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Una pregunta que ha empezado a recorrer con intensidad en el mundo de los hombres de negocios es si puede funcionar la estrategia económica del gobierno de Mauricio Macri. La definición de “funcionar” la refieren a ubicar a la economía en un sendero de crecimiento con preservación de una tasa de rentabilidad elevada, disminución de la inflación y estabilidad social. No es que extrañan lo que despectivamente mencionan como “populismo”. Conseguido el objetivo de desplazar el proyecto político que rechazaban, incluyendo al repudiado “intervencionismo estatal” en la dinámica de la actividad privada, empiezan a emerger dudas sobre las perspectivas de la economía en general, y de su empresa en particular. La promesa oficial es que superado el conflicto con los fondos buitre, última estación del ajuste que denominan “sinceramiento” que recorrió las paradas de la megadevaluación, el daño fiscal autoinfligido con la eliminación de retenciones, el tarifazo y la apertura comercial, comenzará la recuperación de la economía. La cuestión que no tiene respuesta oficial, dado que el consumo interno tiene una relevancia central en la economía doméstica, es cómo lograrán encender los motores del crecimiento luego de provocar una muy fuerte regresión distributiva del ingreso castigando el salario y beneficiando al complejo agroexportador, sectores industriales exportadores, empresas de servicios públicos y al sistema financiero local e internacional.

La economía transita el peor momento del ciclo, tranquiliza el gobierno y promete que a partir de ese piso comenzará la recuperación. La duda que atraviesa al sector empresario es si el presente ajuste es sólo un trago amargo o el inicio de uno mayor porque se abrieron las puertas a un círculo vicioso de deterioro. En estos meses ha habido inflación elevada provocada por la megadevaluación, el tarifazo y la eliminación de las retenciones conviviendo con salarios viejos en muchos sectores a la espera de las negociaciones paritarias. Coexistiendo además con altas tasas de interés del Banco Central, cuya conducción asegura que las seguirá sosteniendo en esos niveles hasta tanto no haya señales de reducción de la inflación. Así ha aumentado el costo financiero y disminuido el acceso a préstamos.

Si bien el canal dinamizador del crédito es limitado debido a su escasa relevancia en la economía, representando apenas el 12 por ciento del PIB, las tasas altas enfrían aún más esa demanda para el consumo y las empresas. En lo que va del mes, ha habido un importante retroceso en el promedio mensual del stock de los Adelantos en cuenta corriente, la financiación vía Documentos y a través de Tarjetas, según las estadísticas proporcionadas por el BCRA. Hasta el año pasado el crédito productivo estaba impulsado por líneas subsidiadas que el Banco Central restringió.

La gran apuesta del Gobierno a la inversión privada queda entonces condicionada a una tasa de rendimiento esperada casi imposible de competir con el costo de oportunidad del capital al 38 por ciento anual de las Lebac del BCRA. Las inversiones se postergan además por el enfriamiento del mercado interno, la debilidad del crecimiento del comercio internacional y la pronunciada recesión brasileña.

Inversión

Existe una notable disociación en los protagonistas del mundo empresario entre la ideología y las condiciones materiales para permitir su desarrollo. Con una estrategia económica “populista” crecía su actividad pero no tenían “libertad”; ahora tienen libertad pero su negocio no prospera. Antes criticaban a los subsidios porque significaban derroche de recursos públicos, y ahora cuando se aplica una reducción de ese beneficio reclaman porque registran un aumento de sus costos asfixiante. Son propagandistas del liberalismo pero cuando se aplica esa receta se sienten amenazados por la apertura económica que facilita la colocación de productos de China o excedentes de producción de países en crisis, como Brasil, en el mercado local. El argumento de la “herencia recibida” es de corto trayecto político y sólo podrán seguir manteniéndolo aquellos que padecen el Síndrome CCL (Capacidad de Comprensión Limitada).

