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Es un año electoral, y la cuestión está presente en casi todas las discusiones y decisiones de carácter económico. Sin embargo, se observa un gran vacío en cuanto al tratamiento y propuestas de ítems fundamentales para delinear el futuro económico del país. Un ejemplo notable del fenómeno se dio esta semana, a propósito de un tímido intento del gobierno bonaerense de anticipar el calendario de pagos del Impuesto Inmobiliario rural (la primera cuota en un mes, pasándola de marzo a febrero), que desató la inmediata reacción y rechazo de parte de la dirigencia agropecuaria, con argumentos tan destemplados como faltos de justificación. Al menos, cuando estos planteos dicen hacerse para el conjunto del sector agropecuario, y desde los dirigentes más representativos del sector terrateniente dueño del capital más concentrado: la Mesa de Enlace. Y mientras eso sucedía, causa extrañeza la falta de propuestas, en campaña, de una reforma tributaria que contemple una mayor progresividad o, al menos, evite castigos a sectores vulnerables (consumidores y pymes, básicamente) que no tienen la capacidad de los grandes contribuyentes para eludir o trasladar la carga tributaria, en un esquema impositivo que prácticamente no se perfeccionó desde hace un tiempo que excede la última década.

El sistema impositivo actual logró una muy alta eficiencia recaudatoria, pero no resolvió las inequidades que, al contrario, se acentuaron en algunos aspectos con la concentración económica que se verificó, tanto en el agro como en la industria, en estos años. Pueden encontrarse ejemplos de ellos en los dos extremos.

Por un lado, se ha generalizado en el último año el grado de dificultad de empresas pymes industriales para hacer frente a sus obligaciones impositivas, incluso cuando la situación de ventas no se ha visto afectada tan sensiblemente. Ello fue señalado, ante la consulta para este comentario, por empresarios tanto del sector metalúrgico como de la industria gráfica, que admiten que mantienen un buen nivel de actividad pero reconocen que no pueden cumplir con el pago de Ganancias e IVA. “Consultamos con muchos colegas que están en la misma situación; pedimos a nuestros contadores que analizaran la cuestión y la conclusión fue la misma en todos los casos: no hubo caída de ventas, pero sí una pérdida notable de rentabilidad, porque los insumos básicos subieron muy por encima de nuestros precios de venta y de los salarios”, se explicó.

Profundizando en la cuestión, pudo verificarse que el desfasaje reconoce dos factores centrales. Los insumos básicos en estos rubros corresponden a sectores altamente concentrados, en los que se operó un fuerte reajuste de precios entre los últimos meses de 2013 y los primeros de 2014. Fue, claramente, el período en el que se sintió el impacto de las presiones devaluatorias, que produjeron un salto espectacular del dólar marginal y que, en una proporción muy elevada, se reflejó en el “aumento preventivo” de los precios de esos insumos. Luego, con una devaluación oficial inferior a la previamente estimada el reajuste no se corrigió a la baja, sino que se consolidó en la suba. El otro factor clave es que los sectores usuarios de esos insumos, pymes en general, no tuvieron la capacidad de trasladar a sus clientes la incidencia total del incremento en los costos. Al contrario, con aumentos menores debieron flexibilizar, en general, las condiciones de pago, con lo cual terminaron cobrando en 90, 120 días o más, facturas por las que debieron pagar el IVA a los 30 días.

El otro extremo está constituido por los grupos más concentrados, que dominan mercados sectoriales internos pero, además, la comercialización exterior. Sobre los casos de “planificación fiscal nociva”, como los denomina la AFIP, se han conocido ejemplos múltiples en los últimos meses. La definición remite a maniobras que diseñan grandes grupos empresarios para evadir o eludir impuestos mediante sub o sobrefacturación, dibujos de sobrecostos o desvíos de operaciones por afuera de los registros contables. Una vez más, el caso de la soja resulta paradigmático. En un encuentro de negocios reciente de empresarios locales y de Paraguay, donde también estaba presente algún funcionario del área comercial del país vecino, este último señaló al final de su comentario. “Nuestro país produce cinco millones de toneladas de soja y exporta 11 millones.” ¿Cómo es posible?, le consultó uno de los argentinos presentes. “La diferencia, en una pequeña parte, proviene de Brasil, pero la mayor parte tiene origen en su país”, le contestó el funcionario guaraní. Los métodos por los cuales parte de la producción de soja nacional sale al exterior declarada como exportación paraguaya y no argentina están siendo analizados por la AFIP. De lo que no hay dudas, es de que estos desvíos están beneficiando muy generosamente a grandes operadores locales que gambetean obligaciones por pago de Ganancias y hasta de retenciones a la exportación, que previamente descontaron a los productores a los que les compraron los granos.

