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“Ofende al orden y a la moral pública”: eso dice un e-mail recibido por la senadora bonaerense Elisa Carca sobre el proyecto de despenalización de la prostitución en la provincia de Buenos Aires, cuyo tratamiento está previsto para hoy. Sin embargo, el mensaje –proveniente de una institución educativa vinculada con la Iglesia– es una de las escasas muestras de oposición hasta ahora en un tema que suele levantar mucha polvareda. Aprobado por unanimidad en la Comisión de Legislación General, el proyecto plantea la modificación del Código de Faltas provincial, eliminando el artículo que castiga a “la prostituta o el homosexual que se ofreciere públicamente, dando ocasión de escándalo o molestando” y el que impone multas a quien se vista con ropa del sexo opuesto. “Nuestro código en lugar de perseguir a quienes explotan la prostitución mantiene penas para las víctimas, las más débiles de la cadena –dijo Carca a Página/12—. Queremos desterrar estas discriminaciones y garantizar el respeto a los derechos humanos.” Como no hay oposiciones planteadas, el proyecto podría tener media sanción hoy, siempre y cuando no se hagan sentir las presiones.
Es la segunda vez que Elisa Carca intenta esta modificación al Código: en 2001 presentó el mismo proyecto, que cayó sin que fuera tratado. Este año, en cambio, fue debatido y aprobado por unanimidad en la Comisión de Legislación General, por lo cual la senadora pidió el tratamiento sobre tablas para mañana. “No casualmente el Código de Faltas es de 1979, época de Camps al frente de la Policía Bonaerense –dice Carca–, y castiga a las víctimas de la prostitución. En cambio, el Código Penal no sanciona el ejercicio de la prostitución sino la explotación por parte de terceros.” En cuanto a la penalización del travestismo, la senadora apunta que ya hubo dos fallos, uno en Mar del Plata y otro en Bahía Blanca, declarando inconstitucional el artículo que impone multas a quien “en la vida diaria se vista y haga pasar como persona de sexo contrario”.
El proyecto apunta, por otra parte, a una situación bien conocida: la forma en que la Bonaerense alimenta su caja chica a costa de las mujeres que trabajan en la calle. “Esta es la posibilidad de terminar con la corrupción policial que sufrimos –dice Elena Reynaga, secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar)–, la posibilidad de que las compañeras no tengan que pagar ningún tipo de coima y que puedan volver a su casa cuando quieren y no cuando la policía decide.” Reynaga cuenta que hay lugares, como San Miguel o Moreno, donde “las chicas cumplen constantemente con cinco a treinta días de prisión en calabozos inhumanos: o aceptás la coima o tenés el arresto. En cambio –agrega–, los prostíbulos donde se explota a las mujeres, prohibidos por el Código Penal, están abiertos y sabemos quiénes son sus dueños, hombres vinculados con la policía y con la política. El caso San Miguel pareciera estar olvidado: allí, donde se explotaba a menores y se tenía a mujeres de otros países secuestradas, había involucrados policías, legisladores y miembros del Poder Judicial, pero sólo hay un tipo preso, Vicente Serio”.
En un tema que suele levantar fuerte oleaje, la cautela impuesta hizo que hasta ahora las críticas fueran limitadas. Una de ellas provino del secretario de Seguridad Interior de la Nación, Norberto Quantín, quien en declaraciones publicadas por medios de La Plata consideró que aprobar esta iniciativa sería dar “un paso atrás”. “Yo veo contradictoria esa declaración –sostiene Carca–, ya que Quantín dice por un lado que es un retroceso y por otro que hay que avanzar en la legislación que garantice el respeto de los derechos humanos. Le envié una nota para que me ampliara la información, aunque hasta ahora no tuve respuesta.”
También es esperable que la Iglesia o las organizaciones afines se opongan, tal como ya apuntan un par de e-mails firmados por particulares que recibió la senadora, provenientes del Instituto Superior deProfesorado Terrero, una institución ligada al Arzobispado de La Plata. Allí se fundamenta la oposición al proyecto en que “ofende al orden y la moral pública” y porque “la prostitución no puede equipararse con otros trabajos, ya que constituye una ofensa para la mujer y una acción discriminatoria hacia ella”. Hasta ahora, sin embargo, no hubo una declaración formal de la Iglesia. “Esto es lo primero que aparece –sostiene Carca–, no hubo otro tipo de presiones ni nadie me llamó para decirme que no avance con este tema.”
El proyecto tiene muchos puntos similares al aprobado recientemente en Entre Ríos y también a la forma que tomó originalmente el Código de Convivencia porteño, que tanto debate generó. Carca sabe que probablemente surja el mismo planteo: el escándalo que genera el ejercicio de la prostitución en las calles. “Sin embargo –sostiene–, nosotros no eliminamos la sanción al escándalo en la vía pública, sólo sacamos la pena a la víctima: todo lo demás sigue igual. Pero, como sucedió en la Capital, hay una intencionalidad en malinterpretar y poner en esta ley cosas que no son reales.”
En la Ciudad de Buenos Aires, tras la polémica que levantó presión durante meses, se aprobó en la Legislatura una ley que prohíbe la “oferta y demanda de sexo en la vía pública”.
Pero, según Reynaga, las contravenciones se las hacen siempre “a las trabajadores sexuales y a travestis, no a los clientes, aunque también está penada la demanda. Lo que pasa es que a los clientes les piden dinero. Se basan en el miedo que tiene el hombre: le dicen que le va a llegar la contravención a la casa y la mujer se va a enterar. Entonces el tipo abre la billetera”.