Luego de que el oficialismo obtuviera media sanción en Diputados sobre el proyecto de ley para el pago a los fondos buitre, el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, asistió ayer a la Comisión de Presupuesto del Senado para explicar los alcances del acuerdo. El funcionario estuvo secundado por el secretario de Finanzas, Luis Caputo, y el abogado asesor en temas de deuda, Eugenio Bruno. Con los mismos argumentos presentados en el plenario de comisiones de la Cámara baja, Prat-Gay defendió la supuesta dureza con la que se negoció con los fondos carroñeros, pese a que se pagará hasta cuatro veces su tenencia en bonos defaulteados. Explicó que el monto de 12.500 millones de dólares, ampliado en el proyecto desde los 12.000 millones informados minutos antes de la votación en la Cámara baja, contempla no solo el pago de las sentencias sino también un escenario optimista de que todos los holdouts ingresen a la propuesta oficial, que implica el reconocimiento de 150 dólares por lámina de 100. El ministro volvió a presionar a los legisladores ante la ausencia de un plan B. “Necesitamos volver al mercado externo porque si no financiamos el déficit no hay más remedio que hacer un mayor ajuste, lo que no queremos hacer”, afirmó. Es la primera vez que lo menciona, porque hasta ahora el argumento era que la emisión de deuda sería para financiar obra pública. La discusión se centró en la fragilidad que existe en torno al proyecto respecto a los riesgos de demandas de bonistas que ingresaron al canje y de otros holdouts por la inequidad en las propuestas.

La Cámara baja aprobó ayer por la mañana, tras más de veinte horas de una sesión maratónica, con 165 votos a favor y 86 en contra (ver aparte). El proyecto que fue elevado al Senado contempla una autorización para endeudarse por 12.500 millones de dólares, que servirán para cumplir con el acuerdo con los holdouts a quienes se pagará en efectivo. También se dispone la derogación de las leyes Cerrojo y de Pago Soberano. Continuando con el trámite super express y cuando el dictamen aún no había sido remitido a los senadores, el equipo económico se presentó ante la comisión de Presupuesto y Hacienda para explicar los alcances del proyecto denominado de Normalización de la Deuda. Su exposición comenzó a las 16, luego de que se reuniera con la vicepresidenta Gabriela Michetti y el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, para analizar los principales cambios que se introdujeron en la Cámara baja. En el debate en comisión también estuvo presente, por invitación de los senadores, el procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Balbín (ver aparte).

El titular de Hacienda hizo un resumen del litigio con los fondos que se mantuvieron al margen de las dos reestructuraciones de deuda y de cómo quedó configurado el universo de títulos en litigio. Sostuvo que, según las estadísticas oficiales de Economía, la deuda en default está contabilizada en 11.359 millones de dólares, a lo que habría que sumar los intereses de los últimos seis meses hasta marzo, lo que acercaría el número a los 11.864 millones que calcula el gobierno de Mauricio Macri. La cuenta no toma considera que la nueva deuda devengará una tasa de interés del 7,5 por ciento anual sobre los 12.500 millones de dólares de emisión para ese pago, lo que equivale a 937,5 millones anuales en servicios de esa nueva deuda.

El debate

El primer contrapunto del ministro fue con el senador por el Frente para la Victoria Miguel Angel Pichetto. El senador rionegrino reclamó que la aprobación del pago a los fondos buitre tenga garantías de que “no van a haber más medidas cautelares que impidan que Argentina pague al resto de los acreedores”. Insistió en que, a pesar de que se deje en claro en el proyecto de ley, hay un riesgo real para el país de que se acelere el 93 por ciento de la deuda en manos de los bonistas que ingresaron al canje. El legislador no se refirió sólo a la posibilidad de que este universo de bonistas vaya a la Justicia a pedir mejores condiciones respecto de los buitres, sino porque hace un año y medio que, por una sentencia del juez Griesa, no cobran sus servicios de deuda. Es por eso que insistió en qué sucedería si la Justicia estadounidense, más precisamente la Cámara de Apelaciones de Nueva York, no suspende las cautelares. “¿Cuál sería la estrategia?”, pregunto Pichetto.

La respuesta de Prat-Gay sorprendió a los presentes: “Esa también es nuestra preocupación”. El funcionario dejó en evidencia que no existe un plan “B” en caso de que la Justicia no actúe según lo esperado. “No le pedimos hacer un pago hasta tanto no estén esas condiciones”, afirmó. El abogado Bruno sostuvo algo similar: “Hasta que no tengamos certeza de que todas las cautelares se suspendan no vamos a avanzar con la emisión de los bonos y, mucho menos, con el pago a los holdouts”. El procurador consideró que “es necesario que se expida primero la Cámara para que nos dé mayor seguridad a todos”.

Prat-Gay aprovechó también la pregunta de una senadora del oficialismo para presionar sobre la aprobación del acuerdo. La cordobesa Laura Rodríguez Machado consultó si existía alguna estrategia en el gobierno nacional para evitar “un festival de endeudamiento en las provincias”. El ministro sostuvo que se está trabajando con las provincias tanto en los pedidos de anticipos de pago de coparticipación como de endeudamiento en el exterior. “La realidad es que cuando se mira el conjunto de las provincias es menor el déficit provincial que el nacional. Es por eso que necesitamos volver al mercado externo, porque si no financiamos el déficit vamos a ir a un mayor ajuste”, insistió el funcionario. “Lo que decimos es que mientras el soberano no resuelva esta situación va a ser muy difícil”, agregó.

El senador por el Frente Popular Salteño, Juan Carlos Romero, se refirió a qué sucederá con los que no ingresen en la operación y cómo estarían obligados. “La expectativa es que ingrese la totalidad”, fue la respuesta de Caputo. El secretario de Finanzas reconoció que hay un 10 por ciento de holdouts que sigue debatiendo la propuesta, pero aseguró que “existe el sustento político y legal para no pagarlo”. “No hay posibilidad de litigios. La litigiosidad que mucho se habla no es tal”, agregó. Menos optimista, ya sobre el final de las más de cinco horas de debate, sostuvo que no se puede dar ninguna seguridad. “Si viene un bonista porque no le gusta la corbata del ministro y mete una demanda por 300 millones de dólares” no se puede evitar, ejemplificó.

Según confirmó el secretario, los bonos que se van a emitir en dólares bajo jurisdicción de Nueva York será a una tasa del 7,5 por ciento anual para emisiones a cinco, diez y treinta años. “Con mayor foco en los dos primeros plazos (los de vencimientos más cercanos) para captar mejores tasas”, agregó Caputo. “Es el mejor acuerdo que podíamos tener en este plazo”, concluyó Prat-Gay, a lo que sobrevuela la pregunta de qué dispuso esos tiempos.