La Corte de Apelaciones de Nueva York le puso un límite al accionar del juez Thomas Griesa. Desde la Cámara le reclamaron al magistrado, por tercera vez, que respete las precisas instrucciones definidas por ese tribunal a la hora de determinar el monto del daño en una demanda colectiva. Así como hay juicios individuales iniciados ante Griesa por el default, existen también ocho “acciones de clase” (cada una corresponde a una serie de bonos) encabezadas por argentinos que rechazaron participar del canje. Fueron estructuradas por estudios de abogados carroñeros que juntaron unos pocos tenedores individuales para iniciar un litigio en beneficio de todos aquellos que se encuentren en una situación similar. Las reglas que sus superiores le indicaron seguir a Griesa podrían reducir la cifra de la sentencia definitiva en ese caso donde no están involucrados los buitres tradicionales ni los “me too” (“yo también”, en inglés) que reclaman los mismos términos de la sentencia pari passu.

Los demandantes ya obtuvieron una “acción de clase certificada”, es decir que se aceptó esa vía para canalizar sus reclamos. Todavía resta que se les dicte la sentencia por la cual se determina el monto del daño (se trata de un juicio tradicional por incumplimiento de pago y no por violar la cláusula pari passu). Sobre ese punto es donde las pretensiones del tándem Griesa-demandantes colisionaron con las definiciones de la instancia superior.

“El fallo demuestra que en la medida en que las decisiones de Griesa se aparten de los límites precisos que marcó la Corte de Apelaciones, estarán sujetas a revisión y serán factibles de ser revertidas”, indicó a Página/12 Sebastián Soler. El abogado especializado en derecho financiero internacional advirtió que “es la tercera vez que la Corte de Apelaciones le dice: ‘Así no’. Demuestra cuán dispuesto y cooptado está Griesa para hacer cualquier consideración jurídica que le piden los buitres”.

Inicialmente Griesa estableció como requisito para ser un miembro de la clase que el tenedor de los bonos demuestre que se guardó esos bonos a lo largo del juicio: los tenía en su poder al momento de iniciar el juicio (2004) y los mantuvo ininterrumpidamente hasta la sentencia (2010). Los demandantes argumentaron que no podrían cumplir con ese requisito. En ese momento, la Cámara le indicó a Griesa que sino lograban demostrarlo en forma creíble y sin inflar el monto –como había reconocido el propio Griesa– debían adecuar las acciones de clase en acciones individuales.

No lo hizo. En su lugar, el magistrado modificó los elementos que caracterizan las acciones de clase que él mismo había determinado originalmente, dejando de lado el requisito de “tenencia continua” del bono durante la causa. Argentina apeló esa decisión y la Corte de Apelaciones resolvió en favor del país.

Ayer, la Cámara le indicó con fastidio a Griesa que no cumplió con la instrucción que ese tribunal le había dado en otras dos oportunidades. Al no poder determinar en forma creíble la cantidad de la sentencia potencial no de transformar los reclamos en demandas individuales, sino que dejó de lado el requisito. Ahora deberá hacer lo que la Cámara ya le había dicho, es decir, adoptar el acercamiento individual.

Esto supondrá una considerable reducción de los montos de estas sentencias en estas acciones, ya que sólo podrán estar las tenencias de aquellos tenedores que se acerquen y acrediten el requisito de tenencia continua. Cuando el monto de la sentencia sea fijado, los demandantes tendrán un fallo a su favor, pero carecerán de un mecanismo para exigir sus fondos. Posiblemente recurrirán a la estrategia de intentar embargos.

Mientras Griesa se adecua a las órdenes de la Corte de Apelaciones, mañana recibirá a los buitres y los abogados del país para escuchar argumentos en otra causa denominada discovery. Como parte de su estrategia extorsiva extrajudicial los demandantes solicitaron que el juez sancione al país porque consideran que no respondió los pedidos de información realizados.