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La relación entre el Gobierno y las compañías eléctricas entró en cortocircuito. El ministro de Planificación, Julio De Vido, advirtió ayer que se aplicarán “severas penalidades” si se concretan las amenazas de las empresas del sector de eventuales cortes de energía por el aumento de la demanda y la falta de inversiones para abastecerla. “No se admitirá bajo ningún concepto la suspensión del servicio”, enfatizó. A la misma hora que el ministro hacía esas declaraciones, ejecutivos de generadoras, transportistas y distribuidoras eléctricas se reunían para participar de un oportuno Foro Internacional de Energía. El mensaje que salió de allí hacia el Gobierno mantuvo el tono de presión. “El sistema eléctrico está operando en una situación delicada”, alertó José María Hidalgo, gerente general de Edesur. “Si no hay señales de precios, el sistema decaerá”, completó.
La aprobación de la ley que permite al Gobierno renegociar los contratos con las privatizadas pareció una señal de largada para algunas de ellas. En particular, las eléctricas y gasíferas, que suponen que serán las primeras favorecidas con aumentos a cuenta. La semana pasada, De Vido descartó esa posibilidad. “No habrá prioridad alguna, renegociaremos los contratos en el marco que fijó la ley”, señaló el último jueves, al día siguiente de la aprobación de la norma por la Cámara de Diputados. En esa oportunidad también afirmó que las empresas deben invertir porque la economía está creciendo a buen ritmo, y no esperar a una suba de tarifas para hacerlo.
De Vido ayer repitió el argumento. Lo hizo en respuesta a las amenazas transmitidas el día anterior por Hidalgo. “Argentina crecerá más de cinco puntos este año. Si yo fuera generador de energía, estaría preocupándome por ver cómo me equipo, cómo invierto para estar a la altura de las circunstancias, porque si yo no lo hago, van a venir otros a hacerlo”, sugirió. De todos modos, dentro de la cartera de Planificación las compañías encuentran oídos receptivos a sus demandas. El secretario de Energía, Daniel Cameron, considera válidos los argumentos empresarios, aunque la decisión política corra por otro carril.
“Se nos acusa de lobbistas, de realizar presiones, pero lo que queremos es evitar problemas al Gobierno y a la gente porque el sistema eléctrico está operando en una delicada situación”, refirió Hidalgo durante el Foro de Energía. “Callar equivale a mentir –añadió, en pose de víctima– y creo que ha llegado el momento de decir que el sector eléctrico puede andar con la conciencia muy limpia por el trabajo bien hecho.”
La estrategia empresaria frente al Gobierno y la opinión pública combina las advertencias de posibles cortes de energía a partir del verano con la diferenciación de otras privatizadas. Hidalgo dio muestras de ello: “El sector eléctrico –puntualizó– ha invertido 12 mil millones de dólares desde la privatización y no puede ser metido en la misma bolsa con otras prestadoras de servicios a la hora de considerar una recomposición de la situación tras la devaluación”.
Hidalgo no fue el único que hizo declaraciones alarmistas. Francisco Mazzadri, directivo de CMS Energy, sostuvo que “el sistema eléctrico puede entrar en situación de desabastecimiento entre 2004 y 2005, dependiendo de si el sistema hídrico muestra o no alguna recuperación en vistas de la actual situación de sequía”. Las empresas aducen que el próximo verano habrá un incremento de la demanda que la posicionará arriba de los niveles de 2001, antes de la agudización de la crisis.
De Vido no se conmovió con todas esas explicaciones. Para el Gobierno sería políticamente inviable conceder ajustes tarifarios en este momento, luego de todas las veces que negó que fuera a ceder a las presiones. Por ahora, el ministro de Planificación se mantiene firme en su discurso. “Nosotros nos guiamos a través de las leyes. La Ley de Emergencia Económica es muy clara y no admite bajo ningún concepto suspensión de ningún tipo de servicio, salvo bajo severas penalidades”, afirmó.
Hidalgo, para finalizar, acusó a los grandes consumidores industriales de ser “en gran medida los responsables de la actual situación, debido a que ese segmento se ha beneficiado desde la devaluación con una transferencia de ingresos del orden de los 2 mil millones de dólares, sólo por efecto de la tarifa barata que rige en el sector eléctrico”.