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La Justicia decretó la quiebra de Brukman, al considerar vencido el plazo que los empresarios tenían sin que llegaran a un acuerdo con los acreedores. La medida pone a los trabajadores cerca de reingresar a la fábrica: el dictado de la quiebra era una de las condiciones legales que imponía la Legislatura para tratar la expropiación y traspaso de la fábrica. El proyecto de ley podría debatirse en la sesión del jueves, sobre tablas.
Los obreros esperaban esta medida desde septiembre, cuando el juzgado de Matilde Ballerini debía tomar una definición y otorgó a los Brukman una última prórroga. Ese período terminó el viernes pasado.
Ayer, los trabajadores (casi todos ellos son mujeres) fueron a las siete y media de la mañana al tribunal y esperaron allí la definición. Al mediodía, la síndico Elina Fernández ingresó al edificio y con la decisión tomada de pedir la quiebra. La jueza la firmó pasada la una de la tarde. La empresa tiene deudas por 3.800.000 pesos. Para continuar al frente de Brukman, el directorio debía hacer una propuesta que conformara a la mitad más uno de los acreedores. No logró la aprobación de la AFIP, el Banco Nación ni de los bancos privados. En el caso de los dos primeros, vinculados con el Estado, ya había habido algunas señales de que no existía voluntad oficial de dar más aire a una gestión empresaria sospechada de haber realizado maniobras de vaciamiento.
La jueza dispuso además la inhibición general de bienes de la empresa (cuya denominación legal es Cebex SA) y advirtió que los administradores no podrán viajar al exterior sin autorización previa.
Frente a la textil, donde los obreros mantienen un campamento, hubo festejos y sonrisas de distensión.
“La medida es producto de una lucha que lleva un año y 10 meses, los últimos seis en esta carpa. Se hizo justicia”, dijo el delegado Yuri Fernández. “Estamos demostrando que teníamos razón al defender nuestro derecho a volver a la fábrica, esperamos ahora que se vote la expropiación.” Mañana se movilizarán a la Legislatura por este motivo.
El conflicto comenzó en diciembre del 2001, cuando los empresarios abandonaron la firma y ésta fue ocupada por sus trabajadores, quienes la mantuvieron en producción durante un año y medio.
A fines del 2002 se reactivó la industria textil. Los empresarios intentaron en varias oportunidades recuperar las instalaciones, medida que fue resistida por quienes ocupaban el lugar. Los trabajadores fueron finalmente desalojados por la policía a principios de abril y sufrieron una fuerte represión cuando intentaron reingresar a la planta.
Desde el desalojo, la Federal mantiene en la puerta un vallado, que ayer continuaba.
En la Legislatura, Vilma Ripoll (Izquierda Unida) dijo que la quiebra “implica una nueva situación, porque era una de las condiciones legales que imponían los bloques mayoritarios para tratar el proyecto de expropiación”.
Es posible que mañana la comisión de Presupuesto trate el tema para que en la sesión del jueves se debata sobre tablas.
En la carpa había esperanzas de concretar la vuelta al trabajo en pocas semanas. Ayer les dieron el número de inscripción de su cooperativa (fue otro de los requisitos planteados, para que exista una figura legal constituida a quien ceder las máquinas) y pensaban en que si el tema avanza, pedirán una autorización para hacer un inventario del estado de la planta.
En uno de sus pisos están todavía las telas para un trabajo de dos mil pantalones que el desalojo no les dejó terminar. En cuanto al resto, ayer hablaban de arreglar lo que encuentren roto y volver a buscar clientes.
“Tenemos fuerza, ganas de demostrar que luchando y siendo persistentes podemos avanzar”, dijo Celia Martínez que, como sus pares, se había puesto el delantal celeste de costurera. Un segundo frente de conflicto está todavía abierto en la Justicia penal, que días atrás procesó por usurpación a seis de los obreros que participaron de la toma del edificio.
Las abogadas Myriam Bregman (Ceprodh) y Claudia Braccamonte (APEL) estimaban que con la novedad los argumentos de la acusación quedarán debilitados. “Será difícil continuar viendo como un delito una acción que estuvo dirigida a defender sus empleos.”