El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, afirmó ayer que el fallo de la Organización Mundial de Comercio (OMC) no implica ningún cambio inmediato para la política de administración del comercio argentino. El organismo internacional cuestionó la aplicación de las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importaciones (DJAI), uno de los instrumentos que utiliza el Gobierno para promocionar la sustitución de importaciones y defender la producción y el empleo a nivel local. “Es imprescindible un análisis exhaustivo y minucioso de los términos del fallo de la OMC. Es posible que se establezcan criterios de negociación bilateral con los países denunciantes (Estados Unidos, Japón y la Unión Europea), pero no sin antes hacer un análisis de contexto, dada la crisis financiera internacional que aún afecta a la economía del mundo”, agregó el funcionario. Empresarios de la pequeña y mediana industria, nucleados en Cgera, expresaron ayer el “apoyo incondicional” a las medidas de regulación comercial del sector público, puesto que defienden los intereses nacionales. A su vez, el presidente de la Cámara de Importadores, Diego Pérez Santisteban, consideró que la posición de la OMC “no es una buena noticia”, aunque aseguró que existe la posibilidad de revertir la sentencia del organismo regulador del comercio.

El jefe de Gabinete defendió el criterio de regulación de importaciones que se aplica en la Argentina. “El país está entre los diez primeros del mundo que más aumentaron sus importaciones en los últimos once años”, precisó. Agregó que “las naciones denunciantes en la OMC son también los principales denunciados y con mayor cantidad de fallos adversos en el organismo por sus prácticas en materia comercial”. Luego de la crisis internacional, Estados Unidos y la Zona Euro incrementaron sus medidas de administración de las importaciones para proteger a sus industrias internas frente a los precios de remate del mundo por la caída de la demanda global.

Frente al nuevo fallo de la Organización Mundial de Comercio en el litigio con Estados Unidos, Japón y la Unión Europea, el presidente de Cgera, Marcelo Fernández, destacó que los controles del Estado respecto de las importaciones son centrales para defender la producción interna. “Al margen de las negociaciones que ahora se abren y de los cambios que deberán o no implementarse en el sistema (de DJAI), es sumamente importante respaldar con fuerza la intervención del Estado en el comercio exterior mediante su administración, ya que noticias como estas son aprovechadas por quienes detentan intereses particulares que van en contra del desarrollo del país. Nunca faltan quienes aprovechan estas circunstancias para volver a una Argentina de libre mercado que le da la espalda a los puestos de trabajo, la equidad, la distribución de la riqueza y la justicia social”, aseguró.

El titular de la Cámara de Importadores, en tanto, consideró que la sentencia no tiene un impacto para el país en el corto plazo. “La situación no es de inminencia porque Argentina tiene la posibilidad, y creo que la va a ejercer, de solicitar un último recurso de reconsideración”, mencionó. Agregó que “el Gobierno, de todos modos, va a tener que dar una respuesta”. Para el referente de las empresas importadoras, el país tiene la posibilidad de recuperar posiciones en el litigio. “Si se respondiera al fallo adverso de una manera que brinde alguna garantía o compensaciones que los países entiendan razonables, la situación todavía se puede revertir”, aseguró Santisteban.

Por su parte, Capitanich explicó algunas de las ventajas del sistema de DJAI. “El sistema implica análisis previos de las importaciones, en función de planes y proyecciones de las empresas para garantizar previsibilidad. También es una herramienta que permite regular el normal abastecimiento de los bienes en el interior del país y un instrumento de la gestión de riesgo aduanero. Incluso, el anticipo de información (como ocurre en el uso de las DJAI) es considerado por la Organización Mundial de Aduanas para asegurar y facilitar el comercio mundial.”