Tras casi 20 horas de debate, a las 8 de la mañana de ayer, el proyecto del gobierno de Mauricio Macri para conseguir la derogación de las leyes Cerrojo y de Pago Soberano obtuvo en la Cámara baja 165 votos a favor. Una cosecha que, con las modificaciones introducidas al texto original, incluyó al massista Frente Renovador, el peronismo disidente que encabeza Diego Bossio, el peronismo disidente, los Progresistas del Socialismo y el GEN, y partidos provinciales como los neuquinos del MPN y santiagueños del Frente Cívico –ex aliados kirchneristas– detrás de la iniciativa oficial. Hubo 87 votos en contra, que unieron al Frente para la Victoria (FpV) y sus aliados fieles, al Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), Libres del Sur y Proyecto Sur en rechazo al acuerdo del gobierno con los holdouts. Tanto el Frente Renovador como el Frente para la Victoria tuvieron deserciones a la hora de votar.

La sesión se cerró a las 9.30, cuando la discusión en particular de los 20 artículos terminó de incorporar las modificaciones que el propio ministro de Interior, Rogelio Frigerio, se encargó pactar y redactar con Sergio Massa y con Bossio, el martes por la tarde en el Congreso. El presidente de la comisión de Presupuesto, el macrista Luciano Laspina, no escatimó elogios a las propuestas de los opositores amigables que se incorporaron al proyecto. Renovadores, peronistas disidentes y los Progresistas agradecieron el convite a sumar “ideas” en la redacción de la ley.

Las modificaciones principales se introdujeron en el artículo 2 del proyecto a pedido del massismo. Allí se establece que los distintos artículos de “la presente ley, entrarán en vigencia a partir de la confirmación por parte de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos de América del efectivo levantamiento de todas las medidas cautelares (“injunctions”) dictadas contra la República Argentina”. En un intento de reducir los riesgos de futuros litigios si la justicia estadounidense bloquea la ruta de pago a los bonistas que ingresaron a los canjes de 2005 y 2010.

El reclamo de los “opo-dialoguistas” de ponerle límites al endeudamiento quedó por encima de lo que proponían. El monto de endeudamiento “que sea necesario para cumplir con los pagos requeridos bajo la presente ley y en la medida que dichos pagos no excedan el monto de doce mil quinientos millones de dólares”, quedó redactado con su correspondiente ampliación presupuestaria.

Una propuesta de varios –pero que Laspina adjudicó al socialismo– fue la creación de una Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento de la Deuda Externa, que integrarán diez diputados y diez senadores en representación proporcional a la composición de las cámaras. También, el presunto compromiso del oficialismo de analizar en el futuro el artículo 37 de la Ley de Administración Financiera que adjudica “superpoderes” al Ejecutivo.

El oficialismo terminó por desechar la propuesta del diputado puntano Luis Lusquiños (que responde a los Rodríguez Saá) de derogar también la ley 27.207 que adhiere a la resolución de las Naciones Unidas –propuesta por Argentina– sobre los Principios Básicos de los Procesos de Reestructuración de la Deuda Soberana. Desde Cambiemos consideraron que no era necesaria porque “no es retroactiva” al litigio con los buitres.

Debate

Los cierres de los discursos parlamentarios fueron por la mañana tras una larga trasnoche de sesión. “Creo que fue muy mala negociación, el posicionamiento de estado de necesidad para arribar rápido a un acuerdo debilitó la capacidad negociadora”, sostuvo el presidente del bloque del FpV, Héctor Recalde, a modo de conclusión luego de repasar la historia de la deuda externa desde Martínez de Hoz a Domingo Cavallo, pasando por Raúl Alfonsín –a quien rindió homenaje– y Carlos Menem, y su arreglo a favor de los acreedores en 1992 con el Plan Brady, para llegar a Fernando de la Rúa que “terminó con 132 mil millones de dólares y la caída en default”. Recalde cuestionó las expectativas de inversiones que el oficialismo anticipa si se cierra al acuerdo con los holdouts porque “ningún inversor argentino o extranjero deja de realizar sus inversiones por el pago a los buitres” y calificó de “espejismo” los “aplausos en Davos” y los comparó con otros episodios similares del pasado, incluso durante la dictadura. Aseguró que para los fondos buitre este arreglo representa “un pago tres veces mayor al que aceptó más del 92 por ciento de la deuda original”. Por último, pidió “no pasar por alto los posibles reclamos de los acreedores reestructurados” y advirtió que se generaba “inseguridad judicial, no solo con los acreedores anteriores, sino los actuales”.

El radical Mario Negri fue el encargado de defender el proyecto macrista y como estrategia optó por el ataque a la gestión kirchnerista. “Tuvimos 24 horas de reunión plenaria de comisiones, divididas en dos días y en turnos de ocho horas. Ahora estamos a cuatro horas de que se cumplan otras 24 horas de trabajo en la sesión; es decir que llevamos 48 de debate, con improperios y algunos desvaríos en el medio, como no eran de faltar, propios de la hora supongo o de la terapia colectiva que en la casa o en el domicilio no se puede realizar”, dijo Negri para chicanear al kirchnerismo. El radical fue uno de los diputados que se cansó de criticar el “tratamiento express” que el kirchnerismo le imprimía a sus proyectos, ayer se mostraba exhausto por las jornadas de trabajo que se autoimpuso el oficialismo en su tratamiento “super express” apremiado por las fechas que pactó para el pago con los buitres.

“Les guste o no les guste, despilfarraron la plata de los argentinos”, atacó el diputado cordobés para responder a las críticas del FpV. Negri sostuvo que con el acuerdo con buitres se daba una “importante quita del 38 por ciento de interés y 27 por ciento del capital” y aseguró que “fracasó la estrategia” de la ley de Pago Soberano, para justificar la decisión oficialista de derogarla. El punteo de los votos que Negri monitoreó a lo largo de la sesión junto al jefe de los diputados PRO, Nicolás Massot, le garantizaban una cómoda victoria que también tuvo sus sorpresas.

El ex gobernador de Misiones Maurice Closs encabezó el lote de cinco diputados del FpV que se sumó a la propuesta oficial y que incluyó a los también misioneros Silvia Risko y Jorge Franco, la tucumana Miriam Gallardo y la sanjuanina Graciela Caselles. Al momento de votar, los massistas Felipe Solá, Facundo Moyano y Héctor Daer se ausentaron del recinto, lo mismo que el bonaerense Eduardo Fabiani, que responde a Darío Giustozzi. El ex secretario de Transporte Alejandro Ramos (FpV) que figuró como ausente en la votación, logró al final de la sesión que reconocieran su voto en contra: su escaso peso corporal no alcanzó para que su banca lo reconociera como presente.