Luego de que el Gobierno se manifestara dispuesto a quitarle su licencia a la filial argentina del Citibank si el banco no les pagaba a los bonistas los intereses de los bonos en dólares bajo ley argentina, el juez estadounidense Thomas Griesa sorprendió al dar marcha atrás con su postura y lo autorizó a concretar no sólo el pago que vence el 31 de marzo, sino también el del próximo 30 de junio. En el Ministerio de Economía sostienen que el juez es un incongruente al servicio de los buitres, pero destacan que todo lo que quieren es que los bonistas reciban su pago. Igual dejaron en claro que van a seguir de cerca el accionar del banco para garantizar que no se mueva un ápice de la ley argentina.

El sábado a la noche, el Citi comunicó la novedad a través de un comunicado. “Ayer (por el viernes) la Corte del Distrito Sur de Nueva York emitió una estipulación y orden por la que, entre otras cosas, no impedirá al Citi que su sucursal de Argentina cumpla con sus obligaciones de procesamiento de pago en relación con los intereses de los bonos en dólares bajo ley argentina”, explicó el banco. Citigroup aclaró que podrá realizar el pago del 31 de marzo y también los que vencen el 30 de junio “bajo determinadas condiciones”. El comunicado añade que el juez no impedirá que la entidad “ejecute su salida del negocio de custodia de títulos en Argentina, proceso que se llevará a cabo en total acuerdo con las leyes y regulaciones vigentes”.

Cuando el juez Griesa ordenó el pago a un grupo de fondos buitre de 1600 millones de dólares en efectivo y de una sola vez y prohibió cumplir con los servicios de la deuda reestructurada hasta que la Argentina lo hiciera, la filial local del Citi le envió una carta consultándole al juez de Manhattan sobre cómo actuar con la deuda bajo legislación argentina, tanto en pesos como en dólares. A raíz de esa consulta, Griesa autorizó al banco a pagar “por única vez”, pese a que los títulos reestructurados bajo legislación local están fuera de su jurisdicción. Al mismo tiempo, mantuvo bloqueados los 539 millones de dólares depositados en el Bank of New York Mellon (BoNY) de la serie con legislación extranjera. El Citibank reiteró la consulta en dos oportunidades y en ambos casos recibió autorizaciones “por única vez”. Así fue como cumplió con los vencimientos de fines de julio, septiembre y diciembre.

Luego de aquellas tres autorizaciones “por única vez”, la intención del banco fue desembarazarse de los pedidos para cada vencimiento y solicitó que se liberara el canal de pagos para esta parte de la deuda. Los argumentos que habían sido expuestos por los abogados que representan al país y al banco custodio del dinero eran que no se trata de deuda externa –por ser bajo ley local–, que el banco no participa del proceso de pago y que se produciría un incumplimiento de leyes argentinas. Sin embargo, el 12 de marzo Griesa denegó la solicitud. El banco informó que apelaría ante la Cámara y mientras tanto solicitó un stay ante Griesa para poder cumplir con el vencimiento de fin de mes, pero el juez también rechazó ese pedido.

El Gobierno amenazó entonces con quitarle la licencia al banco para operar en el país si no cumplía con la legislación argentina. Primero lo dijo el ministro de Economía, Axel Kicillof, y el viernes pasado fue la presidenta Cristina Fernández de Kirchner quien lo dejó en claro. “Vamos a hacer respetar los derechos de los titulares de bonos que creyeron en los argentinos en 2005 y 2010. Y vamos a hacer que los bancos cumplan con la legislación argentina, porque así es en todos los países del mundo. En la Argentina se cumple con la ley, sea quien sea”, sostuvo la mandataria. Ese mismo viernes el Gobierno designó a un veedor ante el Citi para comprobar si efectúa el pago a los tenedores a fin de mes, el cual ahora parece que va a concretarse.