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El próximo viernes vence la prórroga para las ejecuciones hipotecarias y el Gobierno trabaja para resolver la situación de los cerca de 15 mil deudores inscriptos en el registro de morosos. Según versiones surgidas del Ministerio de Economía, se crearía un fondo fiduciario administrado por el Banco Nación, que refinanciaría los vencimientos tratando cada caso en particular. En principio, sólo serían refinanciadas las deudas de las propiedades de menor valor.
Aunque el proyecto que el Congreso debería aprobar perentoriamente antes del viernes próximo aún no está definido en su totalidad, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, adelantó que el Gobierno trabaja contra reloj en una solución. Lo hizo al comprometerse ante una mujer que realizaba una huelga de hambre en Plaza de Mayo en representación de mujeres damnificadas por la amenaza de remate de sus viviendas.
Las sucesivas prórrogas a las ejecuciones hipotecarias dispuestas por el Congreso finalizaron el pasado 2 de septiembre. Luego, los bancos acordaron una prórroga voluntaria por un mes más. En caso de que el Gobierno no disponga algún tipo de rescate, a partir del lunes podría comenzar una ola de desalojos y remates.
El mecanismo en el cual trabaja el secretario de coordinación técnica del Ministerio de Economía, Leonardo Madcur, consiste en la aplicación de parte de los 400 millones de pesos del Fondo Fiduciario para la Reconstrucción de Empresas para adquirir las deudas a los acreedores privados. Con esta cartera se constituiría un nuevo fondo que sería administrado por el Banco Nación, que refinanciaría las deudas a los acreedores hipotecarios analizando cada caso. De esta manera se resolvería el problema para las dos partes afectadas, acreedores y deudores.
Del salvataje estatal sólo podrían beneficiarse los inscriptos en el Registro de Deudores Morosos que cerró el 9 de septiembre pasado, el que suma saldos en mora por cerca de 150 millones de pesos. No obstante, el Estado no compraría el total de esta cartera, con hipotecas que benefician tanto a bancos como acreedores por fuera del sistema financiero, sino sólo los casos de deudas por viviendas familiares únicas con un valor tope. Este valor aún no fue definido, pero podría estar en torno de los 100 mil dólares en la deuda original. Se presume que en el caso de deudas de mayor valor, los afectados por la crisis contarían con otras posibilidades de ajuste que no necesitaría del auxilio estatal.
Al margen de este tope, la premisa será, antes que establecer un criterio general, analizar caso por caso a fin de garantizar que los beneficios del mecanismo sólo lleguen a quienes realmente lo necesiten y que, además, hayan demostrado voluntad de pago en el período anterior a la crisis, que según los funcionarios gubernamentales habría comenzado tres años atrás. Adicionalmente, podrían quedar excluidos quienes tengan un “historial de morosidad”. Por supuesto, será requisito la existencia de una sentencia judicial firme.
De acuerdo con trascendidos del Ministerio de Economía, el proyecto podría ingresar hoy mismo al Congreso, donde las fuentes consultadas reconocían ayer no tener novedades y algunos dudaban incluso de la existencia del proyecto. Sin embargo, el jefe de Gabinete dijo a la presidenta de la Agrupación Madres por la Vivienda, Rosa Morales, de quien logró que levante la huelga de hambre iniciada el fin de semana, que el Gobierno trabajaba en la solución del problema.
Antes de ingresar a la reunión con Fernández, Morales reclamó expresamente una ley para solucionar el problema de todos los deudores hipotecarios y dijo estar recibiendo “llamados desesperados” de varias zonas del país de personas con riesgo de que su casa sea rematada.