El juez federal Claudio Bonadio efectuó ayer un allanamiento en la mesa de operaciones del Banco Central en plena operatoria cambiaria, en busca de documentación sobre una denuncia de la oposición contra las autoridades del organismo por la venta de dólares futuro. La información que fue a relevar el magistrado, con apoyo de la Policía Metropolitana, se encontraba desde la mañana en su escritorio, dado que había sido remitida por el organismo, pero Bonadio aseguró que no se pudo detener el procedimiento, el cual comenzó a las 14.22. De esta manera, sumó su aporte a la pata judicial de la campaña electoral a cinco días del ballottage. El procedimiento también incluyó la sede del mercado de futuros rosarino, Rofex, donde se negocian estos contratos de cobertura de cambio. Desde el Central interpretaron que se buscó amedrentar con la medida judicial, dado que habían enviado voluntariamente la documentación requerida. “No sé lo que trajeron, porque estábamos pendientes del allanamientos y no lo empezamos a mirar”, reconoció el juez en declaraciones radiales mientras continuaba con el operativo. El Central envió un comunicado en el que sostiene que la denuncia carece de fundamentos y sólo persigue un rédito electoral. La presidenta de la Nación sugirió que la intención del allanamiento podría haber sido interrumpir el normal funcionamiento del BCRA en el mercado de cambios. “Ya no estaríamos ante una corrida bancaria, sino que estaríamos ante un hecho inédito: una corrida cambiaria judicial”, comentó a través de su cuenta de Twitter.

A falta de propuestas, buenas son las denuncias. El circo montado en torno de una denuncia de dos ex directivos del Central y ahora integrantes de espacios de la oposición corrió con una celeridad inusitada. “En estos casos, la investigación suele realizarse ex post a la acción; es decir, se inicia en caso de que haya un perjuicio concreto y no una presunción de que se realizó un negocio poco rentable”, explicaron a este diario fuentes del Ministerio de Economía. A menos de una semana de que el fiscal en lo Criminal y Correccional Federal Eduardo Taiano diera curso a la investigación sobre la denuncia que impulsan los diputados nacionales macrista Federico Pinedo y el radical Mario Negri –ambos integrantes del espacio Cambiemos–, el juez Bonadio llevó a cabo el operativo. Más llamativo fue que la documentación que fue a buscar había sido presentada más temprano de manera espontánea (la segunda vez) por los abogados de la autoridad monetaria. El viernes pasado, cuando Taiano dio curso a la denuncia, se había hecho una primera presentación certificada de la documentación.

La endeble denuncia de Pinedo y Negri se basa en un supuesto delito de defraudación de la administración pública por operar en el mercado de dólar a futuro. En la presentación se cuestiona que el organismo ofrece cobertura a un tipo de cambio de 10,65 pesos para los primeros meses del año próximo, “cuando podría hacerlo sin dificultad a un valor de 14 o 15 pesos”. La intervención en el mercado a futuro es una estrategia habitual que utilizan todos los bancos centrales del mundo con el objetivo de dar certeza sobre la pauta de devaluación de la moneda y brindar cobertura a grandes empresas, exportadores y bancos. Y en la Argentina está contemplado en la Carta Orgánica. En el país se utiliza este mecanismo desde 2004. La operación es un contrato entre dos partes que permite a quien compra asegurar el precio de un activo, si prevé que vaya a subir durante el lapso pactado, mientras quien lo ofrece estima una baja o un una menor alza. “Las operaciones de futuros se concertan en mercados institucionalizados, en los cuales se opera en pesos; es decir, las contratos futuros se compensan y liquidan en moneda nacional, al igual que la constitución de las garantías correspondientes”, señala el comunicado del Central.

La denuncia es sobre la diferencia que debería abonar el Central por los contratos abiertos a la fecha, lo que denota la intención, que el macrismo evita pronunciar, de llevar a un shock devaluatorio que alcanzaría al 50 por ciento, dado el valor que utiliza en el escrito, como referencia, es el precio en el paralelo. La cobertura que ofrece el Central por estos días es sobre la base de la estimación para el dólar dispuesta en la Ley de Presupuesto 2016 (10,60 pesos), que difiere de la devaluación prevista por el macrismo en ese año.

El fiscal Taiano dio curso a la denuncia y habilitó que se realice una investigación. “El jueves y viernes se le tomó declaración testimonial a (Alfonso) Prat-Gay y a (Martín) Redrado, quienes pusieron las razones técnicas que sostenían esta denuncia”, sostuvo ayer el juez Bonadio. La argumentación de Redrado se basó en comparar los precios implícitos en los contratos con el costo de adquirir la divisa vía la compraventa de activos bursátiles (dólar Bolsa). El cotejo es inconsistente, dado que los contratos se cancelan con la cotización oficial de la divisa y no con precios del mercado paralelo. Durante su gestión al frente del BCRA, Redrado, entre 2008 y 2009 perdió 2100 millones de pesos en la misma operatoria.

Por su parte, Prat-Gay lo compara con el precio del dólar futuro en Wall Street. “No existe relación directa entre los mercados de futuros que operan en la Argentina y en el mercado del exterior. Los agentes que operan en el exterior, concretamente en la plaza de Nueva York, en el llamado Non Delivery Forward (NDF), deben contar con activos en dólares y, por otra parte, existe una serie de regulaciones del mercado de capitales que inhiben la posibilidad de un arbitraje especulativo entre ambos mercados”, explicaron desde el Central en su comunicado.

El cuerpo legal del BCRA presentó el viernes parte de la documentación y la amplió ayer por la mañana. No obstante, Bonadio buscó dar un golpe de efecto con el allanamiento, pese a reconocer que había recibido la información que fue a buscar. “El procedimiento comenzó alrededor de las 14, en pleno horario de funcionamiento de la mesa de operaciones del Banco Central, con la gravedad que ello implica para el normal funcionamiento de los mercados cambiario y financiero. El horario cambiario rige entre las 10 y las 15.30”, explicó una fuente oficial. No es la primera causa que surge tras las elecciones generales del 25 de octubre. Desde el 4 de noviembre pasado se cuentan:

- La Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la ley de subrogancia.

- Ordenó a YPF hacer público el acuerdo con Chevron.

- Mantuvo vigente la suspensión de la adecuación del Grupo Clarín a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

“El Banco Central reitera que su intervención en el mercado de futuros es absolutamente transparente y que toda la información y documentación correspondiente está a disposición de la Justicia, con la cual seguirá colaborando estrechamente en la medida en que ésta lo requiera”, concluye el comunicado.