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La novedad en América latina no son los movimientos populares y progresistas, sino que sus gobiernos han podido ser confirmados varias veces en elecciones democráticas como las recientes en Bolivia, Brasil y Uruguay. Durante muchos años se pensó que era imposible lograr cambios en democracia porque los militares aparecían como una barrera infranqueable. Los gobiernos que los impulsaron cayeron por golpes militares, judiciales, de mercado o invasiones. Ante ese muro insalvable fue creciendo la idea de que los cambios no podrían lograrse en democracia ni de manera pacífica. La consagración de ese conflicto fue la proliferación de las dictaduras y de la lucha armada en los años ’60 y ’70. Hubo un pensamiento supuestamente democrático –que en realidad era conservador– que sostuvo a las dictaduras desde la sociedad civil. Este pensamiento estructuró las instituciones, desde la Justicia hasta la Iglesia, los medios de comunicación y los partidos políticos. El retorno a la democracia no implicó la transformación automática de este pensamiento autoritario ni de las estructuras que generó. Se trata de un desarrollo permanente, lleno de idas y vueltas. La designación en Argentina de Eugenio Zaffaroni en la Corte fue una expresión emblemática de los cambios progresivos que se fueron produciendo en la sociedad y, sobre todo, de los que debían producirse en la Justicia. La sostenida ratificación electoral de los movimientos populares latinoamericanos conformó también un hecho nuevo en la región. No hubo otro proceso similar en la historia con esta continuidad. Es un fenómeno que confirma la viabilidad de los cambios en democracia y en forma pacífica. Pero esta buena noticia produce una reacción igual de fuerte en sentido contrario, como se pudo escuchar en algunos discursos que se pronunciaron en el coloquio de IDEA en Mar del Plata. El mismo autoritarismo que acunó dictaduras regresó para acusar de “autoritarios” a los que ganan elecciones democráticas.

Los triunfos de Evo Morales –sobre todo en el departamento de Santa Cruz, que era la cabeza de la reacción conservadora–, de Dilma Rousseff –en un Brasil que ya daban por recuperado– y de Tabaré Vázquez –que prácticamente ganó en primera vuelta– fueron decepcionantes para las oposiciones conservadoras a derecha e izquierda.

Para estos grupos reaccionarios, la decisión de esas mayorías solamente puede ser considerada respetable cuando coincide con ellos. Estas oposiciones son cortadas por la misma tijera de los grandes medios de la región. Así funciona la única “república” posible para este pensamiento que se considera el único que no es autoritario. Por sí solo, sin más consideraciones, cualquier grupo o persona o corriente política que asuma esa “propiedad exclusiva” de la república y la democracia resulta autoritaria y muy violenta hacia los que piensan diferente. El sectarismo de algunos grupos de la izquierda es una derivación de este pensamiento elitista de las clases dominantes, una expresión de esa instancia de supremacía clasista.

La esencia del golpismo no estaba en los discursos cuadrados de los generales sino en las palabras de sus socios civiles. Los golpes se dieron siempre para defender una democracia supuestamente amenazada por gobiernos populistas o comunistas “estatistas” o “intervencionistas”. Así fue el del ’30 contra Yrigoyen y el del ’55 contra Perón, y los que le sucedieron. La reacción conservadora, que ha sido inspiradora de estos golpes, ve una amenaza contra la democracia en los gobiernos de mayorías populares.

Mientras en Brasil y Uruguay ganaban los candidatos populares, en el coloquio de los empresarios de Idea, en Mar del Plata, algunos de los discursos fueron muy ilustrativos de la reacción conservadora que brota de las oposiciones. El más violento fue el abogado Daniel Sabsay. “Me han dicho si no tenía miedo de que me maten”, declaró el hombre después, como si hubiera tenido el valor de hacerlo durante la dictadura. Seguramente no tenía miedo porque en once años de gobierno kirchnerista no se mató, ni se encarceló ni se persiguió a nadie por un discurso. Simplemente es uno más de la lista que ha insultado a la Presidenta, a la que también acusó de no ser abogada, lo cual es un recurso mediocre. Sabsay describió a este gobierno como una dictadura, afirmó que el voto de las mayorías es un factor secundario y después atacó al canciller Héctor Timerman por ser “mal judío”.

