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La economía, que iba a ser un lastre para el oficialismo en estas elecciones, llega al domingo de los comicios entera y en marcha. La inflación no subió sino que bajó respecto del año pasado, lo mismo que la desocupación; los acuerdos salariales en la gran mayoría de los gremios serán superiores al aumento de precios en el balance anual, y mayor aún será la mejora del poder adquisitivo de jubilaciones y asignaciones sociales; las políticas contracíclicas como Ahora 12 y Pro.Cre.Ar. apuntalaron el consumo y las inversiones en construcción; la falta de acuerdo con los buitres no asfixió financieramente al Estado como se había previsto; el Banco Central no se quedó sin reservas, pese a duplicar la venta de dólares para atesoramiento respecto al año anterior y afrontar el vencimiento del Boden 2015 por 5900 millones de dólares; el reconocimiento de derechos se amplió en más de 600 mil jubilados con la nueva moratoria y en más de 300 mil jóvenes estudiantes con el plan Progresar, llegando a un record de más de 17 millones de personas atendidas por transferencias estatales a través del sistema previsional y de la seguridad social, contra 6,5 millones en 2003. Es solo una comparación rápida entre lo que se decía que iba a pasar si no se seguía la agenda de los economistas que representan a los acreedores y a las clases acomodadas y lo que ocurrió. Esa ha sido una constante en doce años de kirchnerismo, marcados por una confrontación abierta con la ideología, los razonamientos, los límites, las imposiciones y el discurso antes hegemónico neoliberal, con resultados virtuosos y hasta el reconocimiento de la oposición de continuar con políticas centrales que condujeron al país a lugares inimaginables el 25 de mayo de 2003, cuando la Argentina parecía no tener destino y se hablaba de entregar la gestión económica a un comité de “notables” del FMI. El Arsat 2, por ejemplo, era entonces ciencia ficción.

Para quien no recuerde, cuando Néstor Kirchner asumió aquel día, las páginas económicas de los diarios dominantes estaban pendientes del dictamen que se disponían a entregar los expertos que el organismo internacional había enviado al país para hacer un diagnóstico sobre cómo superar el desastre al que habían llevado las políticas del Consenso de Washington. El comité de notables, así se llamaba, estaba integrado por el gerente general del Banco Internacional de Pagos de Basilea, Andrew Crocket, y los ex presidentes de los bancos centrales de Alemania, Hans Tietmeyer; de España, Luis Angel Rojo; y de Canadá, John Crow. También se discutían documentos como el de los economistas Rudi Dornbusch y Ricardo Caballero, “Argentina: un plan de rescate que funcione”. “Dado que el sistema político está sobrepasado, debe ceder transitoriamente su soberanía en el manejo de los asuntos financieros. La seguridad financiera es la clave desde donde debe crearse la estabilidad para empezar a pensar en finanzas públicas sanas, en ahorro e inversión”, recomendaban. Otro documento de aquellos días fue presentado por la estadounidense Fundación Heritage, pro republicana, elaborado por los economistas Brett Schaeffer y Ana Eiras: “La Argentina debe adoptar el dólar como moneda oficial, aumentar más las medidas desregulatorias, fomentar el libre comercio, reducir el gasto público y los impuestos”. Y daba recomendaciones también al gobierno norteamericano para socorrer al país: “La administración Bush debería suministrar pericia técnica, como el envío de expertos del FBI y del Departamento de Justicia para asesorar al gobierno argentino en relación con la reforma del sistema judicial. Además, Estados Unidos puede ayudar a la Argentina con un acuerdo de libre comercio entre ambos países”. La cita aparece en el informe “La crisis argentina y el comité de notables del FMI”, de Sergio Daniel Aronas.

Hoy todo eso es ciencia ficción, pero en aquel momento eran opciones razonables para los economistas ortodoxos. El kirchnerismo demostró que las encrucijadas económicas que supuestamente solo podían superarse resignando soberanía, vulnerando derechos de los trabajadores, acumulando señales de buena conducta para los mercados financieros tenían mejor resolución con políticas heterodoxas, orientadas a fortalecer el mercado interno, el empleo y la inclusión social. Terminar con las AFJP, reestatizar YPF, crear la Asignación Universal por Hijo o reinstaurar las paritarias nunca formaron parte de las opciones imaginables de aquellos sectores, que por el contrario las combatieron y denostaron cuando aparecieron en escena. Lo mismo ocurrió cuando se hizo un corte en la relación con el FMI, con la reestructuración de la deuda y con la constitución del fondo de desendeudamiento. La enumeración completa excede el espacio de esta columna. Por eso sorprende encontrarse todavía hoy con planteos similares para enfrentar los desafíos del presente por parte de sectores afines al oficialismo.

El último informe de la consultora de Miguel Bein marca otra vez el límite de lo posible. Para saldar la restricción externa, que “está al tope de las prioridades en todas las agendas que vienen”, hay que “mejorar la competitividad del sector externo”. Las alternativas serían dos: devaluación brusca, apertura acelerada de la economía, ajuste fiscal, suba de tasas y sinceramiento de precios, que conformarían el programa opositor, o seducción con incentivos fiscales y crediticios a los sectores que generan divisas para que las traigan al país, que es el corazón de su propuesta. Eso incluye la eliminación generalizada de retenciones a las exportaciones, una rebaja de 15 puntos porcentuales en el caso de la soja y reintegros de hasta 12 puntos a las ventas al exterior. Eso tendría un costo que el documento estima en 70 mil millones de pesos, que debería ser compensado con la reducción de subsidios a los servicios públicos. Además de esa redistribución de ingresos a favor de los exportadores debería haber una “corrección del esquema actual de ROEs (Registros de Operaciones de Exportación)”, que no detalla, pero que en el contexto del informe sería para liberar controles y regulaciones a las ventas externas agropecuarias. También sugiere que “es deseable ir reduciendo la incidencia” de los controles de capitales “a medida que se avanza” con una agenda de “recuperación del capital de trabajo y de precios relativos” de sectores transables.

Otra de las sugerencias es ofrecer condiciones más ventajosas que las actuales para un blanqueo de capitales. Y a eso se suma buscar “financiamiento bilateral y o de organismos internacionales”, que no incluyen al FMI. Con una combinación de todas esas medidas, “la Argentina podría lograr una recomposición en la liquidez que le permita negociar desde una posición de mayor fortaleza con los fondos buitre”. “Esto ayudaría al país a acceder en mejores condiciones a los mercados de crédito internacionales”, que sería en definitiva la manera de superar en lo inmediato la restricción externa. “Devolver rentabilidad a la exportación”, recortar subsidios y controles a capitales concentrados, enviar señales a los mercados, acordar con los buitres y retomar el endeudamiento financiero se parece más al Bein que fue parte del equipo económico de José Luis Machinea al principio del gobierno de la Alianza que a un asesor de estilo kirchnerista. Un dato que aporta el informe de su consultora da una pista de otras puntas posibles para batallar contra la restricción externa. En 2006, el stock de activos externos de los argentinos se ubicaba en 117.420 millones de dólares, en tanto que a fines de 2014 la fuga de divisas había ascendido a 204.399 millones. Diseñar estrategias más eficientes para obturar los mecanismos de fuga y profundizar la regulación de capitales en alianza con otros países, dentro del marco del G-20 o la ONU, puede parecer hoy ciencia ficción, como en su momento lo parecía conseguir el apoyo de 136 países en la Asamblea General de Naciones Unidas para fijar reglar a los fondos buitre, pero el kirchnerismo lo hizo.