El Sindicato de Petroleros Privados, que anunció un corte del suministro de gas para el 1º de junio como respuesta al fuerte incremento de las tarifas, recibió presiones del sector judicial para que no lleve a cabo la medida. El fiscal federal de Río Grande, Marcelo Rapoport, denunció a los dirigentes de ese gremio por una supuesta “instigación a cometer delitos”. Los gremios que están convocando a una movilización para ese mismo día expresaron su rechazo a “la intervención de cualquier funcionario judicial” en el reclamo de los trabajadores del sector y ratificaron las medidas.

“El viernes se formalizó una denuncia de oficio ante la jueza federal Lilian Herráez, al haber escuchado y leído en diversos medios de comunicación que se hacían manifestaciones propias a la instigación a cometer un delito como es el corte del suministro de gas, en este caso interjurisdiccional, y por eso intervenimos nosotros”, señaló Rapoport en referencia a los dichos del secretario general Luis Sosa y al secretario de Prensa, René Vergara. Por su parte, una veintena de gremios y organizaciones barriales que impulsan en Río Grande, Tierra del Fuego, la manifestación del 1º de junio rechazaron lo que entienden es “una intromisión” del funcionario judicial en el reclamo.