El impacto erosivo de la inflación se acentúa en los sectores con menores posibilidades de negociación salarial o de ingresos. Las asignaciones familiares, junto con las jubilaciones y pensiones, son las que más sufren las consecuencias de un aumento desproporcionado de precios. La Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo, que contempla a 3,8 millones de personas, se ajustará este año un 32 por ciento, lo que implica una pérdida de poder adquisitivo mínima de 8 puntos respecto de una inflación proyectada de 40 por ciento para el 2016, según el último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Tal como sucede con los salarios del sector formal –salvo que medie una reapertura de paritarias– y con las jubilaciones y pensiones, las asignaciones familiares perderán por primera vez poder adquisitivo desde su implementación.

Las asignaciones universales tienen un mayor peso en aquellos hogares que dependen casi exclusivamente de ese ingreso. Se trata principalmente de las familias de trabajadores informales, que, paradójicamente, son los que más están sufriendo la inflación por estar fuera del salario de convenio y no tener posibilidad de renegociación. Las familias beneficiarias son aproximadamente 2 millones. Actualmente la AUH tiene un monto de 966 pesos por beneficiario. Se cobra 80 por ciento cada mes y se acumulan todos los 20 por ciento restantes para principios del año siguiente, contra comprobante de escolaridad y salud de los chicos y jóvenes. El aumento desde septiembre llevará el monto pleno a 1103 pesos mensuales, que representará un alza interanual de 32 por ciento.

“No obstante, todas las mediciones sobre inflación señalan que girará en torno al 40 por ciento. De este modo, puede afirmarse que sin transferencias adicionales para estos sectores beneficiarios de AUH, los mismos tendrán una pérdida del poder adquisitivo de sus ingresos. La AUH había crecido un 40 por ciento en 2014, y un 30 en 2015, mientras que la medición inflacionaria para dichos años fue de 31,61 y 26,67 por ciento respectivamente (datos de la Consultora Bein)”, sostiene el informe. El pico máximo de poder adquisitivo de la AUH, con índice base en noviembre de 2009, fue en junio de 2015. A partir de este año se encuentra en vigencia la movilidad aplicable a las AUH que, del mismo modo que para las jubilaciones, continúa aumentando los valores en términos nominales pero en este período en particular no logra superar la inflación minorista.

En ese marco, el documento del CEPA agrega que “difícilmente la devolución del IVA para los titulares de AUH consiga compensar esta pérdida de poder adquisitivo”. El Congreso aprobó en junio un mecanismo de devolución de IVA para los beneficiaron de planes sociales, quienes acceden a un reintegro cuando realizan sus compras con tarjeta. Para los jubilados que cobran la mínima existe un tope de 300 pesos de reembolso y para los beneficiarios de AUH el límite es de 200 pesos. Además, el cálculo del tope de devolución se actualizará con la inflación. Sin embargo, los precios de la canasta básica aumentaron por encima de los valores registrados por la inflación general, sobre todo entre noviembre y marzo.

El costo de la canasta nutricional para adultos aumentó 600 pesos entre noviembre y junio. “En este sentido, en el mejor de los casos, aquel que logra recuperar los 300 pesos de devolución de IVA recupera casi el valor de la canasta al precio de enero, pero habiendo perdido el mismo monto de noviembre a enero. Sólo le devuelven la mitad de lo que perdió”, destaca el informe del CEPA.

A esta situación se suma que, según cifras oficiales, sólo el 7,8 por ciento de un universo de 8,6 millones de beneficiarios con la medida realizaron compras con tarjeta, siendo además mayoritariamente jubilados. Es decir, el impacto de la medida es limitado para los titulares de la AUH. “El sector beneficiado suele realizar sus compras en efectivo, por lo cual una transferencia directa hubiese cumplido el objetivo pretendidamente buscado”, agrega el documento del CEPA. El costo fiscal previsto por la medida fue de 25.000 millones de pesos, pero se proyecta que la devolución efectiva alcanzaría este año un monto cercano a los 3850 millones de pesos, un 15 por ciento de lo anunciado por el gobierno nacional.