La Anses avanza con el plan de venta de la participación del Estado en empresas privadas a través de las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). El Gobierno quiere vender esos activos y destinar los fondos recolectados “para planes sociales o para dar alguna contención”, dijo ayer el titular de la Anses, Emilio Basavilbaso, aunque se especula que el organismo utilizará el dinero para pagar los juicios ganados por jubilados en los últimos años. Son unos 90 mil millones de pesos en acciones, que en el último bimestre tuvieron un fuerte crecimiento que aportó 21.299 millones de pesos al FGS. El macrismo, que primero dijo que quería liquidar esos activos pero luego lo negó, se enfrenta a un escollo político para llevar adelante su estrategia ya que la venta de esas acciones exige una mayoría parlamentaria especial. Las acciones de empresas con participación estatal ayer registraron fuertes pérdidas en la bolsa luego de que se conociera este proyecto (ver aparte). El FGS se conformó principalmente a partir de bonos y acciones que tenían las AFJP. Esos activos eran préstamos que las empresas otorgaban al Estado y a las empresas privadas con el dinero de la capitalización individual aportado mensualmente por los trabajadores activos. Con la nacionalización del sistema previsional, el flujo de ingresos de la seguridad social compuesto por los aportes y contribuciones, junto al stock de activos, pasó al Estado. Este último se convirtió en el FGS, que constituye un “reaseguro” para el sistema. Según el último informe del organismo, con datos hasta octubre, el FGS equivale a más de 612 mil millones de pesos.

Hace tiempo que en el macrismo circula la idea de deshacerse de parte del FGS. En octubre de 2014 el actual ministro de Producción, Francisco Cabrera, señalaba en el encuentro empresarial de IDEA que en la Fundación Pensar, think tank del PRO, estudiaban la posibilidad de “vender en bloque las acciones de empresas del FGS a fondos de pensión internacionales, que podrían elegir colocar directores con el objetivo de maximizar el valor de las compañías”. En febrero, Emilio Basavilbaso, titular de la Anses declaró que “lo que estamos viendo es que el valor de las sociedades va a crecer. El equipo de Hacienda y el Presidente están trabajando para salir del cerrojo que no nos permite generar más inversiones. Cuando esto se solucione se va a permitir el crecimiento, así que sería una mala decisión vender las posiciones accionarias que tiene el fondo. Queremos reasegurar este fondo de jubilados, que es como una reserva que tenemos”.

Basavilbaso admitió ahora que “estamos pensando si tiene sentido que la Anses tenga acciones en tantas empresas o si hace más sentido que ese dinero se utilice para planes sociales o para dar alguna contención”. En el organismo evalúan que el dinero de la venta de las acciones se utilice para cancelar las sentencias firmes de jubilados contra el organismo. Son litigios ganados por jubilados con haberes altos, que se vieron perjudicados con el retraso de los 90 y el recálculo de haberes luego de 2001-02. El kirchnerismo optó por privilegiar la suba de la jubilación mínima y la inclusión jubilatoria a través de las moratorias. Según la ley de Presupuesto, la Anses prevé pagar este año 12.500 millones de pesos en sentencias para saldar 50 mil juicios. Se estima que hay unos 300 mil litigios en desarrollo con perspectivas negativas.

Las acciones de empresas privadas en manos de la Anses sumaban 82.710 millones de pesos en octubre de 2015. Fue el capítulo que mejor desempeño del FGS, con un crecimiento interbimestral del 34,7 por ciento, es decir que acumuló ganancias por 21.299 millones de pesos. El 60 por ciento de la cartera del FGS corresponde a cinco empresas. El Estado tenía en octubre 15.573 millones de pesos en acciones del Banco Macro (el 31 por ciento del total de la firma), 12.907 millones de pesos de Telecom Argentina (25 por ciento de la empresa), 9.680 millones del Grupo Financiero Galicia (20 por ciento de la compañía), 9161 millones de pesos de Siderar (26 por ciento de la siderúrgica) y 4465 millones del BBVA Banco Francés (7,9 por ciento). También hay participación en empresas como Edenor, Pampa Energía, Mirgor, Molinos Río de la Plata, Solvay Indupa, Banco Patagonia, Aluar, Grupo Clarín, Metrovías, Metrogas, Quickfood, Banco Hipotecario e IRSA.

La participación de las Anses en las empresas privadas es un punto que genera irritación en el establishment, porque le permite al Estado intervenir en decisiones corporativas o al menos tener acceso privilegiado a la información. La venta de esas acciones es una de las banderas de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), dominada por Clarín, Techint y Arcor. Alertado sobre la insistencia empresaria y la voluntad macrista, el año pasado el kirchnerismo logró la sanción de una ley que estableció que cualquier venta de esas acciones no puede ser una decisión unilateral del Ejecutivo sino que requiere una mayoría especial del Congreso, lo que constituye un escollo para el plan del Gobierno.