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Algunos aumentos de precios, aunque uno u otro mes logren mover los índices, no justifican hablar de inflación, mientras las subas no sean generalizadas. Y éstas resultan improbables con una política fiscal como la presente, orientada a la obtención de un considerable superávit primario, y una estrategia monetaria que se plantea como objetivo supremo ceñir los precios a metas establecidas. Esto no significa, sin embargo, que no existan amenazas para la estabilidad y que afrontarlas no imponga costos a la conducción económica.
Meses atrás, cuando el nivel de actividad amagaba amesetarse y el IPC tuvo dos meses (mayo y junio) de variación negativa, se conjeturó con un regreso de la deflación. Pero posteriormente el indicador dejó de caer y, por otra parte, el crecimiento del Producto se aceleró y las proyecciones para el año subieron hasta desbordar el 7 por ciento. La idea que comparten ahora con matices los economistas es que la economía podrá seguir creciendo (o reactivándose) por algún tiempo porque no afronta restricciones, como sería por ejemplo un estrangulamiento externo.
Sin embargo, en los sectores que más aprovecharon la sustitución de importaciones (textiles, confecciones, calzado, metalmecánica...) hay rigideces de oferta y aparecen cuellos de botella, con crecientes tiempos de espera para la provisión de algunos bienes. Es imposible que estas tensiones no se reflejen en los precios. Aunque la inversión está repuntando, la demanda de algunos insumos, bienes intermedios y finales pone a prueba la capacidad de oferta local y abre espacio a la recomposición de márgenes de rentabilidad.
La salida está en importar, pero esto implica dolarizar los precios internos, elevando el traslado del tipo de cambio, que fue bastante moderado. En relación a diciembre de 2001, antes de comenzar la devaluación del peso, el IPC aumentó 45,4 por ciento, algo así como la cuarta parte de la suba del dólar. De hecho, las importaciones vienen expandiéndose con vigor, y especialmente cuando provienen de extrazona, y en particular de Europa, incrementan el nivel medio de precios de la oferta de bienes.
La apertura con retraso cambiario reaseguró la estabilidad en los ‘90, eliminando a bajo costo toda restricción de oferta. Pero hoy la situación es otra. La devaluación provocó un salto de precios en el primer semestre de 2002, que se frenó por la ausencia de factores de propagación: ni los salarios ni las tarifas de los servicios públicos pudieron despegarse de sus niveles históricos nominales. Esto implica que aquel violento cambio de precios relativos dejó muchas cuentas pendientes y una eventual puja distributiva, que alguna vez ha de librarse.
Tanto al diseñar su proyecto presupuestario para 2004 como al acordar el programa con el Fondo Monetario, el equipo económico trabajó con una hipótesis inflacionaria que implica aumentos mensuales de entre medio y un punto. Los índices minorista y mayorista ayer difundidos (ver aparte) confirman esta visión, aunque respondiendo probablemente a razones diferentes. En otros términos: este deslizamiento en los índices se anticipa al reajuste de tarifas, postergado hasta el año próximo.
Economía sabe que, en alguna medida, los incrementos tarifarios van a repercutir sobre otros precios, pero sin embargo cree posible mantener congelados los sueldos públicos durante todo 2004. Es difícil anticipar, al respecto, qué grado de conflictividad se disparará en el Estado si el costo de vida empieza a ascender moderada pero sistemáticamente. Sería, ciertamente, un desafío político complicado para un gobierno como el actual, que se siente más cómodo enfrentándose a otra clase de presiones.