A la resistencia que generó el tarifazo en las provincias del sur, se le sumaron en los últimos días una serie de presentaciones en la Justicia y en el Congreso solicitando que se dejen sin efecto los ajustes en los servicios públicos. El representante de Consumidores Libres, Héctor Polino, y la diputada nacional Margarita Stolbizer reclamaron una cautelar en el Juzgado Contencioso Administrativo N° 8. para que Metrogas de marcha atrás con los aumentos aplicados a partir del 1 de abril. A su vez, la diputada del Frente para la Victoria, Araceli Ferreyra, presentó un proyecto de ley en el Congreso para dejar sin efecto las modificaciones en las tarifas establecidas a partir del 1 de enero de 2016 en transporte y distribución de energía eléctrica y gas, agua potable, trenes y colectivos y concesiones viales.

En el escrito de Polino y Stolbizer, realizado con el patrocinio de Ariel Caplan, se solicita a la Justicia suspender el aumento aplicado por Metrogas. Los argumentos para la presentación son que las normas no citan cuál es la facultad de la autoridad emisora para fijar precios y por tanto existe un exceso en las facultades propias del Ministerio de Energía, lo que es violatorio de los principios constitucionales que garantizan a esos efectos los derechos de usuarios y consumidores en el artículo 42 de la Constitución; que tampoco se citaron criterios para el establecimiento de los precios que se fijan por cuanto la intervención resulta compleja de aplicación y arbitraria por el mecanismo utilizado; y que no se ha realizado la audiencia pública ni ningún proceso de consulta previa de conformidad a lo que hubiera correspondido. Además, reclamaron que el ministro de Energía, Juan José Aranguren, y el actual interventor del Enargas, David Tezanos, se abstengan de participar en la renegociación del contrato de concesión de Metrogas y en la revisión tarifaria por estar comprendidos en las incompatibilidades previstas en la ley de Ética pública, ya que Aranguren es accionista de Shell y Tezanos antes de asumir en el Enargas se venía desempeñando como presidente de Metrogas, empresa a la que ahora supuestamente controla.

Los demandantes solicitan que se produzcan audiencias públicas o en su defecto algún otro tipo de consulta y participación pública de los usuarios afectados en relación a los aumentos tarifarios que debería percibir Metrogas y además reclaman que se establezca un mecanismo de participación de los usuarios y consumidores en la renegociación del contrato de concesión de Metrogas y en la Revisión Tarifaria integral que continúa pendiente.

A su vez, la diputada nacional Ferreyra presentó un proyecto de ley para que el Congreso deje sin efecto todas las modificaciones tarifarias anunciadas este año. En los fundamentos se afirma que “el tarifazo injustificado y contrario a lo establecido en las normas vigentes en la materia, se produce cuando más de cien mil trabajadores han sido despedidos, en gran parte por el propio Poder Ejecutivo y también en el ámbito privado como consecuencia de los problemas económicos causados por la desacertada política aplicada desde el 10 de diciembre de 2015”. Además, se afirma que como consecuencia de los aumentos “corren serio riesgo las actividades desarrolladas por innumerable cantidad de Pymes y cientos de miles de puestos de trabajo”. También se propone que la Comisión Bicameral creada por la Ley N° 25.561 convoque a audiencias públicas y que Congreso Nacional determine, una vez publicadas las conclusiones de esas audiencias, las pautas a aplicar en la renegociación de contratos de obras y servicios públicos en el marco de la Emergencia Pública vigente por Ley N° 27.200.