En junio de 1976, el ex agente de inteligencia de la Policía Federal de Rosario Enrique López inscribió como hijo propio a Pablo Germán Athanasiu Laschan. Lo nombró Carlos López en un trámite para el que presentó un certificado de nacimiento que aseguraba, falsamente, que su concubina, Carmen Saunier, había parido al niño. Según la fiscalía y Abuelas de Plaza de Mayo, López y Saunier recibieron en la sede rosarina de la Federal, de manos del entonces comisario Juan Dib, a ese bebé que había sido secuestrado meses antes junto a sus verdaderos padres, militantes del PRT-ERP que permanecen desaparecidos. Ayer, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 5 de la ciudad de Buenos Aires comenzó el debate oral en el que se determinarán las responsabilidades penales por la sustracción y la apropiación de Athanasiu Laschan quien conoció su verdadera identidad hace dos años y se suicidó hace poco menos de uno; la alteración de su estado civil y la falsificación de documentos que acreditaban quién era. El caso, para Pablo Parenti, titular de la unidad fiscal especializada en apropiación de niños durante la última dictadura y representante del Ministerio Público en el debate junto a Miguel Osorio, “claramente exhibe el vínculo estrecho entre el terrorismo de estado y el robo de bebés durante la última dictadura: los acusados de entregar y de apropiarse de Pablo Athanasiu Laschan eran partícipes activos de la estructura represiva del Estado”. López y Dib se negaron a declarar. Por un “contratiempo doméstico”, Saunier no participó de la audiencia, aunque deberá acudir a la siguiente, que se llevará a cabo el viernes próximo.

Los jueces Adriana Palliotti, Oscar Hergott y Daniel Obligado inauguraron el juicio con la lectura de las acusaciones en contra de los imputados López y Dib. El viernes, el tribunal deberá definir sobre el pedido de suspensión del juicio en contra de Saunier que realizó su defensa. La apropiadora de Pablo Athanasiu Laschan sufrió un ACV meses atrás, aunque los peritos consideraron que está en condiciones “tanto físicas como psíquicas” de participar del juicio.

López y Dib sí estuvieron presentes ayer, aunque se negaron a declarar. El tribunal ordenó la lectura de lo expresado por Dib durante la instrucción, cuando negó todo vínculo con los delitos por los que se lo acusa. De López no hay declaración alguna, ya que siempre prefirió el silencio.

La querella de Abuelas de Plaza de Mayo responsabilizó a la pareja de criar a Pablo Germán Athanasiu Laschan “en un ambiente falso, de imponerle lazos familiares falsos en el marco de una realidad falsa; de alterar su identidad con nombres y apellidos extraños”. “Sus familias realizaron constantes reclamos a las autoridades argentinas, sin éxito. Pero jamás prestaron confianza a López y Saunier” para que ellos lo inscribieran como hijo propio, sostuvo Iud en el requerimiento de elevación a juicio.

Angel Athanasiu y Frida Laschan, los padres, eran militantes chilenos del Movimiento de Izquierda Revolucionaria cuando la dictadura pinochetista los obligó a escapar hacia Argentina, en 1974. Frida le contó a su papá, a principios de 1975, que estaba embarazada. Pablo nació en octubre de ese año. En abril de 1976 los tres fueron secuestrados y llevados, se cree, al centro clandestino Automotores Orletti. Angel y Frida permanecen desaparecidos y, mientras pudieron, sus familias biológicas nunca dejaron de buscarlos. En 1982, Abuelas de Plaza de Mayo radicó la denuncia por la apropiación de Pablo en el juzgado de María Servini de Cubría, que luego fue ratificada por su abuelo materno. Pasaron tres décadas; los abuelos maternos y paternos de Pablo fallecieron en el camino, sin poder conocerlo. La causa judicial avanzó cuando el joven buscado se convirtió en el nieto número 109 identificado por Abuelas de Plaza de Mayo. Pablo se suicidó en abril pasado.

No es el único delito de lesa humanidad por el que López está siendo investigado. De hecho, llegó al juicio oral que comenzó ayer detenido en Marcos Paz. Dib, por su parte, también está sospechado de haber participado en secuestros y torturas en Rosario. En cuanto a él, las partes acusadoras también coinciden en señalarlo como el “entregador” del hijo de Angel y Frida, por lo que le endilgan la participación necesaria en su retención, ocultamiento y alteración de su estado civil. Cuando el hecho bajo análisis sucedió, Dib era comisario de la delegación rosarina de la Policía Federal y López, agente de inteligencia de esa fuerza, estaba a su cargo, aseguraron tanto la fiscalía cuando la querella en sus respectivos requerimientos.