El abogado había sido presentado hasta ahora por la UCR como un personaje moderado, con un discurso crítico pero no agresivo y más argumentado que violento. El discurso en Mar del Plata rompió esa apariencia de sobriedad académica y mostró un personaje mediocre con pocos recursos argumentales. Sabsay se autodefine como constitucionalista, pero no tiene ninguna tesis de posgrado en esa especialidad y su relación con los derechos humanos es sólo desde el derecho ambiental, porque en la Argentina no se le conoce ningún aporte en el campo específico de los derechos humanos. Se trata de un abogado ambientalista y su discurso fue expresión de un estado de ánimo en los sectores más reaccionarios de la Justicia.

La renuncia de Zaffaroni a la Corte era esperada porque a principios de enero cumplirá 75 años, la edad límite para los magistrados. Zaffaroni tiene ocho doctorados y es doctor honoris causa en más de veinte universidades de distintos países. Por lejos, es el penalista argentino con más prestigio internacional. Hizo toda la carrera judicial y ha sido muy activo en las agrupaciones corporativas de la Justicia, donde siempre fue muy resistido por sus posiciones de avanzada, las que, en contrapartida, eran muy respetadas en el ámbito académico. Su designación en la Corte, propuesta por Néstor Kirchner, fue un acto de herejía para la Justicia tradicional. Zaffaroni fue afiliado a la UCRI en los años ’60, y en los ’90 fue constituyente por el Frente Grande. Cuando Kirchner forzó la renovación de la Corte desprestigiada que había heredado del menemismo y la Alianza, no conformó un tribunal kirchnerista. Si no pudo o no quiso, es una discusión secundaria. Lo real es que no surgió una Corte kirchnerista y fue la primera en la historia con dos mujeres y con un penalista que no procedían del riñón conservador de la corporación ni de los grandes estudios vinculados con las principales empresas. El enfoque de Zaffaroni ha jerarquizado las temáticas de derechos humanos, sociales, económicos y de género en una Corte en la que representó, no al kirchnerismo, sino al impulso de cambio progresivo que estaba en el seno de la sociedad y que Néstor Kirchner supo interpretar.

En el ámbito judicial y del derecho se han producido cambios, hay un debate abierto y tensiones para modernizarse y acompañar las transformaciones en el resto de la sociedad, aunque prevalece la mirada conservadora tradicional que se resiste a esa dinámica a veces con un discurso violento y chabacano como el de Sabsay. La salida de Zaffaroni de la Corte es simultánea con las coyunturas de revalidación electoral que se están produciendo en la región y que se verificarán en Argentina el año próximo. El debate por su reemplazo pondrá en evidencia el mismo dilema que se plantea en esos procesos electorales entre las tendencias que pujan por cambios progresivos y las propuestas conservadoras que buscan retornar al endeudamiento y el neoliberalismo. No es una imagen forzada, la vieja Corte menemista era coherente con esas políticas.

Para mantener el mismo juego de equilibrios internos, la Corte debería incorporar a un magistrado con características parecidas al saliente. Pero si el reemplazo es de signo contrario, se habrá empezado a transitar el camino de regreso a las viejas Cortes tradicionales y conservadoras, en consonancia con las propuestas políticas opositoras. Según el mecanismo vigente, el candidato es presentado por la Presidenta y debe contar con el respaldo de los dos tercios de los senadores presentes.

La advertencia del radicalismo de que no hay condiciones para renovar la Corte y que no acompañará ninguna candidatura no cayó bien en el ámbito judicial. Apareció como un intento burdo de controlar esa designación con un resultado electoral favorable y como un intento antidemocrático para recortar atribuciones de una Presidenta que tiene más del 40 por ciento de imagen positiva y que encabeza un gobierno legal, legítimo y representativo. Por su parte, los magistrados aclararon que no existe ningún obstáculo para que se haga esa renovación. La alternativa es que la Corte funcione durante un año con sólo cuatro jueces, uno de ellos de 96 años, a pesar de los cuales se niega a jubilarse, lo que demuestra que debería hacerlo.