“Ahora está con nosotros ‘el Viejo’, que es el autor de El Eternauta y el Sargento Kirk. ¿Se acuerdan? El pobre viejo se pasa el día escribiendo historias que hasta ahora nadie tiene intenciones de publicarle.” El viejo Héctor Oesterheld y la autora de esa carta, Ana María Caruso de Carri, aún estaban secuestrados pero vivos, en el centro clandestino de detención y de tortura montado en la subcomisaría de Villa Insuperable, de La Matanza, a la que los represores mencionaban como el Sheraton. El CCD funcionó durante dos años, de octubre de 1976 a octubre de 1978. Ni ellos ni otra gran parte de los detenidos desaparecidos de ese lugar volvió a tener contacto con sus seres queridos desde diciembre de 1977. El juzgado de Daniel Rafecas acaba de elevar a juicio oral y público la investigación de esta causa por unas veinte personas, entre ellos Ana María y el viejo Oesterheld. La causa llega a juicio con su responsable máximo fallecido, el dictador Jorge Rafael Videla, y seis acusados, cuatro militares y dos policías.

“Este centro clandestino –dice Rafecas– mantuvo un doble aspecto, por un lado los detenidos ilegales podrían haber accedido en algunas ocasiones a contactarse con sus familiares mientras estaban cautivos, mediante visitas a sus domicilios, a los que eran llevados por personal policial o militar, o a través de cartas manuscritas que enviaban mediante Jorge Sandobal, policía de la Unidad Regional de Morón, fallecido en el año 2002. A la vez, en algunas ocasiones, se los dejaba circular en el lugar de cautiverio sin capucha ni esposas u otros medios de sujeción. Sin embargo –advierte el juez–, estas concesiones fueron compensadas por la cruel tortura y la desaparición de cada una de las personas que en su momento tuvieron acceso a tales posibilidades.”

El Sheraton o el Embudo funcionó bajo el mando del Grupo de Artillería 1 de Ciudadela, a cargo del ya fallecido coronel Antonino Fichera. El segundo jefe de la unidad militar era el ex coronel Juan Manuel Costa, que llegó a estar procesado en esta causa pero falleció mientras la Cámara Federal revisaba su procesamiento. A juicio oral irán las líneas de mandos que estaban por debajo: el jefe de la plana mayor, Rodolfo Enrique Godoy; el oficial de Inteligencia Cunha Ferré y el oficial de Operaciones Roberto Obdulio Godoy. También Héctor Gamen, segundo jefe y jefe de la plana mayor de la Brigada Décima de Infantería. Y dos subcomisarios que estuvieron a cargo de modo sucesivo de esa dependencia policial: Leopoldo Luis Baume y Juan Alfredo Battafarano. Rafecas les imputó a los seis la privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos a unas veinte personas alojadas en el centro clandestino Sheraton y obligadas a realizar tareas para el personal militar en el Grupo de Artillería 1 de Ciudadela. Sobre el trabajo forzado, el juez toma fragmentos de las cartas escritas por los detenidos. Entre ellas, una de Ana María Caruso dirigida a sus hijas Paula, Andrea y Albertina Carri en la que explica que por ahí habían estado los generales “Vaquero, Jáuregui y Martínez”, es decir, dice el juez, tres altos mandos del Estado Mayor del Ejército hoy fallecidos. “El otro día –dice la carta– cuando llamamos estábamos viendo televisión porque estábamos trabajando en una oficina, pero aquí todavía no tenemos televisión (...) A esa oficina vamos a trabajar casi todos los días. El otro día vinieron de visita (a la oficina) 6 generales, entre ellos Vaquero, Jáuregui y Martínez y nos preguntaron algunas boludeces. Los que estábamos ahí no éramos todos, sino un seleccionado de cuatro solamente entre los que estábamos papá y yo. Yo era la única mujer (y a los milicos les cuesta mucho aceptar que una mujer labure en una oficina de ellos).” “Papá” es el sociólogo y escritor Roberto Eugenio Carri.

Otra carta es de Pablo Bernardo Szir, secuestrado el 30 de octubre de 1976 en Ramos Mejía. En noviembre llamó a la familia por primera vez y desde entonces llamó y escribió hasta que se entrevistó con sus hijas en junio de 1977. En una de las cartas describe el lugar de trabajo forzado en el “Cuartel de Ciudadela”: “Bastante seguido vamos al cuartel para los trabajos de oficina, pero también –dijo– a veces pasan largas semanas de encierro y aislamiento”.

En el año 1984, la Conadep describió algunas características de este centro clandestino publicadas luego en el Informe Nunca Más. Como dice Rafecas, allí también está presente la dualidad del espacio en el que convive la presencia de la tortura y del trabajo forzado de los detenidos ilegales, en un escenario donde carceleros y victimarios permiten escribir cartas a los detenidos destinadas a sus seres queridos o mantener contactos ocasionales. “¿Qué se proponían quienes tenían detenidas ilegalmente a un grupo de personas a las que permitían ponerse en contacto con sus familiares?”, se pregunta en ese momento la Comisión. Y responde: “No podemos contestarnos esta obstinada pregunta”. Aquel viejo informe que acaso comenzará a tener algunas respuestas a lo largo de este juicio transcribe otros tres párrafos de una carta de Ana María. Y allí, las sensaciones y especulaciones que atravesaban a quienes estaban en ese lugar. “De todos modos hay algunas cosas que nos preocupan –dice ella–. En primer lugar, lo nuestro no sé cómo va a terminar. Este fin de año, antes de que se concretaran los pases, estuvieron hablando a ver qué hacían con nosotros; supongo que la discusión debe haber sido en la Brigada. Allí hubo tres posiciones: unos decían que ya la guerra estaba casi terminada y nosotros ya no prestábamos ninguna utilidad, por lo tanto había que matarnos; otros decían que ya no éramos útiles y que había que pasarnos a disposición del PEN y otros decían que seguíamos siendo útiles y que lo íbamos a ser por un tiempo largo y, por lo tanto, no podíamos seguir viviendo en esta situación por tanto tiempo. Como no hubo acuerdo, la discusión se postergó, lo cual es favorable, creo yo, porque a medida que pase el tiempo la cosa se ablanda y es más difícil matarnos.”

Por el Sheraton pasaron, además, Juan Marcelo Soler y Graciela Moreno de Rial. “Ninguno de los detenidos desaparecidos citados más arriba –continúa el texto de la Conadep– volvió a tener contacto con la familia desde ese diciembre de 1977. Sus captores por fin habían tomado la decisión.”

El juicio oral será llevado adelante por el Tribunal Oral Federal 1 integrado por Adrián Grünberg, Oscar Amirante y Pablo Laufer. El mismo tribunal ya dictó condenas en la causa Automotores Orletti y está realizando el juicio por el Plan Cóndor.