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Desde Tucumán

El ex jefe de interrogadores durante el Operativo Independencia en Tucumán, el represor Roberto Edgardo Gordillo, pidió el pasado 10 de agosto el beneficio del arresto domiciliario, por considerarse una “persona vulnerable y de una excelente conducta en su lugar de detención”. El juez federal Fernando Poviña le denegó el reclamo

El abogado de Gordillo alegó que su defendido “posee 72 años de edad, con lo cual se encuentra enteramente comprendido dentro del supuesto, por los fines del cumplimiento de la prisión bajo la modalidad domiciliaria”. Dijo que estar en prisión resulta “sumamente perjudicial para su estado de salud, tanto física, como psíquica”.

Gordillo había sido detenido en 2014 en Capital Federal por orden del juez federal Daniel Bejas por haber sido partícipe de interrogatorios en centros clandestinos de detención durante 1976 en plena dictadura cívico-militar en Tucumán. También está acusado de haber violado mujeres detenidas en una comisaría y haber abusado de un menor de edad. El juez ordenó que el torturador quedará alojado en el Instituto Penal Federal de la localidad santiagueña de Colonia Pinto en calidad de procesado hasta tanto su causa sea elevada a juicio oral y público.

La tarea de Gordillo en los lugares de tormentos fue considerada por los jerarcas genocidas como “de gran efectividad”. En el expediente consta una nota que de felicitaciones de sus superiores que fue agregada como prueba en la que se señala que Gordillo, que era jefe de interrogadores, “realizó su tarea con gran capacidad y eficiencia”, que tenía “gran corrección y seriedad” y poseía “grandes conocimientos y experiencia en la especialidad”. “Su actividad ha permitido al órgano de inteligencia desarrollar una actividad eficiente. Supo adaptarse rápidamente a las particulares características de la lucha contra la delincuencia subversiva obteniendo un sobresaliente rendimiento de su actividad”, lo alabaron sus superiores.

El ex jefe de interrogadores está procesado como coautor penalmente responsable de tormento agravado, asociación ilícita, torturas seguida de muerte y homicidio calificado en contra de 27 personas.

El fiscal federal Patricio Rovira le pidió al juez Bejas agregar un delito más contra del represor Gordillo antes de que la causa sea elevada a juicio oral: el de “violencia sexual acreditada en autos en la comisión de los delitos de abuso y violación” de mujeres detenidas en la comisaría de la localidad de Villa Quinteros y también el abuso y violación en contra de un menor de edad. El juez Poviña (que se encontraba subrogando el juzgado de Bejas) entendió que Gordillo debía seguir en la cárcel.

El pedido de domiciliaria de Gordillo se da en el mismo momento en que se discute la posición del gobierno, permeable a los intereses de los acusados de delitos de lesa humanidad. El represor Miguel Etchecolatz, por ejemplo, consiguió el beneficio por parte del Tribunal Oral, pero el juez de federal Ernesto Kreplac se lo negó y por lo tanto seguirá en la cárcel hasta que se revierta ese fallo.