Desde Washington

“El litigio en curso contra la Argentina podría tener implicaciones generalizadas para futuras reestructuraciones de deuda soberana.” Las advertencias sobre las consecuencias del accionar del sistema judicial estadounidense en favor de los fondos buitre fueron reproducidas por las autoridades del Fondo Monetario Internacional. El organismo había mantenido hasta ahora una postura errática y distante en el tema, mientras el país acumula un creciente respaldo a escala global. El demorado, aséptico y tímido distanciamiento de los buitres no fue motivado por un interés genuino del FMI. Como brazo financiero del G-20, la reunión anual del FMI que tendrá lugar esta semana en Washington fue seleccionada por ese foro de países para discutir la propuesta para limitar el accionar buitre realizada por la Asociación Internacional de Mercado de Capitales (ICMA, por sus siglas en inglés). La entidad que nuclea a grandes holdings bancarios y financieros presentó una serie de mecanismos para reforzar las cláusulas contractuales de los bonos de deuda soberana y así reducir la posibilidad de que un reducido grupo de especuladores frustre por la vía judicial procesos exitosos de reestructuración de deuda como el argentino.

“Existe una creciente aberración por las implicancias globales del fallo y las órdenes del juez Griesa. Hay diferentes visiones sobre cómo abordarlo. Es muy relevante que la comunidad internacional, los grandes bancos y el FMI se involucren activamente”, remarcó a Página/12 con diplomacia un miembro del equipo económico que participará de las reuniones del Fondo en la capital estadounidense. Por su parte, la Cancillería emitió un comunicado donde celebra que el Fondo “haya dado un paso adelante”, como “ya lo han decidido los 124 países que votaron en la Asamblea General de las Naciones Unidas y establecer un marco legal regulatorio multilateral para los procesos de reestructuración de deuda soberana”.

Aunque valoran que el organismo multilateral finalmente defina una posición pública favorable al reclamo argentino, en el Palacio de Hacienda recuerdan la ausencia de apoyo durante el proceso de reestructuración de la deuda y el sistemático desprecio por la orientación de la política económica argentina. Ninguno de los mecanismos que están siendo discutidos ofrece una salida para la insólita situación en la que se encuentra la deuda externa argentina, pero fortalecen la posición del país ante la comunidad internacional.

El año pasado, el FMI anunció que presentaría un amicus curiae ante la Corte Suprema de Estados Unidos respaldando al país, pero el documento nunca salió del cuartel del organismo. El poder de veto del gobierno norteamericano obligó al Fondo a dar marcha atrás. Con el caso en una instancia insólita, con un amplio consenso sobre las consecuencias de la situación –hasta la ex dama de hierro del FMI, Anne Krueger, presentó escritos en contra del reclamo buitre y la interpretación de Griesa– y a pedido del G-20, el organismo multilateral oficiará como escenario para el debate de las reglas propuestas por ICMA.

El documento del FMI

“Los directores reconocieron que los acontecimientos recientes, incluido el litigio de la Argentina ante los tribunales de Estados Unidos, subrayan la importancia de reforzar aún más el marco contractual vigente”, informó ayer Sean Hagan, jefe del Departamento de Asuntos Legales del FMI, al referirse a una discusión interna que mantuvo su órgano de gobierno el miércoles pasado. La propuesta de ICMA tiene dos pilares: redefinir la cláusula pari passu para evitar forzadas interpretaciones como la realizada por Griesa y fortalecer las cláusulas de acción colectiva –que establecen el piso de adhesión a una oferta que obliga a la totalidad a aceptarla– de los nuevos bonos soberanos que se emitan. Si se impone la interpretación del sistema judicial estadounidense, un extenso grupo de países perderá la posibilidad de declarar un default, una decisión soberana que puede adoptar cada Estado, ya que los bonos con cláusulas pari passu se convertirían en “acorazados”. “Hay fallas sistémicas y decisiones judiciales de imposible cumplimiento que permiten a pequeños grupos de financistas impedir que los Estados determinen libremente la resolución de su deuda soberana”, remarcó la Cancillería.

En la misma línea, el FMI expresó: “Se propone modificar la cláusula pari passu en los bonos soberanos internacionales para dejar en claro que la misma no exige que el emisor pague a los acreedores en forma equivalente o proporcional”. Es un cuestionamiento directo a la interpretación que hizo Griesa de esa cláusula para emitir su fallo, por el cual se obliga al país a pagarle 1330 millones de dólares en efectivo a los buitres. “El tiempo que todavía falta para que venzan los bonos en circulación representa un riesgo para la reestructuración ordenada de la deuda, aunque la magnitud no puede ser prevista con certeza”, reconoció el propio Fondo, en referencia a los títulos emitidos por distintos países con la cláusula pari passu.

El documento del FMI es otro golpe a Griesa y a los fondos buitre, mientras que el gobierno argentino lo puede computar como un nuevo respaldo internacional a su postura.