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La producción agropecuaria es estratégica porque garantiza la provisión de alimentos para la población. Por ese motivo es de interés general la disponibilidad y acceso de esos bienes. El carácter esencial de esa actividad explica que ante fenómenos climáticos adversos (sequías o inundaciones) se declare la emergencia agropecuaria. Ante una situación de daño al campo dedicado al agro o ganadería, una ley nacional dispone que los gobiernos de las provincias afectadas deben primero declarar la emergencia o desastre para luego disponerlo el Poder Ejecutivo, que está facultado a ordenar una serie de medidas impositivas, fiscales y financieras para proteger y resarcir al productor. Ninguna otra actividad económica posee ese marco de cobertura estatal y lo tiene por la condición de ser clave para la economía y la sustentabilidad social entregada por la soberanía alimentaria. Si la producción agropecuaria es de interés general cuando enfrenta una coyuntura de emergencia, también lo debería ser cuando registra momentos de bonanzas o se verifican políticas de retención de cosecha afectando la disponibilidad de divisas perturbando la estabilidad financiera y social.

En países como la Argentina donde las exportaciones de materias primas tienen un peso considerable en su estructura del comercio exterior y cuyos precios son muy sensibles al ciclo económico mundial, las divisas son un activo escaso y estratégico. Si, además, es una economía con necesidades de dólares para pagar deuda externa y tiene una fuerte presencia de capitales extranjeros, lo que implica una creciente remisión de utilidades de multinacionales a sus casas matrices, el control de las operaciones con divisas es fundamental para que la política económica no quede subordinada a los dueños de los dólares.

La retención de la cosecha de soja en silobolsas, equivalente a divisas no liquidadas en el mercado único de cambio administrado por el Banco Central, es una cuestión de interés general que, del mismo modo que ante una emergencia agropecuaria, requiere de la intervención del Estado para garantizar la estabilidad social. Es de interés general porque la historia económica argentina revela que cuando irrumpe la escasez de divisas el desenlace es una devaluación brusca, que implica un fuerte ajuste debido a que con precios de los alimentos más caros, y sin medidas compensatorias, disminuye el salario real y el nivel de empleo. La consecuencia es un escenario recesivo con caída del consumo interno (bajan las importaciones) lo que mejora transitoriamente la balanza comercial y la consiguiente disponibilidad de divisas. De ese modo el ciclo vuelve a empezar (esto se conoce como el modelo stop and go) ratificando de ese modo la concepción de autoflagelación que sentencia que la economía argentina está destinada a crisis recurrentes. Esto exige iniciativas públicas diferentes a las tradicionales para eludir ese desenlace.

Acopio

Un reciente informe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz estima que, de acuerdo a datos oficiales en base a los embarques, procesamiento de la industria y habilitación de registros de exportación (ROE), todavía restaría por comercializar entre 42 y 52 por ciento de la cosecha de soja 2013/14. Calcula que el acopio de la producción por parte de los productores representa entre 7000 y 11 mil millones de dólares. El documento evalúa que “en un contexto de baja en los precios internacionales del cultivo, este comportamiento especulativo de retener la cosecha sólo podría explicarse como parte de una estrategia que busca contraer la oferta de dólares, presionar el mercado de cambios y generar un salto devaluatorio tal que les permita obtener una renta extraordinaria que compense el deterioro de los ingresos debido a la caída de precios”.

Los autores de la investigación, los economistas Nicolás Hernán Zeolla y Ernesto Mattos, plantean la necesidad de la intervención del Estado para beneficiar a pequeños productores que no tienen espalda financiera para acopiar, y a la vez para ordenar el frente cambiario. “La respuesta podría venir del lado de la política pública pensando la posibilidad de implementar nuevos mecanismos estatales (o recrear algunos existentes) de intervención directa en el comercio exterior de granos, como tienen casi todos los países del mundo”, señalan.

Un dato poco difundido u ocultado es que la Argentina es el único de los siete principales exportadores de cereales (los otros son Estados Unidos, Unión Europea, Australia, Canadá, Rusia, Ucrania) que no posee mecanismos integrales de regulación de la comercialización de materias primas. En esos otros mercados líderes existen formas indirectas o directas de intervención que van desde transacciones realizadas por el sector privado con significativos subsidios hasta la determinación oficial de precios, incluyendo reglas de fijación de precios con el objetivo de corregir desvíos del mercado. Cada una de esas acciones ubican al Estado como un actor relevante en una actividad estratégica.

