Página/12 En España

Desde Barcelona

Desde el pasado 13 de junio es el primer teniente de alcalde de Barcelona –el número dos del gobierno municipal que encabeza Ada Colau– y desde hace meses uno de los promotores del cambio político que sacude a toda España. Pero Gerardo Pisarello lleva ya mucho recorrido hecho y antes de aterrizar en Barcelona –en 2001– su lucha por los derechos sociales y la democracia nacía con él en Tucumán, Argentina. Hijo de desaparecido –su padre fue secuestrado por los militares en el ’76–, este profesor de Derecho Constitucional no descansó hasta cumplir un sueño: devolverle a la ciudadanía el timón de la vida política. Ahora, con la enorme responsabilidad de una sociedad inu- sualmente esperanzada a sus espaldas, Pisarello apenas duerme y ve a sus hijos, pero asume con alegría el reto. “Es una oportunidad histórica”, repite, y de esa convicción saca fuerzas para intentar aprovecharla al máximo.

–Con este referéndum se jugó la suerte el pueblo griego y la democracia en general. Hoy todos somos Grecia. Frente al chantaje inaceptable de los grandes acreedores, defendemos el derecho de todos los países del sur de Europa a decidir libremente su futuro.

–Hay que ser consciente de que cuando uno gana el gobierno no gana el poder, sino tan sólo una parte, y ni te digo cuando se llega con 11 concejales de 41, como es nuestro caso. Hay que estar dispuesto a pactar y nosotros nos vamos a dejar la piel para que lo máximo de nuestro programa pueda cumplirse, intentando incorporar a otras fuerzas políticas con las que compartimos puntos concretos. Transformar también exige una cierta capacidad de diálogo que combine la apertura a la posición de los otros, con la firmeza en cuanto a determinadas líneas rojas, a las que no vamos a renunciar de ninguna manera.

–Algunas tienen que ver con nuestro código ético –como las relacionadas con la transparencia política y el romper el vínculo obsceno entre política y dinero que existió hasta ahora– y otras con la lucha contra la exclusión social. A pesar de ser un gobierno de sólo 11 concejales vamos a gobernar sin perder el impulso utópico que nos trajo hasta aquí y la convicción de que como ciudadanía tenemos más poder que el que nos quieren hacer creer.

–Muchas de las candidaturas municipalistas que se presentaron en mayo abrieron un camino, demostrando que a partir de nuevas prácticas democráticas era posible una alternativa al bipartidismo y gobernar con objetivos de justicia social. Es lógico que esa fuerza de cambio se reproduzca también en otras escalas, pero los procesos no son siempre miméticos y un proceso lento en el ámbito municipal no es fácilmente reproducible en toda una región, sobre todo cuando hay un tiempo tan breve como el que queda para las elecciones autonómicas de septiembre. Esto no quiere decir que no veamos con simpatía y mucha esperanza la aparición en Cataluña de propuestas que quieren acabar con el gobierno conservador de Convergència i Unió (CIU) y abrir un proceso constituyente que permita rediscutir las reglas de juego.

–Nos encontramos con Pablo –que es una persona a la que apreciamos y conocemos desde hace muchísimo tiempo– porque, como posible candidato a la presidencia de España, queríamos compartir con él un diagnóstico acerca de los límites que para cualquier gobierno municipal suponen las leyes recentralizadoras lanzadas en los últimos años por el Partido Popular (PP). Tanto él como nosotros creemos en la necesidad de reforzar el municipalismo como herramienta del cambio social y nos parece que para protegerlo es muy importante que se produzca un cambio también a otras escalas, en Cataluña y todo el Estado. Si Podemos representa ese cambio, es una esperanza para mucha gente.

–El apoyo obtenido por Barcelona en Comú es muy transversal y responde a un programa político que fue capaz de conjugar la defensa de la justicia social con la de la soberanía real de la ciudadanía catalana para decidir cómo quiere relacionarse con el Estado. Somos soberanistas en ese sentido y afirmamos que los catalanes tienen derecho a decidir cuáles son las reglas de juego sin pedir permiso, pero creemos que ese proceso no será creíble mientras esté en manos de un partido como CIU que pacta con el PP, que recorta en derechos sociales, privatiza la sanidad y está vinculado de manera estructural con la corrupción.

–Notamos cierta incomodidad porque no se esperaban que gente normal –que no pertenece a las grandes familias o a los partidos tradicionales– pudiera acceder al gobierno. CIU siempre tuvo una visión muy patrimonialista de las instituciones, como si fueran propias, y ahora están entendiendo que el juego democrático implica también esta posibilidad de que la gente “común” acceda a los lugares de poder.

–La verdad es que es un hecho histórico que demuestra una cosa fantástica: primero, el momento de grandes expectativas de cambio social por la incorporación de muchas personas que hasta ahora se habían sentido excluidas de la política; segundo, que eso refleja el carácter de Barcelona como ciudad plural y abierta. Frente a esto, también hay minorías que se sienten incómodas. Lo noto, por ejemplo, en algunas entrevistas con directores de grandes medios o banqueros importantes que lo primero que me preguntan es si entiendo el catalán, cuando es por todos sabido que nuestra campaña fue principalmente en este idioma. Hay un cierto paternalismo y elitismo por su parte, como si todavía no pudieran creer que gente como nosotros también seamos vecinos de la ciudad.

–Primero, una maquinaria colosal, que estamos intentando entender cómo funciona. Pero al mismo tiempo una plantilla de funcionarios enormemente competentes, muchos de los cuales esperaban que se produjera un cambio de este tipo para recuperar el orgullo de sentirse servidor público, y ésa fue la mejor noticia. La alcaldesa en persona y muchos de nosotros participamos en la detención de desalojos y nos implicamos activamente en la negociación con las entidades financieras. También retiramos la presencia del Ayuntamiento como acusación popular en contra de huelguistas y manifestantes, porque no estamos de acuerdo con que se criminalice la protesta.

–Para nosotros son bienvenidas las inversiones siempre que estén dispuestas a respetar los derechos sociales y ambientales básicos. Nuestra intención es crear una etiqueta social para ese tipo de inversiones porque creemos que eso daría prestigio tanto a las empresas como a la ciudadanía. Ya nos reunimos con diferentes grupos empresariales y nuestro mensaje siempre fue el de que una economía generadora de beneficios que se redistribuyan por toda la sociedad no sólo es más justa sino más eficaz. Queremos que Barcelona sea una referencia en economía solidaria y cooperativa.

–Este es nuestro gran reto, porque tiene que ser un movimiento en dos direcciones: hay que conseguir que la ciudadanía acceda al Ayuntamiento a través de mecanismos más sencillos y que los propios funcionarios municipales salgan a la calle. Estamos explorando para eso todas las posibilidades que ofrecen los medios digitales y así empezar a poner en marcha las consultas ciudadanas y los presupuestos participativos que son parte de nuestro programa. Este primer año va a ser fundamental para empezar a ver los frutops en ese sentido.