Convertida en virtual think tank del candidato del Frente para la Victoria, la consultora de Miguel Bein cruzó la propuesta macrista de eliminación rápida del los controles de capital, el mal llamado “cepo”. En su última entrega mensual, difundida ayer miércoles y titulada “La restricción externa al tope de la agenda”, se insiste en la superación de la escasez relativa de dólares como el principal desafío para el comienzo del próximo período de gobierno, se rechazan los caminos propuestos por la oposición para superarla y se ofrece un plan alternativo de tres puntos fuertes.

El diagnóstico de Estudio Bein parte de las herencias del desendeudamiento de la última década. Entre 2005 y 2015, reseña, la deuda pública pasó del 60,6 al 40,5 por ciento del producto tras el reciente pago del Boden 2015. Luego, si se excluye la deuda neta de obligaciones intra sector público y con organismos internacionales, es decir, si se toma solamente la deuda con privados que flota en el mercado, la ratio queda en apenas 10,3 puntos del PIB, de los que sólo 7,2 puntos son en dólares. Estos bajísimos niveles de endeudamiento representan un punto de partida ideal para el inicio de un proceso de desarrollo. Sin embargo, la contracara de esta elevada solvencia fue la iliquidez en divisas que se expresa en la caída de las reservas internacionales a parir de la reaparición del fenómeno estructural de la restricción externa.

Si bien todas las propuestas económicas de los principales candidatos opositores diagnostican el problema de la escasez de dólares, “no todos los caminos conducen a Roma”. El informe explica que el freno del crecimiento fue el resultado de la restricción externa, la que demandó la instauración de los controles para cuidar las reservas. La secuencia fue así la contraria a la señalada por la oposición, que afirma que fueron los controles los que frenaron el crecimiento. El punto clave es que si hoy se levantasen estos controles de manera inmediata, como proponen los economistas macristas, se produciría automáticamente aquello que trataron de evitar cuando se instauraron a partir de 2012, el precio del dólar sería fijado por “el mercado” y no por el Banco Central, lo que daría lugar a una fuerte devaluación con efectos recesivos sobre la actividad y el empleo.

En la economía local, sostiene el informe, no existe margen para acompañar las devaluaciones “competitivas” provocadas por la fuga de capitales que enfrentaron los vecinos. “Cualquier intento de corregir en forma brusca el tipo de cambio corre el riesgo de terminar en una aceleración de la tasa de inflación, sin las ganancias en términos de competitividad buscadas al inicio”.

El trabajo acusa a la propuesta macrista de tres omisiones. La primera es desdeñar la relación entre la protección comercial y los precios internos, relación que permiten salarios elevados. Se oculta así la intención de facilitar una apertura de la economía que discipline la tasa de inflación a costa del empleo interno. La segunda es la relación entre el valor del dólar y los costos de los servicios públicos, energía y transporte. Se omite de esta manera que estos precios están mayormente dolarizados y se dispararían, lo que a su vez tendría un potente efecto fiscal al incrementarse el “atraso tarifario”. La tercera es la disparada de la tasa de interés en el tiempo que demandaría sostener la demanda de pesos una vez levantados los controles de capitales.

Por estas tres razones el informe concluye que “errar en el diagnóstico y en el orden y magnitud de las medidas requeridas puede ampliar los desequilibrios de base y llevar a la economía, o bien a una aceleración de la inflación, si sale mal la recomposición de precios relativos, o también a una recesión profunda, paradójicamente como resultado de que el ajuste “salió bien”.

En contrapartida se afirma que “por primera vez en décadas”, las condiciones de liquidez global y la baja deuda del país luego del desendeudamiento de la última década, habilitan un camino intermedio para recuperar las condiciones de crecimiento, pero manteniendo los niveles actuales de actividad, empleo y salarios. Para ello se propone no abandonar los controles de capitales sin avanzar previamente en “una estrategia de recuperación acelerada de reservas” que habilite a mantener un sistema de flotación cambiaria administrada en la que siga siendo el Banco Central quien determine el nivel del tipo de cambio.

Para ello, la consultora propone un plan de tres puntos:

1) “Generar incentivos para atraer los dólares retenidos de la exportación vía cambios en la política fiscal que devuelvan rentabilidad”. Para ello se parte del dato de que restan liquidarse 22 millones de toneladas de soja de la campaña actual cuya valuación alcanzaría los 7.600 millones de dólares. Incentivar la exportación de parte de este stock obviamente inyectaría dólares comerciales al BCRA. Estudio Bein cree que ello se lograría “devolviendo rentabilidad” vía un plan sectorial que elimine las retenciones a todos los cultivos salvo a la soja, para la que se reducirían a una alícuota del 10 por ciento, el aumento de algunos reintegros, hasta el 12 por ciento que permite la OMC, y la eliminación de los ROE. Esta “devaluación fiscal” tendría un costo de 70.000 millones de pesos en 2016 que se compensarían con la eliminación de los subsidios a las tarifas de los servicios para los sectores de mayores ingresos.

2) “La puesta en marcha de un esquema voluntario de repatriación de capitales que permita en el arranque generar el retorno de parte de los dólares de los argentinos en el exterior”. El dato duro es que existen más de 200.000 millones de dólares de argentinos “fuera del sistema”, en el exterior o en el colchón, de los que 85.000 millones estarían en billetes. Aquí se propone un esquema para la repatriación de ente 5.000 y 8.000 millones.

3) Finalmente “apelar al financiamiento bilateral y o de organismos internacionales”, BID, Banco Mundial y Corporación Andina de Fomento. La idea es que existen créditos disponibles, fundamentalmente para obras de infraestructura, y que el país subutilizó estos recursos en los últimos años.

En conjunto, aliviar la restricción externa por estas tres vías alternativas sería una forma de reducir la urgencia para negociar con los fondos buitre en Nueva York, lo que permitiría relajar la negociación con miras al regreso a los mercados formales de crédito a medida que avance el proceso de desarrollo.