La sala séptima de la Cámara del Crimen de la Ciudad confirmó los procesamientos de varios ex directivos de la Sociedad Rural (SRA) y el Banco Provincia en una causa que investiga las irregularidades en el otorgamiento de un crédito en 1998. De esta manera, los involucrados quedaron a la puerta de un juicio oral. Esta investigación es paralela y complementaria a la que tramita el juzgado federal de Sergio Torres por la venta a precio vil del predio de Palermo. En 1998, la SRA junto a la empresa Ogden recibió un préstamo de 106 millones de dólares para construir un Centro Internacional de Convenciones, sumado a un hotel y un complejo de cines. El desembolso final fue de 69 millones, porque la SRA nunca pudo terminar las obras por un impedimento legal y de la Legislatura porteña. El juez que instruyó la causa, Ricardo Farías, entendió que entre la SRA y el Bapro hubo un “accionar defraudatorio”. “Para concretar este accionar se elevó considerablemente el monto de inversión total y, como consecuencia de ello, aumentó el monto a prestar”, sostuvo Farías en su elevación a juicio.

Los abogados de Eduardo Zavalía, ex presidente de la SRA, y Juan Ravagnan, ex director de la entidad, habían presentado ante la Cámara del Crimen un recurso para evitar una “acción de doble juzgamiento” por considerar similares las causas instruidas por Farías y Torres. La sala séptima entendió que los hechos investigados son diferentes, por lo que procedió a confirmar los procesamientos.

El objetivo de la Sociedad Rural siempre fue convertir al predio de Palermo en un negocio, a pesar de que los estatutos de la entidad la definen como “sin fines de lucro”. En 1988, es decir diez años antes de que recibieran el préstamo del Bapro, ya habían elaborado un ambicioso proyecto que se montaría sobre el predio, con una inversión estimada de 19 millones de dólares. El 20 de diciembre de 1991, el ex presidente Carlos Menem les vendió el predio en 30 millones de dólares, causa que también está a punto de llegar a juicio oral. El 27 de mayo de 1992, la SRA firmó la escritura definitiva de posesión. Pero diez días antes, es decir el 17 de mayo de aquel año, los ruralistas armaron la empresa La Rural de Palermo SA, pensada para gestionar los negocios del predio. Y en 1995 llegó la asociación con la empresa Ogden, con quien primero armaron una Unión Transitoria de Empresas y luego mutaron a otra sociedad anónima llamada Ogden Rural. Actualmente, esta empresa se llama La Rural SA y el socio de la SRA es Fenix Group.

“El monto del préstamo Bapro se calculó sobre la base de una supuesta inversión de 173,5 millones de dólares contra una inversión neta de 90,8 millones, en la que se incluyó no sólo un usufructo que no constituía erogación real alguna, sino también un monto en concepto de gasto preoperativo que incluían como supuestos de inversión los intereses que el obligado habría de pagar al banco”, argumentó Farías.

La otra irregularidad latente tiene que ver con las condiciones flexibles del préstamo. Del expediente judicial surge la sospecha de cierto cruce de intereses entre el Bapro y la SRA, a través de la figura de Juan M. de Anchorena, quien fue miembro de la comisión directiva de la entidad rural desde septiembre de 1987 hasta 2004 y al mismo tiempo integrante del directorio del Bapro entre 1993 y 1999.

Lo que está en discusión en esta causa es si la SRA, junto a sus socios privados, invirtió en el predio de Palermo lo que declaró en sus balances. Según indicó a Página/12 un perito que intervino en la causa penal por la venta del predio a precio vil, si se cuentan los pabellones nuevos, más las remodelaciones de los edificios históricos, con su amortización a lo largo de los años, la inversión total debería haber sido cercana a los 55 millones de dólares, por lo que el crédito del Bapro estaría sobredimensionado en un 25 por ciento. Los procesados de la SRA son Zavalía, Ravagnan, Raúl Etchebehere, Juan María de Anchorena, Horacio Foster y Enrique Crotto, entre otros. También fue procesado el ex titular del Bapro Carlos Eduardo Sánchez.