“Fuimos torturados. Estamos vivos. Tengamos memoria.” Las tres frases son las que eligieron los fundadores de la Asociación Sobrevivientes de la Tortura para definirse, en el marco de la presentación pública del colectivo, uno más que se suma a los organismos de derechos humanos, aunque con un objetivo claro y diferenciado del resto: “Buscamos ser contenidos en el sistema público de salud por ser lo que somos y no otra cosa: víctimas de la tortura, convivientes con las secuelas que nos dejó en el cuerpo”, explicó Alicia Graziano, una de sus integrantes, tras el acto formal, que se llevó a cabo en la sede de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

De todas las formas de llamar a las víctimas del terrorismo de Estado, Graziano se identificaba con la de ex preso político. Hasta noviembre del año pasado. Entonces, la habían convocado junto a otros compañeros con su misma historia reciente un grupo de vecinos del barrio porteño de San Telmo para brindarles homenaje. “Cuando agradecí a los vecinos, empecé a hablar de mi cualidad de sobreviviente, de lo difícil que era convivir con las secuelas físicas que nos había dejado la tortura, de la necesidad de un acompañamiento del Estado en eso”, reconstruyó. Los otros homenajeados coincidieron. Entonces, nació Sobrevivientes de la Tortura, que ayer se presentó públicamente como un colectivo que busca visibilizar el daño psicofísico y la discapacidad como secuela de la tortura que recibieron las víctimas del genocidio setentista.

A Graziano, por ejemplo, la picana le provocó una neuropatía en las dos piernas y a casi 40 años de haber recibido aquellas descargas eléctricas mientras permanecía encerrada en el Círculo Militar, espera que le instalen una bomba de morfina en el cuerpo “para soportar el dolor”. El flamante organismo, que ya tendió puentes con otros de su tipo –como Madres Línea Fundadora y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos– está trabajando en un proyecto de ley reparatoria. “No buscamos una reparación económica, sino de la salud. No queremos plata, sino que el Estado nos acompañe en el tratamiento de las secuelas que sufrimos”, apuntó Graziano. Entre sus lineamientos principales, el proyecto, que está en pleno nacimiento, solicita al Estado que adhiera al Protocolo de Estambul –Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes–, que se considere “implícita” la presencia de secuelas en todas las personas que fueron secuestradas y torturadas; que se incorpore en la elaboración de historias clínicas la pregunta sobre el sufrimiento de torturas y que se cree una disciplina en las instituciones sanitarias que trate estas secuelas físicas.