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La denuncia del fiscal de la causa AMIA constituye un traspié para el Gobierno, pero no por la historia inverosímil sobre la que se basa, sino porque Alberto Nisman fue designado por Néstor Kirchner para el esclarecimiento del atentado a la mutual judía, una meta a la que le asignaba una importancia similar a la realización de los juicios a los represores de la dictadura. El fiasco del Gobierno en el esclarecimiento del atentado está también signado por la permanencia de Antonio “Jaime” Stiuso, como director de Operaciones en la SIDE, que era el responsable del contacto con la CIA y el Mossad, los servicios secretos de Estados Unidos e Israel, que proporcionaron la mayor parte de la información sobre la pista iraní que presentó Nisman. Los wikileaks de la embajada norteamericana en Argentina, confirmados en el ámbito de los servicios de inteligencia, muestran que Stiuso trabajaba más para el Mossad y la CIA que para la Casa Rosada, y que Nisman trabajaba más para esas embajadas y para Stiuso que para la Justicia. La culminación del proceso terminó de confirmarlo.

Entre el lunes y el miércoles, la colectividad judía argentina quedó en el medio de dos operaciones contra el Gobierno, una montada por el Grupo Clarín y la otra por los servicios de inteligencia. Antonio Stiuso, que operó en la SIDE desde 1972 hasta diciembre pasado, y que en los últimos diez años se desempeñó en el cargo más alto de los espías de carrera, gatilló a través del fiscal Alberto Nisman un dispositivo sobre la causa AMIA que venía preparando desde tiempo atrás. El Grupo Clarín, a través de alguna garganta profunda mal informada, lanzó su desgraciada y famosa portada: “Por orden de Cristina, el canciller Timerman no asistió a la marcha”. No hubo orden y sí asistió. Y hubo más presencia argentina que norteamericana en la marcha en Francia contra el terrorismo.

Por obra y gracia de estas operaciones de alto impacto el Gobierno apareció como cómplice del terrorismo antisemita de París y del atentado en la AMIA. Si fuera cierto, resultaría paradójico porque se trata del único gobierno que convirtió en parte central de su política exterior, junto con Malvinas, la denuncia de los acusados iraníes por el atentado en la AMIA. No hubo otro que expresara mayor interés por el esclarecimiento del atentado.

El historial del kirchnerismo sobre la AMIA empieza mucho antes de su llegada a la Casa Rosada. En 1996, dos años después de la bomba en la mutual judía, Cristina Kirchner integró la comisión investigadora que se creó en el Congreso y fue la principal impulsora de la investigación de las maniobras de encubrimiento que había realizado la administración menemista.

Todavía desde el llano, Néstor y Cristina Kirchner pensaban que después de veinte años sin gobiernos militares no podía progresar una fase de maduración democrática sin llevar ante la Justicia a los represores de la dictadura y sin esclarecer y procurar el castigo a los responsables del atentado a la AMIA. Más allá de los aspectos éticos, humanísticos, e incluso afectivos, consideraban que se trataba de dos hechos que representaban un pasado violento cuya irresolución desgastaba e impedía la consolidación de las instituciones democráticas. Asumieron los dos temas como no negociables –por izquierda ni por derecha– desde el principio de la gestión y fueron intransigentes.

Fue una de las primeras medidas. De la misma manera que impulsó desde el principio la anulación de las leyes de impunidad y el comienzo de los juicios, pocos meses después de haber asumido el gobierno, a mediados de 2004, Néstor Kirchner le pidió al procurador general de ese momento, Esteban Righi, que formara la Unidad Fiscal AMIA, encabezada por Nisman, con el objetivo excluyente de investigar el atentado. La forma como se creó esta Unidad, que en ese entonces no despertó ninguna crítica, fue la misma que usó la actual procuradora, Alejandra Gils Carbó, para crear otras procuradurías que ahora son presentadas como un avasallamiento del Poder Judicial.

Es difícil saber el motivo que definió el rol protagónico de Nisman y Stiuso en la investigación. Con relación a los derechos humanos, el kirchnerismo buscó que los principales lugares de gestión de la política de derechos humanos fueran ocupados por viejos luchadores como Eduardo Duhalde, o por miembros de las organizaciones de derechos humanos, como el actual secretario, Martín Fresneda, que proviene de HIJOS. Como eran temas no negociables designó a los más interesados en resolverlos.

