La AFIP realizó ayer 20 allanamientos en domicilios de la ciudad de Buenos Aires pertenecientes a empresas de taxis que habrían provocado un perjuicio de 18 millones de pesos al fisco durante tres años. El organismo recaudador informó que esas sociedades son sospechadas de contar con más de 450 choferes en condiciones laborales irregulares, sin aportes ni contribuciones previsionales.

La autoridad fiscal informó ayer que la maniobra de evasión se desarrolló a través de una asociación ilícita integrada por “cinco grandes grupos de personas” que utilizaron 355 sociedades con los mismos socios y el mismo domicilio para contratar conductores pero sin registrarlos, ya que se los designaba como socios en las mismas empresas. De esa forma, los propietarios de las licencias —los empleadores— quedaban eximidos de realizar los aportes y contribuciones correspondientes así como de brindarles la cobertura de salud. La denuncia, radicada en el juzgado a cargo de Javier López Biscayart, dio lugar a los allanamientos donde se comprobaron las condiciones irregulares que padecían los trabajadores.

Por su parte, el titular de AFIP, Ricardo Echegaray, reiteró ayer que “la presidenta Cristina Fernández no es socia de Lázaro Báez”. El organismo difundió el lunes un listado de 1200 empresas, entre las cuales figuran varias de las más grandes del país, que enfrentan causas penales por presentación de facturas falsas en operaciones en donde se habrían evadido 1200 millones de pesos. Entre ellas hay cuatro empresas ligadas a Lázaro Báez, mencionadas en notas periodísticas por supuesto fraude.