Regulación

El Centro de Estudios de la Corriente Agraria Nacional y Popular (Canpo) elaboró el documento “Aportes y desafíos: hacia una Agencia Nacional de Comercialización” abordando los rasgos fundamentales de la estructura del comercio exterior argentino. Para evitar confusiones, indican que una propuesta de esas características remite a pensar en instituciones pertenecientes al pasado, alejadas de la realidad actual, como la junta reguladora de granos y la de carnes creadas por los gobiernos conservadores de la década del treinta del siglo pasado, o durante el primer peronismo con el Instituto de Promoción del Intercambio (IAPI). La crisis internacional del ‘30 del siglo pasado impulsó a los conservadores a crear esas juntas, que el gobierno de Carlos Menem disolvió en 1991. Esa medida abrió de par en par el ingreso de las multinacionales en el mercado de granos restando protagonismo al Estado en el mercado, lo que otorgó a las cerealeras una amplia libertad para disponer de los recursos derivados de su actividad.

El informe aclara que las caracterizaciones de los actores del sector no son las del pasado lo que exige incorporar necesariamente los profundos cambios que desde mediados de la década del ‘70 y con mayor fuerza a partir de los años ‘90 se fueron generando a partir de la incorporación de nuevos esquemas de organización y comercialización de la producción, además del mayor grado de sofisticación financiera y fiscal de los principales actores del mercado de exportación. Menciona que debe precisarse los actores en los sectores de la producción, del trabajo, del comercio, del transporte y del sistema financiero que se requieren para promover una “Agencia Nacional de Comercialización” de capitales mixtos, destacando que debe ser “el Estado el ente que regule (ese mercado) si se quiere garantizar el interés general”.

Interés general

La propuesta del Canpo es conformar una mesa de trabajo entre diferentes actores del sector para establecer un orden de prioridades, definir el formato y la conformación de la Agencia Nacional de Comercialización (qué aportaría cada uno de agentes privados y el Estado), y establecer la cantidad y calidad de los recursos humanos necesarios. La agencia operaría de la siguiente manera:

- Mediante una operación clásica de compra a través de acopios o en forma directa en el mercado disponible y en el mercado futuro.

- Comprando y pagando el grano en el momento de la entrega de la mercadería como normalmente opera cualquier otra empresa.

- La forma deberá ser novedosa para distinguirla del resto de las empresas.

Existen modelos exitosos a replicar, como los implementados en Canadá o Australia, cuyo mecanismo de funcionamiento serían:

1 El productor deberá decidir previamente si elige el sistema de comercialización estatal-privado (de capitales mixtos), y en caso afirmativo, deberá definir las toneladas aproximadas. Esto se realizaría a través de los acopios cooperativos o privados.

2 Al momento de la entrega del producto, la agencia pagará el 60 o 70 por ciento del valor total. Con todo el producto se hará un pool de granos que luego se venderá según las prioridades al mercado interno (para la molienda o entregado a “fasón” a las plantas de empresas nacionales para luego obtener aceite y subproductos) y el saldo será exportado.

3 A partir de las ventas que se vayan realizando durante el año se irá construyendo un precio promedio de todas las ventas. Este precio se publicará a diario en Internet para que cada productor pueda ver todas las operaciones de compraventa que realiza el pool de granos que integra.

4 Así podrá conocer con transparencia el precio final del producto que entregó y que se liquidará en su totalidad al momento de finalizar las ventas.

5 Si el precio de venta final es inferior al monto entregado al inicio (60 o 70 por ciento), la agencia o el Estado se harán cargo de esa diferencia que lo recuperará en años siguientes. La agencia garantiza de esa manera una estabilidad de precio tanto a lo largo del año como a través de los años.

6 Quien ingrese al sistema tendrá la posibilidad de que se le financien todos los insumos necesarios para la producción de su cultivo. Esto se hará mediante la red de acopios.

7 Establecerá un acuerdo estratégico con la Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos (Ciafa) y la Cámara Argentina de Semilleros y Multiplicadores (Casem) para asegurar la distribución de esos productos. Ambas cámaras asumirán el compromiso de garantizar calidad y la cantidad necesaria de esos insumos para los productores.

La propuesta de Canpo incluye el modo de financiamiento del sistema de compra de productos o entrega de insumos para la producción.

- La fuente de financiamiento de la agencia estará en manos de los grandes bancos públicos y de bancos provinciales, cooperativos y privados nacionales que serán integrantes de la mesa directiva.

- La agencia recibirá una comisión por el comercio de los granos. Las comisiones tanto de la agencia como de los acopios se definirán previamente a fin de elaborar un sistema transparente al que tendrán acceso todas las partes involucradas. Definirá también el sistema de información desde el que se tendrá acceso a los datos de manera simple y al momento que se requiera.

La concepción básica de esta propuesta de Agencia de Comercialización de Granos, que no desplazará sino que convivirá con las multinacionales exportadoras, es articular una política pública de interés general que intervenga en una actividad muy sensible con el objetivo de beneficiar a pequeños y medianos productores, al tiempo de diminuir el grado de desestabilización cambiaria por la histórica escasez de divisas o el coyuntural acopio de soja en silobolsas.

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