El juez de la Cámara Federal de Casación Penal Eduardo Riggi fue acusado por la fiscal Paloma Ochoa de haber participado de una maniobra destinada a aliviar la situación del ex líder de la Unión Ferroviaria (UF) José Pedraza y una patota del gremio en la causa sobre el asesinato de Mariano Ferreyra a través del pago de sobornos en ese tribunal. Después de cuatro años en los que (en un acto de corporativismo explícito) veinte jueces se excusaron y eludieron investigar esta trama, Ochoa pidió la indagatoria de Riggi, uno de los escrachados en las escuchas telefónicas que revelaron uno de los escándalos de corrupción más grandes en el Poder Judicial. Ahora la decisión de citarlo o no está en manos del juez Norberto Oyarbide.

El homicidio del joven militante del Partido Obrero fue el 20 de octubre de 2010, cuando una patota de la UF atacó a quienes se manifestaban contra la tercerización laboral en la línea Roca. En los inicios de la investigación sobre el crimen se hicieron escuchas telefónicas en las que sorpresivamente y con tramos desopilantes quedaron registradas las huellas de la planificación de un soborno a jueces de Casación, revelado y abortado cuando estaba por concretarse. “Informan del otro lado que son verdes”, fue una de las frases grabadas en el contestador automático de Pedraza. La dijo un ex agente de la ex SIDE, Juan José Riquelme, quien actuaba como lobbista, frecuentaba tribunales y aparecía como el armador del plan. Le aclaraba a Pedraza que debía pagar en dólares, no en pesos. ¿Qué había que pagar? Que la causa le tocara a la Sala III de Casación, que integraba Riggi, y que luego se firmara un fallo que liberara a la patota y beneficiara al entonces titular de la UF.

Riggi “formaba parte de un pacto previo que culminaría con la entrega del dinero prometido a contraprestación de” una “resolución judicial”, dice el dictamen de la fiscal Ocha. “No sólo estaba al tanto de las maniobras ejecutadas por el resto de los imputados”, señala. Se refiere, además de Pedraza y Riquelme, a Angel Stafforini, contador de la UF, al abogado Octavio Aráoz de Lamadrid, quien fue durante una década secretario de Riggi, y el ex secretario judicial Luis Ameghino Escobar (h). Con las escuchas se estableció que parte del dinero lo trasladaría Stafforini al estudio de Aráoz, amigo de Ameghino, quien estaba en la oficina de sorteo de expedientes. Todos ellos fueron procesados por cohecho cuando todavía la causa tramitaba en la justicia ordinaria. A la federal pasó el año pasado y ahí se empezó a apuntar a la responsabilidad judicial.

Riquelme, en las conversaciones, llamaba a Aráoz de Lamadrid “el amigo de la calle Viamonte” (ahí está su estudio), a Ameghino “el señor de las teclas” (porque el sorteo es informático) y a Riggi “don Eduardo” o “el amigo Eduardo”. Hablaba del día 2, por el 2 de febrero de ese verano de 2011, cuando debía estar pagado el soborno. Al final, un seguimiento a Stafforini al juzgado de Araoz determinó cuándo llevó allí 50 mil dólares, finalmente incautados. A esa altura, el expediente ya estaba “sorteado” y radicado en la Sala III, que además de Riggi integraban Gustavo Mitchell (quien renunció en medio de esta investigación) y Liliana Catucci, y en cierto momento Mariano González Palazzo como subrogante. Riquelme aludía a conversaciones con Mitchell y a regalos o “atenciones” de fin de año que enviaba Pedraza.

La fiscal Ochoa detalló que Riquelme “entabló un sinnúmero de conversaciones con el resto de los consortes de la causa” y que con Riggi fueron por lo menos “cuatro”, en un período clave: 6 y 15 de diciembre de 2010 y 1 y 11 de febrero de 2011. “Las llamadas efectuadas entre Riggi y Riquelme se sucedieron de forma paralela a la puesta en marcha del entramado de acciones que desplegaron el resto de los imputados”, sostiene Ochoa.

La participación de Riggi, afirma Ochoa, consistió en “haber acordado con Aráoz y, a través de éste con el resto de los imputados, una resolución favorable, previo pago de una suma de dinero aun no determinada” para revocar “los procesamientos y las denegatorias de las excarcelaciones de los imputados” por el homicidio de Ferreyra que “mediante un sorteo irregular practicado el 26 de enero de 2011 por parte del ex funcionario de la sala de sorteos Ameghino Escobar recayeron para su tratamiento en la Sala III”. La fiscal sostiene que nadie actuó solo, todos tenían “distintos roles” pero una misma “finalidad”, que se resolvería el “día 2”, tras el pago con un fallo.

En ese momento Pedraza todavía estaba en libertad. Su expectativa era evitar la cárcel. Desde el 22 de febrero de ese verano está preso. Lo condenó a 15 años de prisión por el asesinato de Ferreyra el Tribunal Oral 21 y confirmó la decisión la Cámara de Casación este año, que también dejó firmes el resto de las condenas a ferroviarios y policías.

El Centro de Estudios Legales y Sociales, querellante en ambas causas en representación de la mamá de Mariano, pidió el juicio político de Riggi en el Consejo de la Magistratura, que hasta ahora no hizo demasiado.