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En diez días Néstor Kirchner recibiría un primer boceto del proyecto de reforma previsional. Roberto Lavagna y Carlos Tomada mantuvieron ayer su segunda reunión para tratar el tema, y a principios de noviembre tendrían una propuesta para abrir a la discusión pública. Esa es la información que ambas carteras transmitieron oficialmente, aunque distintas fuentes relativizaron a Página/12 que se haya logrado ese nivel de avance. Existe una disputa entre Lavagna y el secretario de Seguridad Social, Alfredo Conte Grand, centrada en el carácter de los aportes a las AFJP. El ministro rechaza la idea de que una parte de ellos vaya obligatoriamente a una administradora, y propone dejar al régimen de capitalización como una opción a un sistema de reparto universal.
La discusión avanza un poco a tientas porque ambas partes esperan algún gesto de Kirchner que las oriente. Por ahora el Presidente no le dedicó mucho tiempo a la cuestión. “No hay que desechar ni dar por segura ninguna idea”, mencionaron a este diario desde la cartera laboral, dejando abierto ese espacio a la opinión presidencial. Por ahora, la única certeza es que “no se elevará la edad jubilatoria de la mujer” a 65 años, según dejó en claro un comunicado del ministerio de Trabajo, en respuesta a trascendidos periodísticos.
Además de Lavagna y Tomada, en el encuentro de ayer estuvieron Daniel Novak (economista de lo que fue el Frepaso) y Alejandro Sánchez (asesor directo de Guillermo Nielsen) por Economía, y Conte Grand y su equipo por Trabajo. Un punto que todos aceptan se vincula con la información que reveló anteayer el suplemento Cash: la actual cobertura del sistema previsional es muy pobre –1,2 millón de personas mayores de 65 años no cobran jubilación ni pensión– y el problema se agravará exponencialmente en el futuro. Con ese diagnóstico, los funcionarios coinciden en que el nuevo régimen debe tender a la cobertura universal.
Pero allí es donde empiezan las discrepancias. Conte Grand propone que a partir de la reforma todos los argentinos tengan una cuenta de capitalización administrada por el Estado. Esa cuenta registraría la historia de aportes de cada persona, y llegada la edad jubilatoria se pagaría en base a una fórmula compuesta por los años aportados, la evolución del índice de actualización (podría ser la inflación o una tasa de interés promedio) y la esperanza de vida que se estime para la población.
Conte Grand sugiere que una parte de los aportes previsionales se destinen a esa cuenta, mientras que otra parte debería ir obligatoriamente a una AFJP. La jubilación sería proporcional a los años aportados, y aquellos que no hayan conseguido juntar ni siquiera cinco años, cobrarían una asignación asistencial que sería un 30 por ciento inferior a la jubilación mínima.
Lavagna rechaza el aporte obligatorio a las AFJP. Su idea es que todos aporten al Estado al menos 4 de los 11 puntos que se les descuenta del salario, mientras que los 7 puntos restantes se podría elegir entre derivarlos al sistema de reparto o a una AFJP. En ese esquema, habría libertad de opción entre los sistemas, sin restricciones para pasar de uno a otro. Pero todos obtendrían cuanto menos una jubilación estatal, y quienes no hayan aportado cobrarían un subsidio a la vejez. Tomada también se inclinaría por la libre opción. Por otra parte, se prohibiría que los bancos participen de las AFJP y se buscaría una fuerte baja de comisiones.
Si bien hay coincidencia entre los distintos actores del Gobierno a habilitar la libre opción, Lavagna demora una definición porque negocia con las AFJP la pesificación de los títulos que tienen en default. Lo haría para despejar ese tramo de la reestructuración –que representa el 38 por ciento de los bonos a canjear–, más allá de que la quita seguiría siendo del 75 por ciento.