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El juez federal Claudio Bonadío bajó de su Audi negro junto a su amigo Miguel Patrani, listos para ir a cenar en casa de unos conocidos en Villa Martelli. Fueron interceptados por dos jóvenes que intentaron un robo al voleo, sin saber que el dueño del Audi no sale sin su pistola Glock calibre 40 en la sobaquera. Patrani fue herido en el hígado por los ladrones, pero ellos terminaron mucho peor: Bonadío los mató de siete balazos. El hecho ocurrió un viernes de septiembre del año pasado y desde entonces el juez del gatillo rápido declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y encarceló a los represores Galtieri, Massera y al Tigre Acosta. Pero fue su empecinamiento en detener a los ex jefes montoneros Vaca Narvaja y Perdía lo que le costó el duro apercibimiento de ayer. La Cámara Federal consideró que una vez más disparó más de lo que pensó.
“Soy peronista desde los 15 años”, confesó alguna vez Bonadío. Criado en un hogar de clase media de San Martín, estudió en el colegio La Salle de Florida y se recibió de bachiller en 1973. Según su difusa biografía política, en los ‘70 militó en Guardia de Hierro, una organización de la derecha peronista que sería semillero de notorios cuadros como José Luis “Chupete” Manzano o Matilde Menéndez, por citar algunos.
Con el retorno de la democracia Bonadío se vinculó al Frente de Unidad Peronista (FUP), la línea interna de Eduardo Vaca y Miguel Angel Toma que dominó por años el aparato del PJ Capital aliada a Carlos Grosso. Fue asesor en el Concejo Deliberante y en los albores del menemismo Vaca lo acercó a Carlos Corach, el peronista porteño más próximo a Menem.
Estudiante tardío, Bonadío se recibió de abogado en la UBA, en 1988, a los 32 años, pero compensó el tiempo perdido con una carrera meteórica. Primero se consiguió un puesto en el Ministerio de Salud que por entonces encabezaba Eduardo Bauzá y al poco tiempo Corach lo nombró su segundo en la Secretaría de Legal y Técnica.
Pudo haber integrado un Tribunal Oral en Morón, pero Bonadío sabía cuál era el puesto que le convenía. Esperó hasta que lo nombraron juez federal, en mayo de 1994, el fuero en donde se ventilan las causas políticas. Domingo Cavallo siempre dio a entender que Bonadío era uno de los jueces más notorios de la famosa servilleta, sobre todo cuando el ex funcionario de Corach aceleró una investigación por enriquecimiento ilícito contra el ex ministro de Economía.
En el fuero se hizo amigo de otros jueces vinculados al menemismo como Gustavo Literas y Adolfo Bagnasco, hoy socios en un estudio privado. Amante de las armas automáticas –practica tiro– y de los automóviles último modelo, Bonadío en sus primeras épocas en la Justicia cultivó un look atípico para una señoría: pese a su semicalvicie se dejaba el pelo largo y se lo ataba con una cola de caballo, usaba anteojos negros y camperas de cuero. El perfil de un duro. Ahora, a los 47 años, se cortó el pelo y se inclina por los trajes más formales.
Desde el vamos, mantuvo como titular del juzgado federal 11 un rol protagónico y polémico. Procesó a María Julia Alsogaray por irregularidades en la contratación de un estudio jurídico en la liquidación de la ex ENTel. También al ex titular del PAMI Víctor Alderete, al ex dictador Eduardo Massera por el robo de bienes de desaparecidos y por su investigación de la causa Cóndor fue que Leopoldo Galtieri murió mientras cumplía prisión domiciliaria.
Como juez tuvo más de un problema con la prensa. El más insólito fue cuando investigó al corresponsal del Financial Times en Buenos Aires, Thomas Catán, para averiguar cómo se había enterado de que algunos senadores le habían pedido coimas a banqueros para evitar la sanción de una ley que los perjudicaba. “Me siento violentado moralmente por tener que discutir con la corporación periodística”, sostuvo entonces Bonadío ante las lógicas quejas surgidas a raíz de su orden a la SIDE para que le informe sobre las llamadas entrantes y salientes de Catán. “Estoy harto de la hipocresía de la sociedad argentina”, dijo el ex segundo de Corach. En esa ocasión también tuvo problemas serios con sus superiores de la Cámara Federal que cada tanto se enojan por sus fallos desacertados. Le dijeron que había violado la libertad de expresión y le ordenaron que destruya la lista de llamadas de Catán, que por denunciar un soborno terminó investigado. Pasó lo mismo cuando procesó y multó al periodista Marcelo Bonelli por haber revelado la declaración jurada de Alderete ante la DGI. La Cámara revocó el fallo. Pero el escrito de ayer está entre los más duros de la Cámara que no sólo descalificó las pruebas que llevaron a Bonadío a detener a los ex jefes montoneros sino que ordenó que se lo investigara. Y lo peor es que ahora no hay quien lo defienda.