El secretario de Comercio, Augusto Costa, reveló ayer que el Gobierno multó a ocho terminales automotrices por un total de 1060,2 millones de pesos por cartelizar sus precios en Tierra del Fuego. La sanción surge a partir de una investigación de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) en la que se demostró que las firmas cobraban en la isla los mismos precios que en el resto del país, pese a que los autos tendrían que salir más baratos por estar exceptuados del pago de impuestos nacionales. “Hubo prácticas anticompetitivas por parte de ocho terminales que lo único que hicieron fue generarles un perjuicio a los consumidores”, aseguró el funcionario.

Volkswagen, General Motors, Renault, Ford, FIAT y Peugeot-Citroën fueron multadas con 150 millones de pesos cada una, mientras que a Toyota se le aplicó una sanción de 104,2 millones de pesos y a Honda de 56 millones. No obstante, como la investigación se inició antes de la sanción de la nueva Ley de Defensa del Consumidor, las firmas no tendrán la obligación de pagar la multa y apelar después. “Todavía rige el principio anterior, que era que ante una interposición de un recurso ante la Justicia el pago de la multa tiene un carácter suspensivo. Lo que sí van a tener que hacer las empresas, si recurren a la Justicia, es dejar garantías en caso de que la Justicia considere que la multa corresponde, pero no tienen que hacer el pago en ese momento”, remarcó Costa.

La investigación se inició en 2008 a partir de una denuncia de consumidores residentes en Ushuaia, quienes adujeron que desde la salida de la Convertibilidad las terminales fijaron el precio de sus autos en valores similares y hasta superiores al resto del país, a pesar de la desgravación impositiva vigente en Tierra del Fuego gracias a la Ley de Promoción Industrial 19.640.

En febrero de 2008 la CNDC corrió traslado de la denuncia a las firmas imputadas. Ante lo informado por las terminales, se requirió información y pericias relativas al funcionamiento del mercado en Tierra del Fuego a diversas terminales y concesionarias. Entonces se descartó la responsabilidad de las concesionarias y se llegó a la conclusión de que las terminales habrían celebrado un acuerdo colusivo desde el 2002, con el objetivo de mantener los precios de los vehículos en Tierra del Fuego a niveles similares a los vigentes en el resto del país.

En junio de 2014 la CNDC concluyó la instrucción e imputó formalmente a las terminales la realización de conductas anticompetitivas, conforme la Ley de Defensa de la Competencia Nº 25.156, para mantener un nivel artificialmente alto de precios mediante un conjunto de prácticas concertadas, cuyo lapso de análisis fue del 2002 al 2010 inclusive. La CNDC también mandó a investigar la posible comisión de la infracción durante el período 2011 a 2014.

“¿Cómo puede ser, y esto es algo bien técnico, que si tenemos menos costos impositivos los precios no bajen? La única forma en un marco de una economía de mercado es que haya algún tipo de acuerdo o práctica que distorsiona la competencia por parte de los actores del sector y eso fue lo que determinó el dictamen de la comisión, que efectivamente hay una conducta anticompetitiva, una colusión, un acuerdo de precios, y como secretario de Comercio que soy emití la resolución el viernes pasado, donde se notifican las multas”, afirmó Costa en declaraciones radiales.