Los fondos buitre realizaron una nueva presentación judicial contra la Argentina con la intención de boicotear el cobro de los vencimientos del Bonar 24. Las empresas Aurelius Capital y Blue Angel Capital acudieron otra vez a la cláusula pari passu para argumentar que la nueva emisión de deuda argentina viola el dictamen del juez Thomas Griesa. “En un nuevo intento de extorsión, los fondos buitre buscan detener los pagos de un bono que se rige por la legislación argentina, que se colocó mediante una licitación pública efectuada en Argentina y cuyos pagos se realizan en el país. Es deuda doméstica denominada en moneda extranjera, que nada tiene que ver con la jurisdicción del juez Griesa”, respondió el Ministerio de Economía.

Los buitres quedaron desconcertados después de la nueva emisión de deuda. El Estado logró recolectar 1416 millones de dólares a una tasa del 8,9 por ciento, en una licitación que había arrancado en 500 millones y con incertidumbre en el mundo financiero sobre sus chances de éxito. Eso resultó un revés para los holdouts, porque la presión que ejercen sobre el Gobierno para que negocie disminuye si hay más respiro de divisas. Durante la licitación, los buitres ya habían intentado estropear la apuesta del Gobierno. El argumento utilizado era que, a pesar de tener legislación local, se podía tratar de “deuda externa” si es que se demostraba que en la operación estuvieron involucrados bancos extranjeros. En ese momento, Paul Singer, dueño de Elliot Management, advirtió que “tiene todos los indicios de ser deuda externa y, por eso, quedaría afectada por nuestros derechos pari passu”. Sin embargo, no lograron frenar la emisión.

Ahora, los buitres vuelven a la carga. “No es otra cosa que un nuevo intento desesperado, ante el fracaso de frenar la reciente colocación, en la que amenazaron abiertamente a los compradores del Bonar 24. De esta manera, buscan seguir generando incertidumbre en el mercado para perjudicar a la República y a los bonistas. Queda de manifiesto, una vez más, que las órdenes pari passu dictadas por el juez Griesa, lejos de constituir una herramienta para solucionar el conflicto, lo han profundizado. Los fondos buitre, en lugar de negociar una solución equitativa, redoblan a cada paso un accionar extorsivo que no conduce a nada. Las medidas ahora solicitadas por Aurelius y Blue Angel no hacen más que profundizar el fracaso de estas acciones extorsivas como modo de solución al conflicto”, difundió ayer el Ministerio de Economía un comunicado en respuesta al planteo buitre.

El Bonar 2024 está denominado en divisa estadounidense pero se rige por la ley local y, además, se abona a través de la Caja de Valores, es decir, desde Buenos Aires. La entidad depositante está también a cargo del pago de bonos reestructurados luego de que el Gobierno le quitara la licencia de custodio de deuda argentina a la filial local del Citibank por acordar su salida del país con un grupo de fondos buitre.

Como los holdouts sostienen que esta emisión es deuda externa, buscan extender el fallo de noviembre de 2012 bajo la cláusula pari passu, que a través de la forzada interpretación de Griesa implica que Argentina tiene que pagarles la totalidad del valor de los bonos en default que tienen los buitres, lo que sería una injusticia para el 92,4 por ciento de los acreedores que aceptaron las propuestas al momento del canje.

Lo cierto es que Griesa afectó no sólo los bonos con legislación Nueva York, sino también de países de Europa y también incluyó en la volteada a la legislación local. Sin embargo, esos eran bonos emitidos en el canje, a diferencia del Bonar 24. Es decir que Griesa tendría que volver a extralimitarse para incidir sobre la nueva emisión. Si les diera la razón a los buitres, estaría ampliando la orden de pari passu, lo cual abriría una nueva oportunidad de apelación para suspender la medida. De todos modos, el escenario que se espera es que la nueva denuncia de los fondos buitre no prospere.