Globalmente, el sistema impositivo sigue recaudando, resultado entre otras cuestiones de una buena administración tributaria. Pero sigue manteniendo inequidades, en parte por falta de revisión de la política tributaria. Algunas injusticias son conocidas, como el hecho de gravar muy fuerte a la actividad productiva y desgravar o eximir a las ganancias especulativas, las financieras entre ellas. Otro factor de desigualdad, menos admitido, es que sigue siendo el consumo el principal foco de generación de ingresos fiscales. Incluso, de parte de consumidores que pueden estar trabajando en negro o hasta desocupados: cuando compran, no se les descuenta el IVA o los ingresos brutos por su situación laboral.

El problema es que los buenos resultados recaudatorios llevan a dejar de lado la necesidad de reformas estructurales al sistema impositivo, cada vez más necesarias si se pretende lograr equidad. Pero ocurre que una reforma tributaria tiene socialmente costos que se perciben inmediatamente, y beneficios que sólo se verifican con el tiempo. Un impuesto progresivo a las grandes propiedades rurales tendrá una inmediata reacción adversa de los afectados. Si lo que se espera recaudar se destinara al refuerzo de los presupuestos de educación y de salud, no hay muchas esperanzas de que los futuros beneficiarios salgan a pelear en su conjunto para imponer esa reforma. Para peor, los primeros han demostrado en este país una mayor capacidad de organización, pero sobre todo de “lobby” (con grandes medios de comunicación a favor), que los segundos.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires, que conduce Daniel Scioli, acaba de plantear un adelanto en los vencimientos de las cuotas del impuesto Inmobiliario Rural, llevando el esquema anterior de marzo-agosto-noviembre, a uno más corto, con vencimientos en febrero-mayo-julio. Luis Etchevehere, titular de la Sociedad Rural, lo cruzó esta semana señalando que esa propuesta “es impracticable, no se pueden adelantar los pagos porque hay un proceso biológico que lo impide”. La alusión científica hacía referencia a las fechas de cosecha de los cultivos más rentables y a la de pasturas para engorde del ganado que se envía a faena. Además de pertenecer al sector de propietarios rurales y capitalistas más concentrados, que pagan por sus extensiones de tierras un tributo que puede ser calificado de ridículo, Etchevehere recurrió a un argumento absolutamente falaz. Desde que existen las silobolsas, los ingresos de los productores sojeros no depende más de la fecha de cosecha. Además, en cada campaña demuestran, con la retención por varios meses de buena parte de la cosecha, que los dueños de las mismas no deben pasar urgencias contando los días para cobrar. Por otro lado, la ganadería de mayor volumen se realiza bajo el sistema de feedlot, es decir de alimentación a corral, en la que el animal no come a campo abierto dependiendo del calendario de pasturas, sino que se le suministra el alimento de acuerdo a la conveniencia del dueño, que puede elegir la fecha de completar el engorde y envío a faena.

Sin embargo, no fue ésta la respuesta que recibió del gobierno provincial y de Arba, la agencia recaudadora bonaerense. Ante el rechazo al nuevo calendario, se le prometió a la dirigencia rural que el tema se iba a volver a estudiar.

No se trata siquiera de una propuesta de reforma tributaria para gravar a uno de los sectores de mayor capacidad adquisitiva, sino de un simple adelanto de fechas de pago. Pero da la pauta de cómo podrían reaccionar unos y otros. Scioli, como otros candidatos, prefiere no pelearse con sectores tan poderosos en plena campaña electoral. Así se comprende también por qué los candidatos más rankeados por los medios eluden referirse a una reforma tributaria, un tema sin embargo ineludible para consolidar una economía inclusiva durante los próximos gobiernos.