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Hace un año los trabajadores de la imprenta RR Donnelley llegaron de madrugada al portón de ingreso, ahí sobre la Panamericana en Garín, y encontraron el cartelito que habían dejado los dueños, los mismos que fueron denunciados por Cristina Kirchner como capitales buitre: “Estamos cerrando nuestras operaciones en Argentina y solicitando la quiebra de la empresa”. En asamblea decidieron ingresar a la planta y ponerla a producir. Era el 11 de agosto y al día siguiente pidieron las llaves a los guardias, entraron y pusieron en marcha las rotativas para no discontinuar la producción. “La situación está muy bien, en 12 meses de gestión obrera hemos dado pasos grandes en la administración y puesta en producción de la fábrica porque sumamos nuevos clientes, eso sube la producción y genera un aumento de nuestros salarios para acercarnos poco a poco a lo que ganábamos cuando estaba la patronal”, dijo a Página/12 Jorge “el Loco” Medina. Además, esto permitió incorporar más puestos de trabajo, sobre todo de las propias mujeres compañeras de los gráficos que quieren “ser parte de esta experiencia”, apunta.

“También logramos la aprobación de la cooperativa; Madygraf le pusimos en homenaje a la hija de uno de los trabajadores, y el pago de un porcentaje de la indemnización”, explica Medina. “Todo esto lo conseguimos denunciando en las calles la maniobra ilegal de Donnelley y al juez que les aprobó la quiebra en 24 horas”, apunta, y se refiere a la medida que, en su momento la Presidenta calificó como “quiebra express”. La Justicia comercial autorizó la locación a favor de la cooperativa hasta octubre, en tanto la denuncia por vaciamiento y desvío de fondos contra los dueños, cuyos detalles publicó Página/12, está trabada por un conflicto de competencia en la Justicia federal.

Medina –obrero gráfico, santiagueño, 31 años, miembro de la lista 1A que disputó la interna dentro del FIT– agrega que también denuncian a “la burocracia que hay detrás de las empresas recuperadas, que ponen palos en la rueda a los trabajadores que deciden organizarse, por eso son un gran triunfo de la gestión obrera todos los pasos que vamos consiguiendo”.

–¿Cuál fue la receta? ¿Ayudó la implementación de la guardería?

–Así es, porque se incorporaron las esposas de los compañeros, que ya venían organizadas en la comisión de mujeres surgida en 2011, cuando logramos enfrentar los despidos y reincorporarlos a todos. Cumplieron un rol fundamental en todo este proceso, detrás de cada trabajador hay una familia, y ellas tomaron en sus manos la lucha por los puestos de trabajo. Hoy podemos decir con orgullo que la mayoría ingresó, generamos nuevas fuentes de trabajo, somos ya 240 y seguimos incorporando gente a medida que aumenta la producción. Pudimos hacer la guardería-juegoteca con la solidaridad de estudiantes y docentes, vecinos y parlamentarios como Laura Vilches, Christian Castillo, Nicolás del Caño y Myriam Bregman que donaron parte de sus dietas.

–Sin embargo, los frentes judiciales siguen complicados.

–El juez de la quiebra, Gerardo Santicchia, nos sigue reteniendo el 15 por ciento de lo que facturamos, es una vergüenza. Su excusa es que necesita el 15 por ciento para cubrir los insumos y eso no es cierto porque los compramos nosotros. También estamos dando pelea por la expropiación, ya fue votada la ley por unanimidad en Diputados y está trabada en el Senado provincial. La lucha de fondo es por la estatización porque no sólo podemos garantizar los puestos de trabajo sino también ponerla al servicio de la sociedad imprimiendo manuales, libros y cuadernos. Lo hicimos y a la patronal le golpeó mucho eso, la Cámara Empresarial Gráfica se manifestó en contra de la continuidad de Madygraf, pero nosotros votamos en asamblea imprimir 10 mil cuadernos y los repartimos en las escuelas, nunca en 11 años en la fábrica me sentí tan orgulloso de hacer algo así.