“El juez Bonadio es un caso emblemático del partido judicial y es uno de los instrumentos que está utilizando el presidente Mauricio Macri para disciplinar a los políticos”, aseguró ayer el ex ministro de Economía, Axel Kicillof. En diálogo con Página/12, el funcionario habló sobre la causa que impulsan funcionarios macristas contra el gobierno anterior por la intervención en el mercado de dólares a futuro. Kicillof sostiene que se trata de una persecución política para que “no haya oposición a volver a endeudar al país en los volúmenes siderales que pretende”. “Pareciera que quieren torcer la voluntad de más miembros del Congreso. Si no te puedo comprar, te procesamos”, sostuvo. Según explicó, la operatoria utilizada, además de ser legal y común para los principales bancos centrales del mundo, no hubiese generado ningún costo para el Banco Central si Macri no hubiese devaluado el peso apenas asumió. “La colocación estaba acorde con un ajuste del dólar de entre 20 y 30 por ciento como preveía el Presupuesto”, argumentó.

–¿Cómo analiza los fundamentos de la causa que lo llevan a indagatoria por parte del juez Bonadio?

–La causa no tiene pies ni cabeza. Es un tema complejo para la gente el de los futuros, pero siempre se intervino en ese mercado, siempre en el marco de mantener la estabilidad de la política monetaria. En los extremos, es decir, en los valores por fuera de la pauta que establece el Central, siempre cualquier intervención está fuera del mercado. Es parte de la política cambiaria.

–En la denuncia se habla de un precio artificial.

–Al intervenir siempre se genera un precio artificial. Lo hace la Reserva Federal de Estados Unidos cuando pauta una tasa de interés. El precio se fijo según lo que se había dispuesto en la Ley de Presupuesto y en lo que el candidato de nuestro espacio había prometido. Macri también había dicho en el debate que no iba a devaluar, luego lo hace, y nos culpa a nosotros de que vendimos futuros baratos. Además, era técnicamente imposible, y nos hubieran criticado también, si se fijaba un valor más alto para los contratos, porque le hubiésemos marcado la pauta de devaluación al próximo gobierno. Lo que hicimos fue ceñirnos a nuestra política monetaria. Era lo que pensábamos hacer.

–¿Cuál era la expectativa de devaluación si el resultado electoral hubiese sido otro?

–El que marcábamos con la curva de tasas de los futuros. Es mentira que se vendía con una tasa cero de devaluación. Los contratos establecían una pauta de entre 20 y 30 por ciento. Pero este gobierno ya lleva un aumento del dólar del 60 por ciento. El tema es que la devaluación no sólo afectó a los contratos a futuro, sino a todos los bienes y servicios de la Argentina. Ellos devaluaron y nos quieren echar la culpa. Fue una transferencia fenomenal de recursos hacia los sectores concentrados de la economía.

–Esos sectores son los que reclamaban la devaluación. ¿Era evitable?

–Tuvimos presiones devaluatorias durante el gobierno de Cristina Fernández y no lo hicimos. Con la devaluación del peso se devaluaron también nuestros salarios. Durante 2014 hubo un corrimiento cambiario importante y se dijo que era aberrante y si la devaluación era más lenta también se criticaba. El problema no es sólo la devaluación sino cambiar los parámetros de la política financiera: cambiar la administración de las divisas y del comercio.

–¿Es una denuncia política?

–Sin dudas. Los que fueron a declarar son en su mayoría funcionarios del macrismo, como Alfonso Prat-Gay y Lucas Llach. Indudablemente desde lo económico si esto fuera ilegal no habría forma de que un gobierno intervenga en un mercado para estabilizar su política monetaria o cambiaria.

–En un principio se argumentó que la denuncia era para remover a Vanoli del Central. ¿Cuál es el motivo ahora?

–El juez Bonadio actúa como instrumento de Macri. El objetivo es disciplinar mediante presentaciones judiciales a los que no pueden comprar de cara a la apertura de las sesiones en el Congreso. Si no te puedo comprar, te procesamos. Bonadio es uno de los miembros más emblemáticos del partido judicial y es utilizado como instrumento de presión. Es el que mandó a allanar las oficinas de Río Gallego de Máximo Kirchner en una causa inventada y el que fue desplazado de la causa Hotesur. Macri lo manda a hacer esto. Son provocaciones. No nos van a intimidar. Creo, si considera que alguien se benefició, debería el juez Bonadio citar en privado a todas las empresas que se favorecieron supuestamente con la operatoria.

–¿Para presionar sobre qué?

–Lo que hace Macri es preparar el terreno para que no haya oposición a volver a endeudar al país en los volúmenes siderales que pretende, que es una cuestión que está ligada a los fondos buitre y tomar unos 20.000 millones de dólares que no irán a la gente. Hay que recordar que después de 2001 se emitieron 30.000 millones de dólares para pagarle a 93 por ciento de los acreedores con bonos defolteados. Ahora, para pagarle al 4 por ciento van a emitir 15.000 o 20.000. Pero vamos a seguir denunciando estas cosas.

–¿Van a votar en contra de la apertura de la Ley Cerrojo para cerrar un acuerdo con los fondos buitre?

–Me parece que tenemos que conocer los pormenores del acuerdo, pero bajo ningún concepto vamos a deshacer el desendeudamiento. Además, no hubo ninguna negociación. Si le vas a pagar el cien por ciento de lo que te piden. ¿En dónde está la negociación si te piden cien y le das cien?

–Se argumenta que no se podría conseguir financiamiento externo sin pagarle a los buitres.

–Cerramos 20.000 millones de dólares con China y colocamos deuda en dólares, además de poner en marcha créditos con organismo multilaterales. No veo que la cuestión de los fondos buitre esté vinculada con la capacidad de conseguir financiamiento para infraestructura. Lo que veo es que el gobierno de Macri está con una desesperación inusitada por tomar deuda. Ya tomaron 5000 millones de dólares con el Central y pusieron 12 mil millones en bonos como garantía.

–El ajuste de tarifas lo vinculan con un supuesto déficit fiscal y la necesidad de reducir el gasto.

–El tarifazo es parte de una presunta situación fiscal desesperada. Pero el gobierno central pagó sin dificultad sus gastos y aguinaldos. Generaron un discurso de que hay un problema fiscal que hay que rellenar y con eso justifican los tarifazos y el ajuste. Si la situación es tan complicada por qué eliminaron retenciones a mineros y exportadores de granos y les suben las tarifas a las personas.

–¿La destrucción de puestos de trabajo es parte de esa lógica?

–Sí, pero también, tal como esperábamos, el objetivo era quitarle funciones al Estado. Los despidos en el sector público se centran en áreas estratégicas de regulación y control financiero, como los inspectores de la Unidad de Información Financiera y el Banco Central. Los despidos no están dirigidos a cómo trabajaban sino a deshacer resortes de regulación del sistema.