Es una gran apuesta del oficialismo que el sector privado invierta y actúe como motor del crecimiento. Todas las medidas económicas que ha implementado son procíclicas, o sea agudizan las condiciones internas y externas desfavorables para la economía. El empresariado invierte cuando tiene perspectivas de aumento de la demanda por el crecimiento económico; la relación causal es inversa a la que postula el Gobierno. El panorama no es el más favorable para reclamar inversiones y cuidar el empleo como interpeló el presidente Macri a los dueños y principales ejecutivos de las grandes firmas que operan en el país. El comercio mundial no muestra señales positivas, Brasil está en una profunda recesión y el mercado interno ha sido castigado por la suba de la tasa de interés y el shock inflacionario que deprimió la capacidad de compra del salario.

Como la inversión privada no muestra la vitalidad reclamada, el Gobierno se abraza el salvavidas del ingreso de capitales financieros especulativos luego de firmar la capitulación en el juzgado de Griesa y posterior pago a los fondos buitre. Pero la tranquilidad transitoria que esos fondos puedan brindar junto al período de mayor liquidación de divisas de la cosecha, sigue sin ofrecer un horizonte que permita prever la salida de la actual recesión hacia un sendero de recuperación del Producto Interno Bruto. En ese tránsito, si los dólares especulativos no son suficientes, la opción prevista para el segundo semestre es un nuevo blanqueo de capitales. De ese modo la gran apuesta es que la acumulación financiera se convierta en el factor dinamizador del crecimiento, aunque los antecedentes de esa estrategia no son muy alentadores en ese sentido.

El objetivo oficial de corto plazo, pensando en las elecciones de medio término de 2017, es alcanzar una tasa de inflación anualizada similar a la de octubre del año pasado. O sea, llegar al mismo punto de partida previo al nuevo gobierno, aunque concretando en el trayecto una impresionante transferencia de ingresos. Con una tasa de inflación de abril estimada del 6,5 al 8,0 por ciento, la acumulada en lo que va del año sumará 20 por ciento, y del 27 al 29 por ciento desde fines de octubre. Los aumentos de precios empezaron a filtrarse por la expectativa de megadevaluación luego del resultado en la primera vuelta y por la declaración de Alfonso Prat-Gay referida a que la modificación de la paridad cambiaria no iba a impactar en los precios. No fue así y el shock inflacionario ha provocado una caída del 16 al 20 por ciento en el salario real en apenas cuatro meses.

Tarifazo

El titular de Techint, Paolo Rocca, trasmitió el siguiente reclamo en un Encuentro Multisectorial organizado por IDEA, el jueves pasado: existe “la necesidad de que el gobierno vaya mostrando ‘senderos’ que permitan a los empresarios acelerar la planificación y los proyectos de inversión”. En áreas del gobierno y en ámbitos del poder económico (IDEA y AEA) existen lapidarias críticas a la falta de coordinación en el equipo económico, que promete saldar con la presentación del programa fiscal-financiero (Prat Gay) y monetario (Sturzenegger). Esa falta de coordinación –”senderos” para Rocca– en la gestión de gobierno quedó más en evidencia con el manejo del tarifazo. Por un lado, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, sumando irritación en las semanas previas al anuncio y confusión luego de informarlo. Por otro, el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, mostrando su costado humorístico al indicar que el ajuste sería gradual y cuidando el bolsillo de la población para luego desmentir a su colega de Energía acerca de que no habrá una segunda vuelta.

La consultora de Miguel Bein realiza en su último informe una observación crítica acerca del fuerte ajuste aplicado a la tarifa de gas. Considera que los aumentos en los servicios (luz, gas, agua, transporte y naftas) no pueden calificarse de “graduales” (estima que en forma directa suma 8 puntos porcentuales a la tasa de inflación en abrilmayo). Indica que la devaluación aumentó los costos en pesos de los subsidios energéticos, y advierte que el tarifazo en gas priorizó la transferencia de recursos a las petroleras en lugar de disminuir la carga en las cuentas fiscales. Estimó que de los 3500 millones de dólares que implican el nuevo precio que pagarán familias y empresas, sólo una tercera parte reducirá las erogaciones del fisco, mientras que el resto irá a las arcas de las petroleras. Menciona, como es previsible, que el aumento del gas impactará en los costos (competitividad) de las empresas (por ejemplo, en las petroquímicas) y también en los costos de generación de energía eléctrica. Entonces especula con que si no se modifica ese sesgo del ajuste subirá la cuenta de los subsidios o habrá un nuevo aumento de las tarifas eléctricas.

