdadera intención, para que la consultora que encabeza la ex secretaria de Estado (canciller) Madeleine Albright diera a conocer su versión edulcorada de aquella misión. A través de su vocero, Ben Chang, ASG (Albright Stonebridge Group) informó que la firma había sido contratada por el grupo financiero que encabeza Paul Singer “en procura de una vía de diálogo para alcanzar una solución satisfactoria” a la demanda planteada en Nueva York, y que el objetivo del viaje de Gutiérrez había consistido en “una gestión para buscar un acuerdo con funcionarios del gobierno argentino”. Una forma diferente de explicar lo que la mandataria argentina describió, con más elocuencia, como la advertencia que trajo el enviado de los fondos buitre si Argentina no se allanaba a aceptar las condiciones de pago resueltas por Thomas Griesa: un plan de ataque de cinco puntos, de los cuales los dos primeros estaban apuntados a “esmerilar y desgastar la figura de la Presidenta, y generar inestabilidad económica”.

Madeleine Albright tuvo, indudablemente, un paso “destacado” por el gobierno de Bill Clinton, aunque no siempre en el mejor de los sentidos. Fue la primera mujer en ocupar ese cargo en Estados Unidos, lo cual es bueno. Ese mismo lugar fue luego ocupado por Condoleeza Rice (bajo el gobierno de Bush) y Hillary Clinton (en el primer mandato de Obama). Con esta última conserva una estrecha amistad, al igual que con su marido, el ex presidente Bill Clinton. Pero también es recordada por su paso previo como embajadora de Estados Unidos ante la ONU. En ese cargo, hizo declaraciones a la televisión estadounidense, en el programa periodístico Sixty Minutes, en las que consultada por la muerte de más de 500 mil niños en Irak, como consecuencia de la invasión, bombardeo y genocidio provocado por el gobierno de Estados Unidos en ese país, respondió “fue un precio que valió la pena pagar”. Esos dichos son del 12 de mayo de 1996, y dieron pie a que, más tarde, se instituyera en Irak el 12 de mayo como Día en Memoria del Genocidio.

Nacida en Praga (ex Checoslovaquia) en 1937 como Marie Jana Korbelová, sus “buenos” oficios a favor de un gobierno demócrata en Estados Unidos no la privaron de buscar, para su actividad privada, a los que considerara más útiles colaboradores provenientes de las filas republicanas. En la página de Internet de la consultora ASG que encabeza, se destaca que sus directores “han cumplido funciones en distintos sectores de la administración pública norteamericana: Casa Blanca, Departamento de Estado, Tesoro, Banco Mundial y embajadas”. De esa selección surgieron varios ex funcionarios de la administración Bush (h). Entre ellos, el ex secretario de Seguridad Samuel Berger y el ex secretario de Comercio Carlos Gutiérrez.

Este último también ejerció en la actividad privada el rol de director ejecutivo (CEO) de la megacorporación de la alimentación Kellogg’s Company. Un ejemplo muy claro de lo que el investigador español Juan Hernández Vigueras, autor de Los lobbies financieros, tentáculos del poder, describe como “la puerta giratoria”, en relación a la ductilidad de los directivos empresarios para pasar a ejercer funciones públicas ligadas a la actividad económica, y luego volver a la actividad privada como “lobbistas” de los mismos intereses ante quienes ocupen en ese momento la función pública. En marzo del año pasado, además, Gutiérrez fue nombrado director del lobby anticastrista US Cuba Democracy PAC, uno de los más activos y conocidos de Miami.

Es curiosa la forma en que fue presentada la noticia de la visita de Gutiérrez a la Argentina en agosto, a partir de que fuera revelada por el diario New York Post, unos diez días después de producida. El diario Clarín, reproduciendo la información original, señaló el 26 de agosto que “la consultora (ASG) envió a Gutiérrez (a Buenos Aires) con el objetivo de organizar a los que se enfrentan al Gobierno”. En cambio, La Nación, ayer al hacer pública la “aclaración” de la consultora, subraya que “no hubo contactos con sectores políticos de la oposición” por parte de Gutiérrez, quien sigue expresando su confianza en alcanzar “una solución satisfactoria” con el gobierno argentino.

Curioso pero no extraño, ya que el lobby financiero es una actividad regulada en Estados Unidos, legal y reconocida. El tráfico de influencias ante jueces, parlamentarios, medios de comunicación y funcionarios del gobierno es realizado por “profesionales” contratados por los poderes económicos que buscan obtener algún resultado, logrando que “se haga” algo que los beneficie o “se bloquee” lo que no les conviene. Cuando el interés de estos mismos sectores está en juego en Argentina, no debería extrañar que se sigan las mismas prácticas en materia de tráfico de influencias, aunque aquí no se declaren e intenten ocultarse.

Otro de los puntos que Cristina enunció esta semana como parte del plan de los fondos buitre para atacar al país, transmitido por Carlos Gutiérrez en su visita de agosto, refería: “contratar periodistas, medios de comunicación en Argentina y otros países para atacar al Gobierno y financiar, directa o indirectamente, a políticos y sindicalistas de la oposición para provocar acciones de desgaste permanente”. Y es que en esta batalla por lograr el mejor resultado económico de la disputa, los fondos buitre brindan especial atención al peso que tiene el control de la información y las expectativas que se pueden generar en torno de cada tema según como se informe.

En particular, en la actual pelea, el gobierno argentino eligió el camino de resistir (a las imposiciones del poder financiero internacional) y denunciar (prácticas e intereses que se mueven a la par y detrás de los fondos demandantes). La exposición del plan de cinco puntos de los fondos buitre por parte de la Presidenta deja ver, justamente, las dos caras de esa pelea: la estrategia del miedo que buscan imponer los fondos especulativos y el lobby a favor de los buitres por un lado, y la resistencia a través de la denuncia que hace el Gobierno de prácticas muy enquistadas en el sistema financiero internacional, a las que los dos principales partidos políticos de Estados Unidos no son ajenos.