Apenas la Corte Suprema ordenó dar marcha atrás con la suba del gas hasta que se realicen audiencias públicas, varios funcionarios del gobierno remarcaron que de ese modo ha vuelto a entrar en vigencia un esquema de precios inequitativo que subsidia más a los que más tienen. “Debemos ir hacia un sistema que proteja al más débil a través de de la tarifa social y que aquel que pague lo haga de acuerdo a su consumo”, aseguró el jefe de Gabinete Marcos Peña el jueves durante la conferencia de prensa posterior al fallo judicial. Lo sorprendente es que la propuesta oficial que presentó el gobierno con el tope de aumento de 400 por ciento para hogares y 500 por ciento para pymes paradójicamente subsidiará de modo creciente a los que más consumen desincentivando el ahorro energético. Por ese motivo, en el gobierno están analizando introducir nuevos cambios.

A partir del 1 de abril el gobierno aplicó un nuevo cuadro tarifario sin tener en cuenta que casi un cuarto de la población estaba pagando facturas muy bajas porque en 2014 había obtenido amparos judiciales que la preservaron del aumento que aplicó el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner ese año o porque ahorraron al menos un 20 por ciento de consumo en términos interanuales luego de ese ajuste, lo que también les permitió eludir las subas. Por ejemplo, si un hogar de categoría R1, con un consumo de hasta 500 metros cúbicos por bimestre, había ahorrado o había obtenido un amparo, hasta abril venía pagando 0,14 pesos el metro cúbico en lo que refiere al cargo variable, pero si no había ahorrado esa cifra trepaba a 0,48 pesos. Cuando se aplicaron los nuevos cuadros tarifarios, si la comparación se realizaba contra el 0,14 peso, el aumento en términos porcentuales era mucho mayor que si la comparación se realizaba contra el 0,48 pesos. A su vez, si un hogar que había ahorrado un 20 por ciento en el bimestre mayo-junio del año pasado, porque no hizo demasiado frío y no tuvo que prender la calefacción central, ahora incrementó fuerte su consumo y trepó de categoría podía llegar a pagar hasta un máximo de 5,44 pesos el metro cúbico de cargo variable. En los casos en que se pasó de un piso de 0,14 peso a un extremo de 5,44 pesos por metro cúbico, fue que se registraron subas porcentuales astronómicas.

Al ser jaqueado por las protestas, el gobierno impulsó los techos de 400 y 500 por ciento de aumento para hogares y pymes con la intención de corregir esas distorsiones, pero si se avanza con ese esquema el resultado será aún más inequitativo que con el esquema vigente hasta marzo de este año. Por ejemplo, si en el bimestre mayo-junio del año pasado, un cliente de Metrogas consumió 400 m3, sin haber reducido su consumo con respecto a 2014 ni haberse beneficiado con un amparo judicial, abonó 13,5 pesos de cargo fijo, 192 pesos de cargo variable (400 m3 x 0,48 peso) y 4 pesos para obras de infraestructura de gas. Su factura fue entonces de 253,4 pesos, una vez sumado el 21 por ciento de IVA. Si ese cliente mantuvo su consumo en el mismo período de este año, le corresponderá pagar 38,2 pesos de cargo fijo, 928 pesos de cargo variable (400 m3 x 2,32 pesos) y 4 pesos para obras. Unos 1174 pesos, incluyendo el IVA, lo que representa un aumento de 363,3 por ciento. El techo de 400 por ciento de aumento, no implicaría ningún cambio para ese hogar. Ahora bien, si en lugar de mantener su consumo estable, ese cliente lo multiplicó por cinco, llegando a 2000 m3, debería pagar 129,2 pesos de cargo fijo, 10.880 pesos de cargo variable (2000 m3 x 5,44 pesos el m3, debido al cambio de categoría) y 60 pesos para obras. Su factura sería en ese caso de 11.069 pesos, incluyendo el IVA, lo que implica un aumento de 4268,2 por ciento, aunque si entra en vigencia el techo de 400 por ciento sólo pagará 1267 pesos. Los 9802 pesos restantes los subsidiará el Estado. Con este nuevo esquema, el que ahorre gas no tendrá beneficios y el que incremente su consumo saldrá ganando en términos relativos.

El ministro de Energía, Juan José Aranguren, informó a la prensa el mes pasado que en las categorías más altas (R3-3 y R3-4) el consumo de gas había crecido en junio un 49 por ciento interanual promedio, mientras que en la categoría más baja (R-1) el aumento fue de 19 por ciento. Eso significa que si el tarifazo hubiese sido convalidado por la Corte, de los 11.800 millones de pesos de costo fiscal que hubiera tenido la fijación del techo de 400 por ciento para hogares (8900 millones) y 500 por ciento para comercios y pymes (2900 millones) la mayoría hubiese ido a parar a los sectores más acomodados.

En el gobierno tienen claras las distorsiones que genera la nueva medida. Por ese motivo, ahora que la Corte Suprema ya les falló en contra evalúan introducir algunas modificaciones adicionales, incluso volviendo a modificar los cuadros tarifarios, aunque todavía no trascendieron detalles. Fuentes oficiales aseguraron ayer a este diario que están abiertos a sugerencias para tratar de mejorar la propuesta.

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