Los senadores Ruperto Godoy y Pablo González, impulsores de la iniciativa que ya cuenta con ocho firmas.

El kirchnerismo presentó en el Senado un proyecto para crear una comisión bicameral que investigue las “maniobras de desestabilización” realizadas por grandes actores económicos. La propuesta la había solicitado el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, cuando hace 20 días asistió a dar su informe en la Cámara alta, luego de la denuncia pública que hiciera la presidenta Cristina Fernández por cadena nacional. El núcleo duro del oficialismo recogió el guante y tomó la iniciativa, y redactó un texto que lleva la firma de ocho legisladores. Se trata de la primera acción política de los “reclutas” de CFK, el grupo de dirigentes que mantiene su lealtad a la Casa Rosada, en medio de los reacomodamientos electorales en el Congreso de cara a 2015. “Estas maniobras especulativas que llevan a cabo ciertos sectores del poder económico, en complicidad con algunos medios hegemónicos, no hacen más que perjudicar el funcionamiento de la economía y la gobernabilidad del sistema democrático en la República Argentina”, aseguró el senador sanjuanino Ruperto Godoy, uno de los impulsores de la medida junto al santacruceño Pablo González.

El germen del proyecto presentado ayer es la denuncia pública que hizo la Presidenta el último día de septiembre. Allí apuntó contra un grupo de bancos y sociedades de Bolsa que, a través de operaciones bursátiles como el famoso “contado con liqui”, realizaban maniobras especulativas para impactar en el tipo de cambio. Días después, al exponer ante los senadores, Capitanich pidió a los legisladores que investiguen lo que denominó “acciones que implican terrorismo económico”.

En aproximadamente una semana, los senadores kirchneristas redactaron y consensuaron el proyecto presentado ayer, que cuenta con el aval de la Casa Rosada y que buscará su sanción antes del fin del período de sesiones ordinarias. Además de Godoy y González, el proyecto lleva la firma de Sigrid Kunath (Entre Ríos), María Higonet (La Pampa), María Labado (Chubut), Teresita Luna (La Rioja), Liliana Fellner (Jujuy) y Juan Irrazábal (Misiones). Todos pertenecen al bloque del Frente para la Victoria que comanda Miguel Pichetto, aunque responden directamente al gobierno nacional. Página/12 había adelantado la conformación de este conjunto de senadores y senadoras que vienen articulando un trabajo político común hacia el interior de la bancada de 31 senadores.

Según el texto del proyecto, la comisión bicameral estará compuesta por catorce miembros, siete senadores y siete diputados, respetando la representación política de cada cámara. Entre sus objetivos, están “el análisis, la investigación y la evaluación de aquellas maniobras económicas que generan desestabilización de la economía alterando su normal funcionamiento y debilitando la gobernabilidad democrática”. También apuntará a denunciar penalmente a los agentes económicos que “dada su capacidad de incidencia sobre los mercados son los principales promotores de dicha desestabilización”. Entre sus facultades podrán solicitar informes y documentación sobre hechos que sean objeto de la investigación, así como requerir y recibir declaraciones testimoniales.

Si bien la investigación penal es atribución exclusiva de la Justicia, la comisión tendrá también un rol político al monitorear la actividad de los agentes económicos en un contexto complejo. En el kirchnerismo advierten que podría servir de manera preventiva de cara a un año convulsionado como 2015, con un escenario electoral incierto. Por ese motivo prevén acelerar su tratamiento para lograr su sanción este año y que la bicameral ya esté funcionando el año próximo.

En los fundamentos de la iniciativa se recuerdan maniobras que sufrió el gobierno de Raúl Alfonsín y el de Cristina Fernández, al culminar su primer mandato. Se mencionan las investigaciones recientes que llevan adelante la Comisión Nacional de Valores y la Procelac, en las que se analizan bancos como Citibank, HSBC, BBVA Francés, JP Morgan Chase Bank, y la petrolera Shell, entre otros actores sospechados de especular en el mercado de cambios. “Dichas maniobras no perjudican a un solo partido político o a un gobierno en particular, sino que se trata de una metodología de condicionamiento y disciplinamiento que determinados poderes fácticos llevan a cabo para minar la capacidad de acción que posee el Estado y, más específicamente, los gobiernos elegidos democráticamente por la sociedad argentina”, advierte el proyecto.