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En el marco de una investigación judicial, las empresas telefónicas tendrán la obligación de aportar a los fiscales bonaerenses la identidad de los llamados “bolseros” de líneas de teléfonos celulares y también de los usuarios finales de cada una de ellas. La medida, dispuesta mediante una circular por el procurador general bonaerense Eduardo Matías de la Cruz, tiene por objeto revertir una situación repetida hasta el cansancio en los casos de secuestros extorsivos, que impide conocer los nombres de los usuarios. Las líneas, compradas al por mayor a los “bolseros” –en algunas causas se comprobó que un solo revendedor tenía “hasta 3000 líneas a su nombre”, dijeron fuentes de la Procuración–, nunca son puestas a nombre del usuario real. En los casos en que el consumidor final es miembro de alguna banda, como nunca se hace la transferencia, la policía detecta el número del celular, pero el único nombre que aparece en los registros de la empresa propietaria de la línea es el del “bolsero”, por lo general ajeno a la organización delictiva.
“En algunos casos de secuestros, el primer llamado se hace, por ejemplo, desde Pehuajó. Como los celulares son con tarjeta, se usan una vez y se tiran. El segundo llamado lo hacen desde Chivilcoy, con otro celular y otro número de línea que figura a nombre de la misma persona, que nunca es el miembro de la banda que está comunicándose con la familia, lo que favorece al delincuente moverse sin poder ser individualizado”, explicó a Página/12 una fuente de la Procuración. En varias causas judiciales que tramitaron en la provincia de Buenos Aires pudo detectarse que en algunos casos “el nombre del mismo bolsero aparecía en hasta diez hechos distintos de secuestros extorsivos, lo que confirma la necesidad de revertir la situación”, dijeron fuentes de un juzgado de San Isidro consultadas sobre el tema.
Uno de los casos más notorios del problema ocurrió en el marco de la investigación del secuestro y asesinato de Diego Peralta. En la causa estuvo detenido el vendedor de celulares Ernesto Allende, que luego se comprobó que no tenía ninguna vinculación con la banda que participó en el hecho y por eso fue sobreseído, aunque tuvo que pasar varios meses en la cárcel. Otro celular, a nombre de Allende, había sido utilizado en el confuso intento de secuestro de María González, la madre del intendente de José C. Paz, Mario Ishii.
El mecanismo de comercialización es el siguiente: 1) El “bolsero” les compra a las empresas (Movicom, Personal, Unifom, etc.) “centenares y hasta miles de líneas que son puestas a su nombre”; el “bolsero” compra a 20 pesos y vende a 25 las mismas líneas a las empresas que luego andan haciendo sus negocios incluso por la calle; 3) el usuario compra la línea y el aparato en un comercio o en la vía pública. A la línea la recibe bajo el nombre del bolsero y en contadas ocasiones hace el cambio de nombre. Como usa el celular sólo con tarjeta, nunca tiene la necesidad de que le envíen una factura a domicilio y, por lo pronto, no tiene ni la obligación ni la necesidad de poner la línea a su nombre.
“El negocio del ‘bolsero’ está en los cinco pesos que recibe por la reventa de cada aparato, de manera que siempre compra en cantidad y por eso es frecuente que el mismo nombre aparezca en varios secuestros”, explicó un abogado penalista que intervino en algunos casos que alcanzaron notoriedad. La fuente de la Procuración explicó que se han comprobado “casos en los cuales una misma persona tenía hasta 3000 líneas que estaban a su nombre”. Los dos voceros coincidieron en que el problema se debe a que “las ventas y reventas se hacen en negro y, como resultado de las privatizaciones que se hicieron en los noventa, no existe ninguna ley que reglamente la comercialización, de manera que todo vale”.
La decisión adoptada ayer por el procurador De La Cruz establece que los fiscales que dependen de él podrán exigir a las empresas telefónicas el registro de datos de los “bolseros” y también de los usuarios a los que se termine vendiendo las líneas. De no existir una nómina con los nombres de “bolseros” y usuarios, las que deberán responder por la irregularidad serán las empresas prestatarias del servicio de telefonía celular.
La circular dada a conocer por la Procuración tiene por objeto “dotar al Ministerio Público Fiscal de los recursos apropiados para el esclarecimiento de los delitos” teniendo en cuenta que “la modalidad ‘bolsera’ en la telefonía celular tiene vital importancia en la comisión de diversos delitos que involucren imperativas comunicaciones entre quienes las cometen”. La disposición se conoció poco después de que el gobernador bonaerense, Felipe Solá, reclamara una investigación sobre el sistema de comercialización de celulares, por su íntima relación con el auge de los secuestros extorsivos, sobre todo en territorio bonaerense.
La resolución instruye a los fiscales para que en las investigaciones donde el origen de las comunicaciones constituya un dato fundamental se determine la identidad del usuario de un celular, siguiendo “la mecánica de inscripción y/o habilitación de los mismos en la correspondiente empresa prestataria del servicio, de acuerdo a las normas vigentes de la Comisión Nacional de Comunicaciones”.
En caso de “no poder determinarse el usuario real, se deberá objetivizar la investigación de la irregularidad hasta la prestataria de telefonía celular que debió incorporar los datos reales contractuales y habilitó la o las líneas de comunicación”. La disposición autoriza a los fiscales para que les pidan a las empresas que den a conocer “la metodología de habilitación de cuentas o créditos de grupos de líneas celulares denominadas `bolseras’ con un agente, subagente o directo a su empresa”.
Los fiscales podrán requerir también a la empresa que brinde en detalle “el mecanismo de activación y/o baja de los celulares por parte de quienes llevaron a cabo la operatoria para con los abonados desde el punto de venta hasta la prestataria”. También podrán pedir información sobre si intervinieron “agente o subagentes autorizados” para la habilitación o cambio de titularidad o baja de las líneas.