Página/12 En Brasil

“El gobierno golpista de Michel Temer está obligado a acatar las decisiones de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre el juicio contra la presidenta Dilma Rousseff porque Brasil es signatario del Pacto de San José de Costa Rica.”

Faltando dos días para el inicio del impeachment contra Rousseff, el diputado Paulo Pimenta, uno de los líderes del Partido de los Trabajadores en el Congreso, considera que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, vinculada con la OEA, puede ordenar la suspensión del proceso.

Pimenta y otros congresistas del PT enviaron una denuncia ante ese organismo multilateral con sede en Washington presentándose como “víctimas”, junto a millones de brasileños, del “golpe” contra el gobierno constitucional. “Nuestro planteo ante la Comisión es bastante amplio, pero sintéticamente pedimos como prioridad frenar este proceso antes de que tenga consecuencias graves, como sería la destitución de una presidenta por delitos que no cometió”, resume el dirigente petista.

“Estamos viendo una muy extraña urgencia de Temer y sus socios para que el Senado tramite rápidamente el juicio y finalizarlo en agosto, una velocidad que trata de esconder los acuerdos oscuros entre grupos donde está implicado el señor Eduardo Cunha, un corrupto de los más grandes, que tiene influencia sobre Temer. Además informamos que los peritos del Senado y el Ministerio Público Federal demostraron que la presidenta Dilma es inocente”, señala Pimenta en entrevista con Página/12.

A lo anterior se suma que la presidenta reelecta en 2014 y suspendida en mayo pasado fue privada de sus garantías en un proceso que los legisladores petistas consideran viciado de “nulidades”.

Paulo Pimenta manifestó una “expectativa positiva” sobre la publicación en los próximos días de una medida cautelar de la Comisión para detener el juicio, ya que ésta luego de recibir la petición se comunicó prácticamente de inmediato con el gobierno de Michel Temer.

“El hecho de la que la comisión haya enviado esa notificación al gobierno interino ya es una señal, porque no siempre responde a los pedidos. Nosotros entendemos que la comisión está procediendo con rapidez porque la comunidad internacional está consciente de las flagrantes violaciones a la ley que se están cometiendo contra la presidenta. Consideramos que esta semana puede salir una liminar.”

El diputado cita como antecedente que el ex alcalde de Bogotá Gustavo Petros fue restituido en su cargo en 2014 precisamente luego de que su caso fue elevado a la Comisión Interamericana.

Olor a petróleo

“En todo el proceso para derribar a la presidenta está metido el interés de las grandes compañías petroleras, que nunca aceptaron” el marco regulatorio para los campos en aguas ultraprofundas, o área de “pre-sal” sancionado en el último año del gobierno del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2010), cuando Rousseff era jefa de Gabinete, sostiene Pimenta. Aquella normativa, cuya redacción fue coordinada por Rousseff por su experiencia en asuntos energéticos, concedía un papel central a Petrobras en la explotación de los “megapozos” descubiertos a partir de 2007.

Con esa ley las petroleras extranjeras quedaron relegadas a un papel secundario al que nunca se resignaron. En 2010, el año de la primera victoria presidencial de Rousseff, ejecutivos de la estadounidense Chevron se reunieron con el entonces candidato presidencial José Serra, actual canciller, para conversar sobre esa ley petrolera nacionalista.

“Los papeles de WikiLeaks informan que en 2010 Serra se reunió con representantes de Chevron para prometerles que si vencía en las elecciones eliminaría la legislación de Lula y Dilma. Una promesa que seis años más tarde viene a cumplir este gobierno interino, un gobierno que en menos de cien días tomó medidas durísimas contra Petrobras.

En tiempo record se designó una nueva administración de Petrobras que tomó medidas muy agresivas contra el interés nacional. Las nuevas autoridades hicieron precisamente lo que habían acordado Serra y Chevron y se vencieron activos a precios irrisorios. Brasil está aplicando una política petrolera que se puede comparar con la de Irak después de la invasión de Estados Unidos. Brasil está casi regalando activos. O sea, Brasil está aceptando imposiciones extranjeras que sólo se hacen a un país que fue derrotado en una guerra. Es muy importante tener en cuenta esto porque los intereses petroleros también están condicionando la política exterior de Temer y Serra.”

–Detrás de los atropellos contra el Mercosur y contra Venezuela está, como un plano de fondo, la presión de los grupos petroleros. Para nosotros es claro que estos ataques que se han lanzado contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro se deben a que Venezuela posee una de las mayores reservas petroleras del mundo, reservas que son de la estatal Pdvsa, a contramano de lo que pretenden las multinacionales.

–El canciller provisorio y el presidente provisorio violaron la Constitución brasileña dando un golpe y ahora están intentando trasladar ese proyecto golpista al Mercosur, violando sus normas y dándole una nueva configuración, diferente de la que tenía durante los gobiernos de izquierda de los presidentes Lula, Dilma, Cristina, Kirchner y Mujica. Se está echando por tierra la política externa de los gobiernos del PT, en la que siempre se priorizó el diálogo con nuestros vecinos para fortalecernos en bloque. Ahora se opta por la presión y el chantaje como se hizo contra el gobierno de Uruguay, un país con el que siempre hemos tenido buenas relaciones. Serra y el ex presidente Fernando Henrique (Cardoso) tomaron un avión de la fuerza aérea para ir hasta a Uruguay el 5 de julio para presionar al presidente Tabaré Vázquez y al canciller Rodolfo Nin Novoa a fin de que no entreguen la presidencia temporal del Mercosur a Venezuela.

Dilma irá al Senado para ejercer personalmente su defensa. Foto EFE