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El Enargas apuntó los cañones a la distribuidora Gas Pampeana, del grupo italiano Camuzzi. En un documento emitido a mediados de la semana pasada –que recién se conoció este fin de semana–, el ente regulador le imputó a la concesionaria haber ocultado información sobre su real disponibilidad de capacidad de transporte y negarle el suministro a nuevos clientes residenciales que lo solicitaron. Según pudo verificar un equipo técnico del Enargas, el suministro que se les negaba a los clientes residenciales que pretendían conectarse era entregado a las petroquímicas Bahía Blanca e Indupa (grupo Dow Chemical), la cerealera Cargill y a la refinería Eg3 (Petrobras). Según el expediente del Enargas, la prestadora violó en dos aspectos las reglas básicas de la licencia: no haberle dado la prioridad a los clientes residenciales y haberle suministrado información incorrecta al ente.
La actitud de Camuzzi de negarle el suministro a zonas recientemente urbanizadas o a barrios cerrados en construcción motivó un duro reproche por parte de las autoridades del gobierno bonaerense, que llegaron a proponer que las tareas de conexión de los nuevos clientes quedaran a cargo de cooperativas si la concesionaria seguía eludiendo su obligación. El tema ganó trascendencia la semana pasada a través de manifestaciones contra la empresa del gobernador Felipe Solá y el ministro de Obras Públicas, Raúl Rivara, después de que la población de Magdalena se quejara porque la empresa no atendió su solicitud de ingreso a la red. De todos modos, la resolución del problema está en manos de las autoridades nacionales, ya que la concesión del servicio corresponde a esa jurisdicción.
A principios de abril de este año, el Enargas les requirió a todas las licenciatarias información vinculada a los volúmenes de gas comprometidos para hacer frente a la demanda del invierno. Tras conocerse los reclamos de varias localidades respecto de la negativa de Camuzzi Gas Pampeana (cuya zona de prestación abarca todo el interior del territorio bonaerense y en su totalidad la provincia de La Pampa) a conectarlos a la red, el ente inició una pericia para determinar la validez de los argumentos de la empresa. La prestadora había responsabilizado a la empresa transportista (TGS) por la falta de capacidad de transporte (desde los yacimientos hasta el ingreso a la red) asignada, que por lo tanto le impedía comprometerse a expandir la red.
De acuerdo con las reglas básicas de la licencia, los clientes residenciales tienen prioridad absoluta de suministro y su atención no puede ser interrumpida bajo ninguna circunstancia por decisión unilateral de la distribuidora. Los clientes comerciales e industriales pueden contratar el transporte y distribución “en firme”, por el que pagan un precio más caro, que les otorga prioridad de abastecimiento sobre otros clientes pero no sobre los residenciales.
Según pudo verificar la pericia del Enargas, mientras Camuzzi negaba el suministro a nuevos clientes residenciales bajo el argumento de falta de disponibilidad de transporte, mantuvo el suministro a gran escala a PBB (350 mil m3/día), Cargill (20 mil m3/día), Indupa (160 mil m3/día) y Eg3 (10 mil m3/día). Ese volumen, en conjunto, representa la demanda promedio de más de 100 mil hogares, a los que teóricamente se les negó el servicio al que tienen derecho prioritario frente a las mencionadas empresas. Dichos contratos no habían sido informados por la empresa al ente en su totalidad, con lo cual ocultó las obligaciones asumidas con grandes empresas privadas en detrimento de la demanda domiciliaria.
La pericia verificó, además, que Camuzzi renovó este año muchos de los contratos de suministro en firme, con lo cual comprometió la capacidad disponible de transporte sin tomar previsiones sobre la mayor demanda residencial durante el invierno. La concesionaria de origen italiano tiene, ahora, diez días para hacer su descargo por la imputación de los incumplimientos de sus obligaciones. El gobierno provincial, en tanto, ya anticipó su deseo de buscarle un sustituto a la concesionaria.