“Muchas veces se ataca a la política económica diciendo que el gasto público es inflacionario, porque es inequitativo y arbitrario. Pero todo lo contrario. Este proyecto entiende que el gasto público tiene un rol fundamental en materia de inclusión social.” El viceministro de Economía, Emmanuel Agis, defendió el rol del Estado en el proceso de distribución de la riqueza, al inicio del debate parlamentario en el Senado del proyecto de Presupuesto 2015, que ya cuenta con la sanción de la Cámara baja. La iniciativa prevé para el próximo año un crecimiento del PBI de 2,8 por ciento, mientras que este año sería de tan solo 0,5 por ciento.

En cuanto a la distribución de los recursos, los servicios sociales representan el 58,7 por ciento del Presupuesto, con una suba del 25,0 por ciento en la comparación interanual. Si se analiza el proyecto desde una perspectiva transversal, las partidas que se destinarán a “mejorar el ingreso de la población” a través de los distintos programas de los ministerios ascenderán a 275.601 millones de pesos, una suba del 48 por ciento en comparación con 2014.

“No se prevé ningún ajuste, porque el ajuste que muchos reclaman debería trasladarse a la población, algo que este gobierno rechaza. Continuaremos con las tendencias y políticas económicas que nos han permitido crecer con inclusión social durante más de una década, y también sentar las bases para la recuperación definitiva del autoabastecimiento energético”, agregó Agis, quien aclaró que dentro del Presupuesto “no existe ningún pago oculto para los fondos buitre”. La semana que viene continuará el debate en comisión.

La lectura transversal del Presupuesto permite entender cuál es la relevancia de, por ejemplo, los subsidios a la energía para mejorar los ingresos de la población. A partir de la formulación y ejecución de políticas de energía eléctrica, el Estado transfiere a la población 71.920 millones de pesos. Este dato aparece invisibilizado cuando se analizan las transferencias hacia el sector eléctrico.

Algo similar ocurre con la formulación y ejecución de políticas de transporte automotor, que representará el próximo año una transferencia de 19.358 millones de pesos para mejorar los ingresos de la población y otros 950 millones para el alcanzar a quienes tienen por medio de transporte cotidiano los ferrocarriles.

“¿¡Cuándo se van a hacer cargo de la realidad!?”, enfatizó la radical Laura Montero, quien con tono elevado mencionó de manera insistente las palabras inflación y descalabro económico. “Hablando de errores del pasado, ustedes también deberían hacerse cargo de la bomba que nos dejaron en 2001”, retrucó Agis, provocando algunos gritos de los radicales.

Por su parte, el secretario de Financiamiento, Pablo López, precisó que el Gobierno podrá enfrentar holgadamente los vencimientos del próximo año. “Incluyendo el vencimiento del Boden 15, que es un vencimiento fuerte, la necesidad de financiamiento estará por debajo del uno por ciento del PBI”, indicó el funcionario. En lo que va del año, ya se pagaron el 80 por ciento de las obligaciones financieras del año, lo que equivale a un 2 por ciento del PBI, según reconoció López.

Las políticas comprendidas en el concepto de Educación y Formación recibirán un incremento de 45 por ciento frente al crédito vigente para 2014. En total serán 83.158 millones de pesos. En relación a la “innovación y desarrollo de la formación tecnológica” serán destinados 2605 millones de pesos. En infraestructura y equipamiento serán invertidos 1385 millones de pesos, con una previsión de 173.500 metros cuadrados a construir. Las políticas agrupadas bajo este concepto son financiadas por Educación, Trabajo, Seguridad (formación y capacitación de Gendarmería), Defensa y el Tesoro Nacional.

El plan Progresar aportará para mejorar el nivel de ingresos de la población 4175 millones de pesos. Este programa también está comprendido en el conjunto de políticas para la Juventud y Educación y Formación.