Seguramente los nombres de Stiuso y Nisman surgieron de sectores supuestamente interesados en el esclarecimiento del primer atentado importante que se realizaba fuera del teatro de operaciones del conflicto de Medio Oriente. La dimensión del tema es planetaria y excedía las capacidades de los organismos argentinos. De hecho, la relación de la CIA y el Mossad con Stiuso nunca fue ocultada. Y la relación de Nisman con la embajada norteamericana está comprobada por los wikileaks.

En ese momento, Estados Unidos estaba preparándose para una guerra con Irán igual que Israel, que amenazaba con bombardear a Teherán por temor al desarrollo de una bomba atómica en ese país. El Mossad y la CIA descartaron la pista siria y sus posibles ligazones con alguna conexión interna y se abocaron a aportarle información a Stiuso y a Nisman sobre la pista iraní, que además era funcional a la política exterior de sus gobiernos. Nisman construyó su acusación con esta información y la presentó. El Gobierno no puso reparos y respetó las decisiones judiciales. No le importó si era funcional a amigos o enemigos y desarrolló una estrategia internacional para lograr la captura de los ocho acusados iraníes y uno libanés. Se hizo la denuncia en Interpol y a partir de allí todos los discursos internacionales de Cristina y Néstor Kirchner, como ningún otro presidente lo había hecho antes, incluyeron duras críticas a los gobiernos iraníes por no colaborar con la investigación.

Desde ese momento –hace ya varios años– hasta ahora, el fiscal no aportó nada más. Armó un relato hipotético de la manera en que se habría realizado el atentado, pero casi no generó prueba para sostenerlo en un tribunal, como lo indicó el juez Rodolfo Canicoba Corral, a cargo de la causa. Si los acusados hubieran comparecido ante un juez, hubiera sido muy difícil declararlos culpables. Resulta evidente que la CIA y el Mossad habían aportado la información pero no la prueba, como si les interesara más la denuncia política contra el régimen iraní que el juicio a los responsables del atentado a la AMIA. Y todo hace pensar que Nisman y Stiuso se limitaron a los objetivos que se planteaban esos servicios de inteligencia extranjeros.

Argentina ha insistido en los foros internacionales para que Gran Bretaña acepte iniciar negociaciones sin precondiciones sobre Malvinas. Si mañana la reina accediera, sería una estupidez acusar al Gobierno de entreguista por sentarse con los delegados británicos. De la misma manera, Argentina venía reclamando que el gobierno iraní aceptara algún tipo de vía consensuada para destrabar la investigación. Tras hacer oídos sordos, el gobierno iraní sondeó una posibilidad y de allí surgió el memorándum de acuerdo con Irán para que el juez argentino tomara declaración indagatoria en Irán a los acusados. Nunca se habló de impunidad ni de levantar los alertas rojos que el juez había pedido a Interpol. Pero Nisman y Stiuso se opusieron y por lo tanto es posible inferir que también se oponían la CIA y el Mossad porque podía llegar a debilitar, si no ofrecía prueba contundente, la denuncia contra el régimen chiíta. Los periodistas obtienen parte de su información de los servicios de inteligencia en general. Y fueron periodistas argentinos, ligados a estos servicios, los que lanzaron las denuncias de que se había pactado impunidad a cambio de comercio. Una patraña considerable porque Argentina no necesita más mercados para sus granos y, si los necesitara, puede encontrarlos sin recurrir a Irán con el consiguiente costo político que eso tendría.

De todos modos, el acuerdo resultaba tan incómodo para los iraníes que nunca lo ratificaron y los alertas rojos internacionales para detener a los acusados nunca se bajaron, lo cual desmintió la campaña de denuncias contra el Gobierno por el Memorándum. El desplazamiento de Stiuso, junto a otros altos directivos de la SIDE, implicará seguramente una forma de relacionamiento menos subordinada con la CIA y el Mossad. Y con esa movida Nisman quedó huérfano, lo cual habría determinado que presentara esta denuncia de 300 páginas con un cuento que mezcla piqueteros con funcionarios y legisladores, pero que no se sostiene con pruebas ni testigos ni nada tangible.

Para los argentinos, el esclarecimiento del atentado a la AMIA y el juicio a los responsables es una deuda de la democracia. Es un tema muy sensible que se presta a manipulaciones y demagogias. La actitud de Nisman constituye un golpe para el Gobierno porque echa otra vez una sombra de dudas sobre lo que el fiscal ha hecho en todos estos años con el respaldo oficial. Pero sería un gran error de la colectividad judía y los familiares de las víctimas del atentado a la AMIA dejarse arrastrar por una campaña que los enfrente al único gobierno que asumió y militó la causa AMIA sin hacer especulaciones políticas.