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Dos semanas atrás se concretó la primera importación de petróleo a través de empresas privadas. El Ministerio de Energía autorizó a las empresas refinadoras a importar el crudo para aprovechar el diferencial entre el precio local y el internacional, con el objetivo de recomponer el nivel de rentabilidad en la elaboración de combustibles. La diferencia entre el precio local y el internacional reconoce dos orígenes. La política petrolera que, desde 2012, impulsó el gobierno nacional para recuperar el autoabastecimiento, fijándole un precio interno al barril de crudo desenganchado del precio internacional, por un lado. Por otro, la crisis mundial del mercado petrolero, desatando una caída del 70 por ciento en la cotización internacional. En esas circunstancias, el petróleo extraído del subsuelo argentino se pagaba a 77 dólares el barril (hasta diciembre) para la refinación local, mientras el barril importado se puede obtener por menos de 40 dólares. El ministro de Energía actual descree de estas políticas de incentivo, y empieza a desandar de a poco –ante la imposibilidad de hacerlo de una vez– el esquema anterior. Pensando en costos internos antes que en autoabastecimiento o trabajo local, Juan José Aranguren le abrió las puertas a la importación. La primera licitación fue convocada por Oil Combustibles, la empresa de un empresario muy cercano al gobierno anterior, Cristóbal López. El concurso lo ganó una subsidiaria de Shell, la empresa cuya titularidad dejó Aranguren hace un año para embarcarse en la campaña de Cambiemos. Cambia, todo cambia en el sector petrolero.

No fue esta operación de importación la única señal de un cambio drástico y de fondo de la política petrolera. Antes, a fines de diciembre, Aranguren le había planteado a las concesionarias de yacimientos que el gobierno buscaría acercar el precio local al valor internacional, como una aproximación a una futura liberación del precio. El primer paso fue una baja de diez dólares al barril de crudo tipo Medanito (un petróleo liviano de menor costo de refinación, apto para las destilerías argentinas), que quedó en torno de los 67 dólares. El crudo pesado, tipo Escalante (que muy pocas destilerías pueden procesar), también vio reducido su precio para el mercado interno, a 54,90 dólares el barril. Aun así, el precio local mantiene un diferencial importante con la cotización internacional.

La perspectiva de la eliminación de las políticas de incentivos puso en revisión los planes de inversión de las petroleras. Revisión no es sinónimo de reducción, pero de ese repaso son muy pocas las que han decidido mantener los planes anteriores. En definitiva, eliminar los incentivos es levantar las barreras que hasta ahora separan la realidad petrolera local de la realidad mundial, lo cual significa asimilarse a esta última. Y la realidad del mercado petrolero mundial muestra una profunda crisis.

La caída en picada en el precio del petróleo ya ha provocado decenas de miles de despidos en el mundo. Un informe publicado por un portal español especializado daba cuenta, un mes atrás, de más de diez mil despidos en México entre empresas subcontratistas de Pemex por la reducción en su nivel de actividad; un recorte de 7000 puestos en la plantilla de Baker Hughes, empresa estadounidense que está entre los mayores proveedores de servicios petroleros del mundo. La firma fue adquirida en 2014 por Halliburton (segundo mayor contratista mundial), que a su vez recortó el mes pasado en 4000 empleos su plantel y esta semana sumó otros cinco mil despidos. La firma Schlumberger, a su vez, anunció en enero que había decidido suspender sus actividades de perforación y, en consecuencia, dejaría a 9000 empleados en la calle. Empresas de segundo nivel, como Suncor Energy (canadiense), Apache, Lewis Energy, Hercules Offshore o Ensign Energy también anunciaron recortes, que sólo en los casos mencionados suman otros 2000 despedidos. A las que operan en el Mar del Norte, como BP, no les va mejor. El portal “El periódico de la Energía”, de España, señala, citando a expertos, que “la ola de despidos sólo acaba de comenzar”.

Es, como mínimo, cuestionable que se opte por desregular el mercado local justo cuando el mercado mundial contagia crisis. Porque la entrada de petróleo barato para desplazar al originado en pozos locales puede tener el efecto, en el corto plazo, de mejorar la rentabilidad de las refinerías, pero al mismo tiempo es abandonar las pretensiones de autoabastecimiento de hidrocarburos. “Es la diferencia entre tener una política petrolera o no tenerla”, sintetizó un directivo petrolero a este diario.

La actual situación del sector petrolero en Chubut es una muestra anticipada de las consecuencias de la apertura externa del sector. La cuenca del golfo San Jorge produce crudo pesado, tipo Escalante, que se exporta en un 40 por ciento (porque el mercado local no está en condiciones de absorberlo, más allá de su uso en las plantas de Campana, de Axion Energy, y Dock Sud, de Shell). Con la caída del precio internacional, la retribución por barril bajó a un nivel de 20/25 dólares.

La presión conjunta de empresas, sindicatos y gobierno de Chubut logró obtener una retribución extra de 10 dólares por barril, a cambio de un acuerdo de paz social por seis meses firmado en los primeros días de febrero. Esto es, seis meses en los que las empresas que operan en Chubut se comprometen a no suspender la actividad ni despedir personal. Además, se estableció una reunión mensual de todas las partes para monitorear el cumplimiento del acuerdo y la evolución de la situación de mercado.

El último jueves debió tener lugar la primera de ellas, pero se suspendió. El sindicato de petroleros privados de Chubut, con Jorge “Loma” Avila a la cabeza, traía denuncias y propuestas. Denuncias contra una de las empresas operadoras por incumplimiento (Tecpetrol). Propuesta de jubilaciones anticipadas de personal (serían 420), para evitar al escenario más temido: tres mil despidos.

El petróleo de la cuenca del Golfo se extrae de pozos que trabajan a un costo de 15 dólares el barril y otros de 40 dólares el barril. Contra el precio internacional, los últimos resultan antieconómicos. Trabajar a pérdida o dejar de producir representa, en un caso o en otro, menor rentabilidad para las empresas. Sin política de Estado que proteja esa producción, el ajuste en la actividad se evalúa como inevitable. La “paz social” quiere decir hacerlo menos doloroso. Los diez dólares de compensación atenúan el dolor, no resuelven el problema.

El compromiso de mantener la actividad se cumplió poco y mal. Pan American Energy (explota el yacimiento Cerro Dragón) rehabilitó veinte de los 41 equipos de perforación, y promete seguir paulatinamente el retorno. Tecpetrol, en cambio (yacimiento El Tordillo), mantiene una postura más próxima a la inactividad total que a la rehabilitación de los pozos. Avila, secretario general de los petroleros, ya les pidió que “devuelvan el área” (renuncien a la concesión).

Además de los “jubilables”, se habla de retiros voluntarios. Algunas empresas ofrecen hasta 160 por ciento de la indemnización que corresponde por Ley de Contrato de Trabajo a quienes acepten irse. Los 180 días sólo sirven para evitar soluciones violentas, pero sin políticas de Estado y sin una incierta recuperación del precio, el fantasma es “el día 181”, cuando venza el acuerdo. En agosto.

Si el gobierno mantiene la política de apertura, habrá empresas que reclamarán la facultad de proceder como sus competidoras del exterior: reduciendo planteles y parando las inversiones. Otras seguirán apostando, como ya ocurrió, pero la actividad global se verá reducida. La liberación del mercado es eso: la diferencia entre tener o no tener política petrolera.