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En una semana los técnicos del Indec finalizarán la Encuesta Permanente de Hogares, un relevamiento que se efectúa semestralmente y permite conocer, entre múltiples datos, el nivel de desocupación. La información procesada recién se conocerá en diciembre, pero el Gobierno empezó a preparar el terreno, anticipando que habrá resultados positivos. El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, destacó ayer, por ejemplo, que la última Encuesta de Indicadores Laborales que realiza su cartera en Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Mendoza evidenció un importante crecimiento en la creación de empleos. La suba fue del 0,9 por ciento contra agosto pasado y de 4,4 puntos en comparación con septiembre de 2002.
“Son datos significativos, que indican que mes a mes se confirman nuestras expectativas de mejora en el empleo”, sostuvo el ministro, y agregó que los resultados “nos permiten ser prudentemente optimistas”. El informe oficial subraya que se cumplió un año de aumento sostenido en la generación de puestos de trabajo. El otro dato que pone en primer plano es que el ritmo de crecimiento volvió a acelerarse en septiembre. En julio la suba había sido de 1,0 por ciento contra el mes anterior, pero luego agosto arrojó un avance de 0,4 por ciento, para volver a 0,9 el mes pasado.
En el Gran Buenos Aires se registra un record de horas trabajadas. En promedio por asalariado, fueron 174,5 mensuales. Fue un 2,9 por ciento más que en agosto y 11,6 por ciento arriba del año pasado. Tomada sostuvo que las horas extra “están volviendo a tener un valor razonable”. Por otra parte, por cada mil trabajadores las empresas incorporaron, en promedio, a 25 nuevos empleados.
La difusión de estos datos se sumó al anuncio del Gobierno de anteayer de un nuevo plan de empleo. Se trata de un programa que busca incorporar beneficiarios de planes sociales al mercado laboral formal. El Estado les seguirá pagando los 150 pesos que reciben del Plan Jefas y Jefes de Hogar, mientras que las empresas que los contraten deberán completar el sueldo hasta lo que marque el convenio de sector. También habrá un subsidio de 150 pesos por empleado para las empresas que estén en procedimiento preventivo de crisis y el Estado las considere viables.
Héctor Recalde, abogado laboralista del MTA de Hugo Moyano, cuestionó que el plan alcance tanto a grandes como a pequeñas empresas. “No me parece adecuado que se subsidie a YPF para contratar a un trabajador”, señaló a Página/12. “La intención es buena, pero si el Gobierno hubiera tomado en cuenta que seis de cada diez beneficiarios del Plan Jefas y Jefes no terminaron la escuela primaria podría haber destinado los recursos a ayudarlos a que la terminen”, apuntó. Finalmente, indicó que experiencias similares anteriores fracasaron.
Otro abogado laboralista pero de la CTA, Horacio Meguira, coincidió en que es equivocado subsidiar a las grandes empresas. Pero sobre todo advirtió que puede producirse un reemplazo de empleo formal por esta nueva modalidad de puestos subsidiados. El Gobierno lo prohíbe expresamente. Uno de los requisitos para acceder al programa es que las empresas no hayan despedido a nadie tres meses antes de contratar a un trabajador por este medio, ni hacerlo mientras lo mantenga. Pero Meguira puntualizó que eso requiere de una rigurosidad en el control estatal que difícilmente se dé. “Me corre frío por la espalda de imaginar lo que puede pasar”, graficó. “Es buena la finalidad de pasar del asistencialismo al empleo formal. La dificultad es el cómo”, concluyó.
En cuanto a la mejora en el empleo, Meguira puso las cosas en contexto: “Todavía no se recuperaron los 700 mil puestos que se perdieron tras la devaluación. Y los empleos que se están creando son de baja calidad y con bajos salarios”.