Deuda y atraso cambiario

En el esquema del ajuste ortodoxo del Gobierno, el endeudamiento es el puente para cruzar hacia el camino del crecimiento ayudado con el ingreso estacional de dólares por el período de mayor ritmo de liquidación de la cosecha. El atraso cambiario también empieza a ser evaluado como un atajo para disminuir la tasa de variación de los precios y frenar la caída de la economía. No deja de sorprender la capacidad de adaptación discursiva de la ortodoxia. Durante los últimos años ha cuestionado lo que evaluaban como una política de atraso cambiario y ahora, luego de padecer la perturbadora experiencia de la megadevaluación, terminan apelando a esa misma estrategia de estabilización. ¿No será que la mejora de la competitividad de la economía argentina requiere de otras variables que no sea el tipo de cambio? ¿No será que quienes insisten con la competitividad-tipo de cambio, en realidad, lo que están buscando son rentas extraordinarias para sus capitales dolarizados? Mientras la ortodoxia sigue confundida en su laberinto conceptual, continúan las expectativas de una mayor devaluación en los principales actores económicas, por ahora contenidas con una tasa del 38 por ciento anual de las Lebac del BCRA.

Luego de la megaemisión de deuda y si Prat-Gay cumple con lo prometido, no habrá nuevas colocaciones de deuda en el mercado internacional. El financiamiento para pagar deudas y cubrir el desequilibrio fiscal –una parte se atenderá con adelantos del BCRA– será entonces con emisión de deuda en pesos y en dólares en el mercado doméstico. La estimación es que el gobierno requerirá de 13.000 a 16.000 millones de dólares para cerrar las brechas fiscal y externa.

El desafío de este objetivo es doble: la escasa profundidad de la plaza local para absorber el monto requerido para cubrir esas necesidades, que desplazará el escaso crédito al sector privado para destinarlo a financiar al Estado, y la alteración de la confianza inversora luego de manipular el índice de actualización de bonos atados al CER (fue reemplazado el IPC-CABA, elegido inicialmente por Economía, por el IPC-San Luis, que se ubica por debajo del primero). En su momento, cuando comenzaron los cambios en el indicador de precios del Indec, en 2007, expertos en finanzas aseguraron que se trataban de un nuevo default y que, por ese motivo, empezó a subir el riesgo país –la tasa de interés que debía pagar Argentina para emitir deuda–. Si bien en otro contexto político, no aparecen ese tipo de análisis que más que técnicos se revelan ahora que tenían una clara intencionalidad política de obturar el acceso del anterior gobierno al financiamiento en el mercado de capitales.

Si bien la apertura de la cuenta capital puede ayudar a financiar la transición propuesta por el macrismo, con un menor costo en términos de inflación y recesión, no es condición suficiente para asegurar el lanzamiento de un vigoroso proceso de inversión privada. Más aún cuando existe un fenómeno estructural de la economía local que lo limita: la fuga de capitales. En el primer trimestre de este año sumó de 3500 a 4000 millones de dólares, información que el Banco Central conoce y no difunde. La restricción del desarrollo no es la existencia de un cuestionamiento social a que los empresarios ganen mucho dinero, como se lamenta el establishment, sino a que gran parte de las ganancias la fugan.

El esquema macroeconómico del macrismo está basado fundamentalmente en domesticar la puja distributiva para alentar la inversión privada. Para ello impulsa una ola de despidos masivos (público y privado) que no debe ser frenada por ley para que una tasa de desempleo creciente discipline a los trabajadores en sus reclamos salariales. Es un supuesto muy fuerte teniendo en cuenta la historia económica argentina, el elevado piso desde donde parten las condiciones materiales de los trabajadores y la tradición de resistencia de sectores gremiales.

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