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La Organización Internacional del Trabajo identificó a nivel mundial que los jóvenes enfrentan problemas estructurales en sus posibilidades de inserción en el mercado laboral. Precisó que poseen menores oportunidades de empleo que los adultos (tienen el triple de probabilidades de estar desempleados) y de acceder a uno formal. Sus trayectorias laborales suelen combinar desempleo, inactividad, empleo precario y autoempleo, en condiciones menos favorables que las de los adultos. Otras investigaciones sobre este tema indican que el empleo precario da cuenta de un cambio trascendente que ha tenido lugar en el modo de inserción de los jóvenes al mundo laboral, puesto que el tradicional pasaje de la escuela al trabajo ha perdido fuerza. En ese contexto, los jóvenes alternan períodos de desocupación, empleos precarios, pasantías, becas. Muchos jóvenes enfrentan entonces condiciones de precariedad en sus primeras experiencias laborales, siendo esta situación de carácter temporal para aquellos con mayores niveles de calificación formal y relativamente permanente para quienes presentan bajas credenciales educativas quedando así ligados a la inestabilidad, bajos ingresos, falta de empleo. Como se sabe, no todos los jóvenes disponen de los mismos activos (diploma, contactos, sostén familiar) para enfrentar el desafío de insertarse en el mercado de trabajo, y el nivel educativo de los jóvenes condiciona sus posibilidades de acceso al mercado de trabajo: mayores niveles de educación implican una mayor probabilidad de obtener empleo. El nivel de instrucción mínima exigida en el mercado es de secundario completo, que margina a aquellos que no alcancen ese nivel.

Países de la región han implementado medidas destinadas a mejorar la situación social, educacional y laboral de los jóvenes. Entre los que se destacan México con el Programa Jóvenes con Oportunidades; Brasil con el Programa Nacional de Inclusión de Jóvenes Pro Joven; y Costa Rica con el Programa Avancemos. En marzo de 2014 el gobierno de CFK lanzó un plan para dar respuesta al estado de vulnerabilidad de ese sector social. Pese a que el grupo de jóvenes de 18 a 24 años registró una reducción de la tasa de desocupación del 32 al 19 por ciento de 2003 a 2013, ese porcentaje sigue siendo muy elevado, con el agregado de que su dinámica reciente muestra estancamiento. Esa misma tendencia se verifica en la tasa de asalariados no registrados que descendió de 73,1 a 51,4 por ciento en esos diez años. El Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos (Progresar) es una respuesta a esa fragilidad y es un eslabón más del nuevo paradigma de seguridad social diseñado por el kirchnerismo, extendiendo la cobertura a jóvenes adultos que deseen finalizar sus estudios. La reciente investigación El impacto distributivo del “PROG.R.ES.AR” en Argentina. Una primera aproximación en base a microsimulaciones, de Ana Paula Di Giovambattista, Pablo Gallo, Demian Panigo, señala el triple objetivo del plan:

1. apoyar financieramente a uno de los subconjuntos poblacionales más vulnerables de la sociedad, dando un nuevo paso hacia la equidad distributiva;

2. promover un nuevo mecanismo de incentivos para la generación de nuevas capacidades en los jóvenes (con la reinserción y permanencia en el sistema educativo formal o profesional), y así garantizar una menor brecha de clases en materia de igualdad de oportunidades; y

3. impulsar la demanda agregada, con la inyección de hasta 10.600 millones de pesos anuales.

El programa garantiza el reconocimiento e instauración de un derecho social para los jóvenes: recibir apoyo por parte del Estado para su reinserción y/o continuidad en el sistema educativo.

A partir de la base de microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec, correspondiente al segundo trimestre del 2013, se ha identificado a 1,55 millón de jóvenes que cumplen con los requerimientos definidos en la legislación para acceder a ese derecho. Desde su lanzamiento ya se ha inscripto más de un millón de jóvenes (casi el 60 por ciento mujeres), y en octubre 510 mil jóvenes presentaron sus certificados de estudios al día y ya están cobrando el Progresar. El primer pago de la prestación se realizó en marzo de 2014. Para poder cobrar, el joven debe entregar certificados de que está estudiando en un establecimiento educativo público. El 80 por ciento del dinero (480 pesos) se entrega todos los meses, y el 20 por ciento restante (120 pesos), tres veces al año (marzo, julio y noviembre) con la presentación del formulario de alumno regular y materias aprobadas. Además debe acreditar una vez al año (hasta el 30 de noviembre) el formulario de Control de Salud completado por su centro de salud habitual. El cobro de la prestación se realiza mediante tarjetas de débito. El dinero es depositado mensualmente en cuentas gratuitas a los titulares. El financiamiento del programa es con fondos del Tesoro Nacional, asignados anualmente a través de la Ley de Presupuesto.

El estudio de Di Giovambattista, Gallo y Panigo, difundido en la publicación trimestral del CEIL-Conicet N° 17, es el primero en simular cuál podría ser el impacto del programa en materia distributiva. Los autores aclaran que esas simulaciones brindan una evaluación estática sobre la desigualdad y, por lo tanto, “las variaciones de precios e ingresos ocurridas desde entonces generan la necesidad de considerar los resultados expuestos como preliminares”. Utilizando datos de la EPH del Indec para el segundo trimestre de 2013 (última onda disponible en el momento de comenzar la investigación) se obtienen como principales resultados que el Progresar:

- reducirá la desigualdad en un rango potencial de hasta un mínimo de 2,18 y un máximo de 14,30 por ciento para el conjunto de la población (total país), dependiendo del indicador, los parámetros de la desigualdad y el efectivo nivel de adhesión de los jóvenes;

- disminuirá la inequidad distributiva entre los jóvenes (total país) hasta un 32,08 por ciento; y

- afectará mucho más intensamente la distribución del ingreso en las regiones más pobres del país, con reducción de la desigualdad entre los jóvenes del NEA y del NOA que podría ubicarse hasta el 37,7 y el 37 por ciento, respectivamente.

Los autores destacan que “se evidencia una reducción de las inequidades en torno de un rango potencial de hasta un mínimo de 15 y un máximo de 28 por ciento. La incidencia más notable tiene lugar en el Noreste del país”. También precisan que la caída en el nivel nacional de la desigualdad del ingreso que tiene lugar en el segmento de población joven resultaría, en promedio, hasta 2,3 veces más intensa (7,6 por ciento) que la reducción que genera la implementación del programa para la sociedad en forma agregada, poniendo de relieve su elevado grado de focalización. “Como consecuencia, la desigualdad se reducirá sensiblemente, tanto para la población en su conjunto como en el grupo poblacional de jóvenes de entre 18 y 24 años, cualquiera sea el indicador utilizado para su medición y la definición de ingresos seleccionada”, mencionan Di Giovambattista, Gallo y Panigo.

El Progresar amplía el sistema de protección social al extender hasta el rango etario de 18 a 24 años el alcance de los derechos adquiridos con la Asignación por Embarazo y la Asignación Universal por Hijo. La integración del Progresar con esos otros derechos sociales implica que la cobertura social por parte del Estado a grupos poblacionales de elevada vulnerabilidad tiene el siguiente recorrido: se inicia en la niñez, continúa en la juventud y abarca también el primer período de adultez.

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